¿Y si gobernar no fuera repartir culpas, sino asumir responsabilidades?
Esa pregunta, tan simple que incomoda, separa al modelo de Querétaro de lo que Morena ha querido vender como receta única para México. Por un lado, un gobierno federal que explica cada tropiezo apelando al pasado, al neoliberalismo, a los conservadores, a la prensa o a los jueces de antes. Por otro, un gobierno estatal que ha optado por algo menos vistoso, pero infinitamente más útil: medir el problema, decidir y hacerse cargo del resultado. Lo curioso es la asimetría. Uno administra un relato y el otro administra un estado.
Mauricio Kuri llega a su quinto informe con cifras, no con consignas. Más de 139 mil millones de pesos de inversión en 233 proyectos y más de 63 mil empleos derivados de ellos. Una reducción de 59 por ciento en pobreza extrema y de 48 por ciento en pobreza general. Un sistema de transporte que pasó de 457 unidades a más de mil y que escaló del lugar 24 al segundo nacional en satisfacción de los usuarios. Cerca de cuatro mil millones de pesos invertidos en casi 400 obras de infraestructura.
Son datos verificables, no eslóganes de tarima.
Aquí aparece una de las falsas dicotomías que el oficialismo repite hasta el cansancio. La idea de que hay que elegir entre crecer y cuidar a la gente, entre atraer inversión y ser justos, entre el mercado y el pueblo. Querétaro ha demostrado que esa disyuntiva es, en buena medida, artificial. Se puede crecer con responsabilidad social.
No hace falta convertir al gobierno en empresario para que la economía funcione. Basta con generar condiciones de seguridad, certeza jurídica e infraestructura para que otros inviertan, produzcan y generen empleo. Parecería obvio. Desafortunadamente, en México lo obvio también necesita explicación.
Morena tiene, hay que reconocerlo, una fortaleza política real en los programas sociales. Negarlo sería absurdo. Millones de personas reciben apoyos concretos y los agradecen. Pero existe una pregunta que el oficialismo rara vez quiere responder. ¿Qué ocurre cuando la transferencia permanente se convierte en la principal idea de desarrollo de un país?
Un país no puede repartir indefinidamente una riqueza que no se genera y la economía de México ya lleva varios años estancada. La población necesita programas sociales, desde luego, pero también inversión, productividad y educación de calidad. La política social debe ayudar a las personas a salir adelante, no convertirse en el sustituto permanente de una economía capaz de generar oportunidades.
La educación ofrece uno de los contrastes más evidentes.
En la evaluación PISA 2025, México registró algunos de sus peores resultados históricos, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. Ante un resultado incómodo, la tentación parece ser cuestionar el examen antes que preguntarse qué está fallando en las aulas. Es una estrategia peculiar. Cuando el termómetro marca fiebre, aparentemente la solución consiste en discutir con el termómetro.
En contraste, Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad y reducción del rezago, y el tercero en menor abandono en educación media superior. La apuesta ha sido generar mejores condiciones para que los jóvenes estudien y encuentren oportunidades reales.
Se han mejorado las instalaciones educativas en todo el estado, se crean escuelas de tiempo completo y se apoya a los estudiantes con uniformes, útiles, equipos de cómputo y becas. También se ha ampliado el transporte escolar gratuito y la cobertura de la tarifa preferente de dos pesos para estudiantes.
El estado ha desarrollado un sistema educativo con bachilleratos y universidades especializadas para preparar a los jóvenes con los conocimientos y las habilidades técnicas que requieren industrias como la automotriz, aeroespacial y tecnológica, además de sectores como el turismo.
La diferencia no es menor. Ayudar a un estudiante a permanecer en la escuela es indispensable, pero también lo es desarrollar talento con una visión clara sobre el futuro.
En salud ocurre algo parecido.
El Seguro Popular fue criticado y desapareció. Llegó el INSABI como la gran promesa y también desapareció. Cambian los nombres, se reorganizan las instituciones y se anuncian nuevos modelos. Morena ha criticado reiteradamente la decisión del gobernador de Querétaro de no incorporar el sistema estatal de salud a esos esquemas federales.
El tiempo, al menos en este caso, parece haber dado argumentos a quienes defendieron aquella decisión. El sistema de salud pública de Querétaro se mantiene entre los mejor evaluados del país, con una amplia cobertura y atención de diversas especialidades, pese a la presión que representa el crecimiento acelerado de la población, impulsado en buena medida por la migración proveniente de otras entidades.
Hay aquí otro ejemplo paradigmático. La Federación prometió resolver el desabasto de medicamentos —que el propio gobierno federal había contribuido a agravar— mediante una megafarmacia. La promesa fue enorme; los resultados, bastante menos.
