NOTA: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 9 de septiembre de 2026.- El coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, cuestionó el uso del polígrafo como mecanismo para evitar el ingreso de la delincuencia organizada a los procesos electorales, al considerarlo insuficiente e inconstitucional como prueba única.
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Acompañados de diputados locales de Morena y sus aliados, puntualizó que la agenda del movimiento la fijan el pueblo y la ley, no la fija el Partido Acción Nacional; agregó que en este momento es un ciudadano y se someterá a las revisiones que le pidan su partido y la ley.
“A mí no me fija la agenda del PAN, nuestra agenda nos la fija el pueblo, nuestra agenda nos la fija la ley y nuestro movimiento. Todas las personas de la Cuarta Transformación que queramos participar en un proceso debemos someternos al mandato de ley”, afirmó.
Agregó que se sometió al polígrafo en tres ocasiones con instituciones públicas, y desestimó la validez de las evaluaciones que realizan las empresas privadas que se contratan de manera particular: “Claro, ¿qué va a decir la empresa si yo le pago?”, subrayó.
Por eso, Nieto insistió que, para combatir de manera eficaz al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco en los comicios, es necesario utilizar los datos de instituciones mexicanas para revisar las evaluaciones fiscales, socioeconómicas, toxicológicas y psicológicas, porque son más determinantes.
El morenista recordó que el polígrafo cuenta con un margen de inexactitud considerable que llevó a las autoridades judiciales a calificarlo de inconstitucional, y no puede tomarse como una prueba única.
Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena en la Legislatura local, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, aclaró que el partido no busca desacreditar los procesos de evaluación, sino complementarlos con pruebas más objetivas y contundentes que eviten el rango de inexactitud del polígrafo.
En otro tema, Santiago Nieto destacó que la entidad presenta un incremento de la inversión social, pues pasó de casi 12 mil millones de pesos en 2025 a cerca de 14 mil millones de pesos. “Los programas sociales son un derecho constitucional, no solamente un privilegio electorero para Acción Nacional”, recalcó.
