TEXTO: XIMENA LOYDA / CENTRO UNIVERSITARIO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN / CUPI-UAQ
FOTO: ARCHIVO CUPI
En Querétaro se registraron 90 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género durante los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024: 51 ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 36 ante la Fiscalía General del estado y 3 ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y solamente 4 personas fueron sancionadas, alerta estudio realizado por investigadoras e investigadores de la UAQ.
“Las instituciones están recibiendo las denuncias, pero no las están resolviendo”, consideró Alejandra Martínez Galán, quien presentó resultados del estudio en el conversatorio “8M Mujeres en la Política: Escenarios de la Violencia Política en contextos locales”, durante el que también se señaló que la mayor parte de la violencia política contra las mujeres en razón de género se concentra en el ámbito municipal.
Martínez Galán, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), presentó el análisis sobre violencia política contra mujeres en la entidad. Señaló que en el estado existe una narrativa pública que niega la presencia de violencia, por lo que el estudio busca identificar cómo se manifiesta este fenómeno.
La investigación revisó denuncias presentadas durante los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024. Ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se registraron tres denuncias y ninguna derivó en sanción. Ante la fiscalía estatal se presentaron 36 denuncias, pero ninguna fue judicializada.
En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se registraron 51 denuncias relacionadas, expedientes en los que el Tribunal Electoral sancionó a cuatro personas en tres años, puntualizó la docente de la FCPS.
Durante el conversatorio, realizado el jueves 5 de marzo, investigadoras presentaron estudios sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en distintos estados del país.
El ciclo es organizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política, con apoyo del Tribunal Electoral de Quintana Roo. El objetivo del encuentro es reflexionar sobre este tipo de violencia en contextos locales, donde las relaciones de proximidad y las asimetrías de poder influyen en la forma en que se presentan las agresiones contra mujeres que participan en política.
Carolina Muñoz, quien dio la bienvenida al evento, explicó que analizar la violencia política desde lo local permite observar cómo se manifiesta en la vida cotidiana y evaluar la capacidad de las instituciones para garantizar derechos políticos.
Estudio identificó normalización de violencia psicológica contra mujeres
El análisis también revisó la participación de mujeres en presidencias municipales del estado. En el proceso electoral de 2018 seis mujeres encabezaron ayuntamientos; en el periodo 2021-2024 fueron cinco y en el proceso más reciente se registraron cuatro alcaldesas entre los 18 municipios.
La investigación cualitativa identificó que la violencia política contra mujeres en Querétaro se presenta de forma escalonada y heterogénea, principalmente en formas digital, psicológica e institucional. También se detectó que en algunos casos los propios partidos políticos de las candidatas fueron los principales agresores.
Alejandra Martínez señaló que los hallazgos específicos en cuanto a la normalización de la violencia a partir de la violencia psicológica incluyen: tácticas de manipulación y deslegitimación, entumecimiento emocional y la postura de pensar que la violencia es parte de la política, minimizando la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
Al 25 de febrero, registro nacional reporta 439 personas sancionadas
María Ida Hernández, de la Universidad de Guanajuato y coordinadora de la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política, señaló que el grupo académico trabaja en un libro sobre violencia política contra mujeres en el ámbito municipal. Indicó que los hallazgos de esta investigación han sido relevantes para comprender cómo se manifiesta este fenómeno en diferentes regiones del país.
Ana Claudia Cutiño Ramírez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, explicó que la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene raíces históricas en la exclusión de las mujeres de los espacios de poder. Señaló que en México el derecho al voto femenino fue reconocido en 1953, pero la presencia de mujeres en cargos de elección popular fue limitada durante décadas.
La especialista indicó que la violencia política se refiere a acciones u omisiones basadas en el género que buscan limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos. También explicó que, aunque la mayoría de los casos se dirigen contra mujeres, puede afectar a otras personas si la agresión se basa en razones de género.
Cutiño Ramírez informó que al 25 de febrero de 2026, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género reportaba 439 personas sancionadas, de las cuales 361 son hombres y 78 mujeres.
Añadió que el 78.89% de los casos registrados se concentra en el ámbito municipal, lo que explica la importancia de estudiar este nivel de gobierno para comprender el fenómeno.
Durante su intervención también explicó que el aumento de los registros de violencia puede relacionarse con dos factores: el incremento de mujeres en cargos públicos y el reconocimiento legal de estas conductas, lo que permite nombrarlas y denunciarlas.
En Colima, Tribunal Electoral recibió nueve expedientes
Jenny Janet Heredia Aceval, de la Universidad de Guanajuato, presentó un estudio sobre violencia política contra mujeres en los municipios de Colima durante el proceso electoral 2023-2024. Su investigación analizó sentencias del Tribunal Electoral y notas periodísticas sobre agresiones en ese estado.
Indicó que, aunque más mujeres que hombres participaron como candidatas a presidencias municipales, solo cuatro mujeres obtuvieron esos cargos. También señaló que durante ese proceso se registraron asesinatos de candidatas y agresiones contra familiares.
El Tribunal Electoral de Colima recibió nueve expedientes relacionados con violencia política contra mujeres en razón de género, pero únicamente en dos casos se reconoció la existencia de este tipo de violencia. La investigadora señaló que algunos tribunales no siempre analizan los casos con perspectiva de género.
Chiapas: dos presidentas municipales indígenas fueron obligadas a renunciar
Emma del Carmen Aguilar Pinto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, presentó el caso de Chiapas y la institucionalización de la violencia política contra mujeres en el ámbito municipal.
Explicó que ese estado cuenta con 124 municipios y que durante 2024 se realizaron dos procesos electorales debido a hechos de violencia. Señaló que desde 2015 se han documentado renuncias masivas y forzadas de mujeres electas en ayuntamientos.
Entre los casos analizados mencionó a Rosa Pérez y María Gloria Sánchez, presidentas municipales indígenas que fueron obligadas a renunciar, así como el feminicidio de Lola Patricia Díaz López.
Aguilar Pinto indicó que la normalización de la violencia ocurre cuando las agresiones se minimizan o se repiten hasta convertirse en parte del entorno político.
Falta fortalecer protocolos para juzgar con perspectiva de género
Durante la discusión del conversatorio se señalaron coincidencias en la forma en que se manifiesta la violencia política en distintos estados del país y se mencionó que muchas mujeres anticipan estas agresiones cuando participan en la vida pública.
Entre las recomendaciones planteadas se mencionaron la necesidad de fortalecer a las instituciones con perspectiva de género, impulsar transformaciones culturales y pedagógicas y generar nuevos marcos narrativos para visibilizar la violencia política contra las mujeres.
Las investigadoras también señalaron que México cuenta con un marco normativo amplio para combatir este fenómeno, pero que la aplicación de los protocolos para juzgar con perspectiva de género es clave para que las denuncias se traduzcan en sanciones y precedentes.
Se destacó la importancia de que las mujeres denuncien las agresiones para visibilizar la violencia política y generar precedentes institucionales, además de promover investigaciones que documenten este fenómeno en el ámbito local.
Como parte del cierre del conversatorio se mencionó que los estudios académicos y los espacios de diálogo permiten que las mujeres expongan experiencias de violencia política y construyan redes de acompañamiento frente a estas agresiones.
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