HISTORIA: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ/LALUPA.MX
FOTOS: RICARDO ARELLANO/LALUPA.MX
Vanessa dice que corrió con suerte, luego de que el retiro de un DIU traslocado, en 2018, le costó cuatro amputaciones y se someterá a una quinta. Se quedó sin piernas por una negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero ella sólo puede pensar en la suerte que tiene de estar viva con sus dos hijos, porque “otra persona a lo mejor no lo cuenta”.
Madre soltera de una hija y un hijo, acudió a que le retiraran el DIU en septiembre de 2018. Trabajaba como obrera. En el IMSS le dijeron que un DIU traslocado requería un legrado. Sin ultrasonido ni análisis, le extirparon el útero y la mandaron a casa. Se negaron a hacerle estudios a pesar de continuar con malestares y el 2 de octubre, con sepsis severa, estuvo muerta durante media hora. Nueve días después, le cortaron las piernas gangrenadas, pero no fue suficiente.
“Físicamente ha sido complicado, emocionalmente más. Antes pensaba regresar a la fábrica, pero ahora vendo dulces afuera de mi casa, pongo uñas, vendo ropa seminueva. Yo tuve suerte, fui una en un millón que pudo sobrevivir en esta situación, pero otra persona a lo mejor no lo cuenta. Yo busco que la gente conozca mi caso, que sepan cómo tratarse, a dónde dirigirse y que el IMSS termine lo que tiene que hacer conmigo para poder seguir con mi vida”.
Una infección urinaria, un choque séptico y nueve días en coma
En septiembre de 2018 Vanessa acudió a la Unidad de Medicina Familiar número 9, ubicada en El Tintero, porque sentía dolor en el abdomen. Sin estudios, la diagnosticaron con infección urinaria y gastrocolitis. Luego, la mandaron al área de gineco obstetricia para retirarle un DIU traslocado y como se mantuvo su malestar le dijeron, también sin estudios, que tenía lumbalgia aguda, así que le dieron analgésicos.
“Me dijeron que cambiara mi alimentación, que hiciera más ejercicio, que tomara más agua”. El 2 de octubre regresó, pero al área de urgencias del Hospital General Regional Número 1 del IMSS. Presentaba deshidratación, gastroenterisis infecciosa y perdía mucha sangre. Ese mismo día sufrió tres paros cardiacos, en el último se le declaró con muerte clínica por 30 minutos y sus arterias se taparon.
“Desperté el 11 de octubre del 2018, tenía mis piernas todavía, pero gangrenadas y me dieron la noticia de que después de nueve días en coma, para salvar mi vida, tenían que amputar ambas piernas. Me explicaron que tuve un empaquetado y desempaquetado de órganos porque tenía hemorragias, pero no sabían de dónde. Me hicieron las amputaciones, pero no eran las más viables, me hicieron cuatro y estoy en espera de la quinta”.
En la primera intervención le amputaron los dedos y media planta de un pie. “Me dejaron los huesos y la carne expuestos. Las otras dos amputaciones fueron a causa de eso, porque por el tiempo, la mala circulación y el paro cardiaco, las heridas no sanaban. Volvieron a amputar para cortar lo que habían dejado. Habrá una quinta, porque al hacer la amputación anterior quedó un huesito filoso que me deja llagas y me impide pisar con la prótesis, me provoca llagas, infecciones y puede provocar otro choque séptico. Ahora dicen que me van a remodelar el muñón debajo de la rodilla y a quitar ese huesito”.
“Inadecuada atención médica y diagnóstico deficiente”
Aconsejada por algunas personas, acudió a la CNDH que emitió la recomendación 118/2022 al IMSS, en la que se solicita la reparación del daño a la víctima. La CNDH determinó que el personal del Hospital General Regional número 1 y la Unidad de Medicina Familiar 9 del Seguro Social transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva y dañaron el proyecto de vida de Vanessa.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, en ningún momento se le hicieron estudios de laboratorio, ultrasonido o de rayos X, lo que derivó en diagnósticos errados y una atención que puso en riesgo su vida. El retiro del DIU tampoco se apegó a la Norma Oficial Mexicana (NOM).
“La CNDH considera que el pronóstico de vida de la víctima es grave por las complicaciones derivadas de la inadecuada atención médica que le dejaron secuelas permanentes en la función deambulatoria, al amputársele ambas extremidades inferiores. Si bien la amputación de extremidades se llevó a cabo para salvar la vida de la víctima ante el avance de la infección, este procedimiento aplicado fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y un inadecuado seguimiento de control”, concluyó la comisión.
En su recomendación, la CNDH solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, que repare el daño, “incluyendo el pago de una compensación económica suficiente; se procure a la víctima el acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo y se le otorguen becas en favor de sus familiares directamente afectados”.
El IMSS deberá otorgarle a Vanessa, de forma vitalicia, la atención médica que requiera como consecuencia de la discapacidad permanente y las secuelas que se le generen, así como otorgarle todos los dispositivos de prótesis requeridos que le permitan su desplazamiento adecuado.
“Que el IMSS termine lo que tenga que hacer”
Cuatro años después, Vanessa sólo le pide al IMSS que termine lo que tiene que hacer. “Ha sido muy difícil emocionalmente, muy complicado, nadie soporta tanto y menos saber que va perdiendo parte de sí. Llega a ser frustrante porque no cortan hasta donde debe ser, las primeras dos (amputaciones) entiendo que trataron de salvar lo más que pudieran de mis piernas por mi edad, pero sabían que eran amputaciones con alto riesgo de fracaso, aun así las hicieron no sé si para probar, para experimentar, para practicar tal vez”.
Al principio pretendía regresar a trabajar como obrera, con el apoyo de las prótesis, pero ese sueño quedó atrás. “Yo quería regresar lo más rápido, aunque no fuera de la misma manera porque mi preocupación más grande siempre han sido mis hijos, de 11 y 9 años, a ellos les ha tocado la parte difícil, madurar más rápido, no han tenido la infancia que se debería, ni llevar una vida de niños”.
Ahora vende dulces, pone uñas y vende ropa usada. Vive con sus abuelos, porque sus papás trabajan en la Ciudad de México. “Hace dos años varios diputados de Querétaro corrieron en el maratón y pidieron donaciones de un peso por kilómetro recorrido, así me apoyaron, pero lo que yo pido es que le den difusión a mi caso, que más gente sepa que esto sucede, para que no les pase lo que a mí”.
Tanto ella como sus hijos reciben terapias para superar los daños emocionales de la negligencia médica, le gustaría tener una asociación que haga consciente a la gente de que cualquiera puede tener una discapacidad y que estas situaciones “significan un cambio muy grande, puedes perder trabajo, relaciones, amistades, comodidades por el error de alguien”.
A pesar de lo que vivió, se siente afortunada. “Yo tengo suerte, mucha suerte, a mí me ayudó que llevaba una visa saludable, que no fumaba, no tomaba, no consumía drogas, hacía ejercicio, otra persona no hubiera aguantado lo que resistí. Estuve media hora muerta cuando a muchos a los quince minutos los dejan morir, yo tuve suerte y aquí sigo por mis hijos”.
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