En Querétaro, en cambio, se puso en operación el Centro Estatal de Distribución de la Secretaría de Salud, con abasto de medicamentos de alta especialidad, lo que permitió elevar el porcentaje de recetas surtidas del 75 al 95 por ciento.
Al final, la pregunta ciudadana es mucho más sencilla que cualquier discurso político:
¿Dónde sí hay medicamentos, médicos y atención de calidad cuando se necesitan?
Y luego está la seguridad, un terreno donde ningún discurso alcanza para maquillar la realidad.
El crimen organizado conserva capacidad territorial, económica y política en distintas regiones del país, mientras la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En ese contexto, la seguridad que mantiene Querétaro no puede explicarse simplemente como producto de la casualidad.
El 100 por ciento de los policías del estado está certificado con controles de confianza. Se incorporaron 800 nuevos policías, se adquirieron 260 nuevas patrullas, se invirtieron 126 millones de pesos en capacitación de policías estatales y municipales y 634 millones en equipamiento y tecnología. También se construyó el RHINO, presentado como uno de los centros de seguridad táctica más modernos y tecnológicos de Latinoamérica.
Querétaro tampoco es una isla ajena a los riesgos del país. Pero no vive los niveles de violencia, extorsión y control territorial del crimen organizado que padecen otras entidades. La población puede desarrollar sus actividades cotidianas con un nivel de seguridad que, desgraciadamente, hoy es una excepción en buena parte de México.
En un contexto nacional marcado por escándalos de corrupción, desfalcos, huachicol fiscal y denuncias, tanto nacionales como internacionales, sobre posibles vínculos entre políticos y organizaciones del narcotráfico, la exigencia de transparencia adquiere una relevancia todavía mayor.
En materia de administración de los recursos públicos, Querétaro también ha marcado una diferencia. Durante varios años consecutivos se ha ubicado en los primeros lugares en la revisión de sus cuentas públicas, con altas calificaciones crediticias y una de las mejores percepciones de ausencia de corrupción del país.
Por ello, desde Querétaro se ha decidido poner el ejemplo.
Frente a ese desafío, Mauricio Kuri propuso un Protocolo Antinarcocandidatos. La idea parece elemental. Quien aspire a administrar recursos públicos y tomar decisiones relacionadas con la seguridad debería estar dispuesto a demostrar que no tiene nada que ocultar.
Lo relevante es que Kuri no se limitó a proponerlo desde la comodidad del discurso. Se sometió él mismo a una prueba de control de confianza. Eso, en política, se llama congruencia. Una palabra que pierde popularidad cuando resulta más cómodo exigir transparencia desde la tribuna que practicarla en carne propia.
La pregunta de fondo no es si un polígrafo puede resolver, por sí solo, el problema del crimen organizado en la política. Evidentemente no. La verdadera pregunta es si los partidos, comenzando por el que gobierna la mayor parte del territorio nacional, están dispuestos a construir filtros reales para impedirle el paso al crimen organizado.
Porque el poder no solo debe conquistarse. También debe merecerse.
Querétaro tampoco es perfecto. Tiene pendientes importantes en materia de crecimiento urbano, movilidad, agua y desigualdad. Ninguno de ellos desaparece con un informe bien presentado. Negarlo sería caer precisamente en aquello que tantas veces se critica al oficialismo: confundir la propaganda con la realidad.
Pero reconocer los problemas no significa negar los resultados.
Una carretera funciona o no funciona. Un estudiante aprende o no aprende. Un hospital atiende o no atiende. La seguridad se garantiza o se pierde. La pobreza disminuye o aumenta.
Los resultados no tienen ideología.
Por eso Querétaro resulta incómodo para quienes insisten en que solo existe un camino posible para gobernar México. La experiencia del estado demuestra que se puede atraer inversión sin abandonar la responsabilidad social, generar empleo sin depender exclusivamente del gobierno y enfrentar los problemas sin convertir cada fracaso en una oportunidad para repartir culpas.
Gobernar exige algo más difícil que construir enemigos convenientes. Exige tomar decisiones y responder por sus consecuencias.
En Querétaro todavía hay mucho por hacer. Pero, hasta ahora, los resultados hablan por sí mismos y el modelo queretano ha lanzado un reto de transparencia de cara a los ciudadanos, precisamente a quienes deberán decidir quién merece ocupar una posición de gobierno.
Ahora corresponde a los ciudadanos evaluar a cada quien por sus resultados, pero también por la disposición que muestre frente a las exigencias de transparencia que demandan los tiempos que vive México.
Porque al final de cuentas, gobernar no consiste en explicar por qué las cosas salieron mal.
Consiste en lograr que salgan bien.
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “CONTRASTES”, LA COLUMNA DE OMAR CASTREJÓN PARA LALUPA.MX
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