REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 27 de abril de 2023.- En cumplimiento a la Constitución del estado de Querétaro y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal, el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, presentó el Sexto Informe de Actividades y Resultados del organismo especializado.
Ahí dijo que a seis años del inicio de la Fiscalía Anticorrupción “somos referente a nivel nacional en el combate a la corrupción”. Al respecto, organizaciones civiles e internacionales como IMCO, TOJIL y USAID, posicionan a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, como una de las instancias de procuración de justicia en su tipo, en tener mayor avance y consolidación en el combate a este fenómeno.
Por su parte, la asociación World Justice Project, en la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho 2020-2021, sitúa a Querétaro en el primer lugar nacional, en los rubros de Ausencia de Corrupción, Derechos Fundamentales y Justicia Penal.
“Adoptamos como política institucional que la protección a denunciantes, testigos o cualquier otro interviniente en el procedimiento penal, se realizara de manera pronta y eficaz. A través de los medios electrónicos con los que cuenta la institución, se emiten medidas de protección digital”, dijo.
Agregó que las buenas prácticas en materia penal anticorrupción forman parte del Modelo de Gestión Cosmos y durante el último año de gestión se obtuvieron resultados sobresalientes, como lo son la judicialización del 78 por ciento más de carpetas de investigación, 44 personas vinculadas a proceso y 144 por ciento más de cumplimiento de órdenes de aprehensión.
La Fiscalía Anticorrupción, ejemplificó, obtuvo sentencias condenatorias para 16 personas. Para este periodo, los cargos públicos de las personas sentenciadas van desde presidentes municipales, secretarios de administración, servicios públicos, protección civil, finanzas, Secretaría del trabajo. “Las sentencias condenatorias impuestas este año, constituyen 62 años de prisión, 50 años de inhabilitación y la respectiva suspensión de Derechos Civiles y Políticos”.
Por segunda ocasión, mediante resolución judicial, informó que se ordenó la disolución de una empresa, por constituir instrumento del delito de corrupción. La Unidad Inteligencia Patrimonial y Económica ha logrado recuperar un monto de 22 millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos.
Además, el Grupo de Policía Anticorrupción, mantiene un 96 por ciento de cumplimiento de mandatos de autoridad y 100% de efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.
