Nadie puede negar la importancia que tiene para las personas el acceso a la justicia, es un derecho humano consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
Para el gobierno es obligatorio asegurar el camino a la justicia para el sector rural del país. Aquí se encuentran muchas familias vulnerables que requieren protección legal, por lo que se hace imprescindible garantizar recursos suficientes para su impartición.
Fortalecer los organismos responsables de solventar controversias, es necesario para que esta obligación del Estado no se quede únicamente en buenas intenciones.
En México existen, con base en información del INEGI, alrededor de 30 mil ejidos en el país y 2 mil 359 comunidades agrarias dispersos en el 90.4% de los municipios del país. Son ellos los que tienen la posibilidad de encontrar en los tribunales agrarios una esperanza de dar solución a sus demandas.
El Gobierno Federal y su filosofía austericida decidió recortar en un 75% los recursos destinados al sector agrario del país, situación que afecta sensiblemente a muchas familias.
Ante este contexto, ingresamos en Oficialía de Partes del Congreso del Estado un exhorto al Ejecutivo Federal para que se garanticen recursos que permitan el funcionamiento de la SEDATU y de las dependencias vinculadas con la administración y procuración de justicia agraria en el ejercicio 2020, medida urgente para mitigar una decisión del Gobierno Federal que afecta y amenaza la paz social.
Medidas de austeridad radicales en el sector agrario, afectan de manera transversal distintos indicadores de enorme relevancia relacionados con el bienestar de una sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que invertir en los sectores agrícolas es fundamental para erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición, sobre todo en las áreas rurales donde vive predominantemente la población más pobre del mundo y México no es la excepción.
Mujeres y hombres del campo, organizaciones campesinas y abogados especialistas en materia agraria nos han compartido su preocupación por la dificultad que enfrentan ante el recorte de presupuestal; la situación no es menor, los esfuerzos van encaminados en que exista certeza jurídica en nuestro, ya golpeado, campo mexicano.
La decisión del Gobierno Federal de recortar presupuesto 2020 a programas del sector agrario, parece ocurrente y mal calculada; así lo expresamos en sesión de pleno del congreso local donde se anunció el exhorto al Ejecutivo Federal para que se reasigne y garantice presupuesto en la SEDATU -con recursos etiquetados para el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria- y también a los tribunales agrarios, con el propósito de asegurar su operación en este año.
Además, ninguna de las medidas presentadas por el presidente López Obrador de apoyo por los efectos provocados por la pandemia, está enfocada a los sectores agrícola y ganadero.
Lo señalamos con contundencia: es prioridad garantizar a las mujeres y hombres del campo certeza jurídica de la tierra, para evitar conflictos sociales, mejorar su calidad de vida y cumplir a cabalidad lo que ya consagra nuestra constitución.
