¿Y si la persona que agredió sexualmente a la presidenta Sheinbaum hubiera portado un arma (de cualquier tipo) y con ella, en lugar de tocarla, la hiere? Me parece que la pregunta no resulta ociosa e incluso supondría que el jefe de la escolta presidencial (Ayudantía, se le nombra ahora) debió hacerla a los responsables de custodiarla.
Por fortuna, la mandataria mexicana no resultó lesionada aunque el episodio nos reveló lo vulnerable que resulta el “cerco de seguridad” que, entiendo, debería siempre existir a su alrededor.
Con resultados diferentes y presumiblemente con atacantes también diferentes, sucedió el atentado en contra del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien infortunadamente falleció por más de media docena de disparos.
Supuestamente él contaba con un par de cercos de seguridad; uno, periférico, integrado por 14 elementos de la Guardia Nacional. Otro, circunscrito al alcalde e integrado por personal del municipio.
¿Cómo fue posible que el asesino material burlara los dos perímetros y pudiera disparar, a corta distancia y en repetidas ocasiones?
El personal responsable de su custodia respondió equivocadamente, pues a lo único que atinaron, ya cuando el munícipe estaba tirado, fue balear al asesino en el mismo sitio.
Con la muerte de este adolescente (tenía 17 años) se quedaron sin obtener información de manera directa sobre el crimen de Carlos Manzo.
En lugar de balacearlo, debieron detenerlo e interrogarlo para tratar de conocer las motivaciones del asesinato: ¿quién se lo pidió, por qué lo hizo, qué pretendían generar con qué efecto? Matarlo, simplemente dificultó la investigación del caso y abrió la puerta a la especulación sobre los móviles y los responsables del ataque.
Lo que dicen los hechos
Ambos casos, sucedidos en la misma semana, nos “informan” puntualmente sobre la seguridad gubernamental y su endeble aplicación. Simplemente no funciona; no existe una ejecución rigurosa de la inteligencia policial, como los gobiernos autodenominados de la 4T han proclamado utilizar.
Han referido que no harán guerra a la delincuencia y que a cambio atacan las causas de la misma, particularmente becando a jóvenes que no estudian ni trabajan.
El asesino del presidente municipal ¡tenía 17 años! Cuando andaba en los 10 años de edad comenzó este programa de becas para jóvenes y por lo visto, simplemente no la recibió o le fue menos atractiva que el incorporarse al crimen organizado.
¿Y la guerra contra la delincuencia? Pues resulta que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia —acordado por el gobierno mexicano después de la ejecución del presidente municipal— tiene como eje principal el envío a dicha entidad de 10 mil 506 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) además de mil 781 elementos de la Marina
¿Y para qué va el ejército, la marina y la GN? Pues para tratar de frenar a los malhechores. Para evitar que sigan delinquiendo, para detenerlos y si no hay otra opción, para matarlos.
Fiel reflejo
Lamentablemente este plan fue anunciado después del asesinato y en la Ciudad de México por la presidenta Sheinbaum, rodeada de todos los integrantes de su gabinete, en lugar de haberlo realizado en alguna localidad de Michoacán y rodeada de las y los alcaldes además del gobernador.
De ese tamaño la “sensibilidad” del régimen nacional.
También lamentable que el gobierno mexicano demuestre ser más reactivo que preventivo, lo que rompe con los esquemas básicos de la seguridad pública y, por supuesto, aumenta los niveles de inseguridad y de desconfianza.
Por eso a nadie le debe de extrañar que el asesinato de Carlos Manzo marque “un antes y un después” (como lo apunté en mi anterior colaboración) y se haya constituido —hasta ahora— en el detonante de reclamos y protestas como la que veremos el 15 de noviembre.
No son bots presidenta, es ciudadanía harta de la violencia.
CONOCE MÁS:
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
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