Los principales medios públicos del país con alcance nacional viven una etapa de claroscuros a un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y a seis meses del inicio del gobierno que se autoproclama como “la Cuarta Transformación”.
Mientras que por un lado la mayoría de las designaciones de sus titulares (IMER, Radio Educación, Canal 22, Canal 11, TvUNAM, SPR) cumplió con las expectativas y con la selección de perfiles idóneos o con trayectoria para el puesto, los ajustes en el presupuesto desde la SEP o Hacienda, y la polémica del pago con cargo al erario para algunos colaboradores (John Ackerman, Sabina Berman) han generado críticas y malestar contra los medios públicos.
Las denuncias y la indignación que temporalmente causó el anuncio de despido de cientos de trabajadores del IMER por una cuestión presupuestaria volvieron a encender los focos de alerta en el país. En un gobierno que se supone transformará la vida pública de este país, los medios públicos no tendrían por qué transitar por incertidumbre ni vaivenes como los que han pasado en estas primeras semanas del gobierno obradorista.
Personalmente considero que los nombramientos de Gabriel Sosa Plata, Aleida Calleja y Armando Casas al frente de Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Canal 22, respectivamente, han hecho justicia a los méritos y la trayectoria de estos personajes, al tiempo que las audiencias de estos medios pueden tener relativa tranquilidad en cuanto a la calidad de contenidos y la programación de estos medios.
En contraparte, la respuesta a una solicitud de acceso a la información del Instituto Politécnico Nacional (IPN) exhibió los miles de pesos mensuales que con cargo al erario se le pagan a John Ackerman, Sabina Berman y Hernán Gómez, por colaborar y tener contenidos propios en programas de Canal 11, lo que no va de la mano precisamente con el discurso de austeridad.
Si bien la apertura y la inclusión de distintas voces deben ser dos premisas de los medios públicos, aquí lo que se cuestiona es la cantidad de recurso público que se paga a personajes con filia política mientras los ajustes en el presupuesto y los recortes en el gasto ponen en peligro empleos de trabajadores históricos de medios públicos.
En lo que respecta a Canal 11 del IPN, también he de mencionar, en renglón y ámbito aparte, porque su trayectoria e integridad lo merecen, la labor de Felipe López Veneroni, defensor del televidente y académico e investigador en Comunicación.
Volvamos al eje central de este artículo: el presente y el horizonte de los medios públicos. El balance del primer año no ha sido el que se esperaba, pero tampoco se trata de estigmatizarlos o perder la confianza en su totalidad.
Un año después del histórico 1 de julio de 2018, el Presidente de la República, su gabinete y los titulares de estos medios públicos necesitan hacer una autocrítica y trazar una estrategia de hacia dónde dirigirlos en aras de una transformación real, que no esté atada a limitaciones en presupuesto, ni a caprichos personales, ni a persecución contra los críticos.
El panel del 7 de junio en las instalaciones de la UAM Xochimilco, en el marco del aniversario de la AMIC y descrito previamente aquí Enlalupa.com situó a sus titulares frente a los académicos y especialistas del área, que a través de cuestionamientos y observaciones, les hicieron ver que más allá del discurso, hay “contradicciones” que deben superar y solventar en las acciones y decisiones.
Quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de participar en medios públicos de los estados, no debemos dejar de aprender a partir del contexto nacional, y como un estimado colega profesor mencionó en la UAQ hace una semana: cuestionar al poder cuando se equivoca, es omiso o no cumple con su responsabilidad pública.
Un año después del triunfo lopezobradorista, los medios públicos están entre la tempestad y el porvenir de una real transformación o cambio en beneficio de sus audiencias.
