REPORTAJE: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ/LALUPA.MX
Jesús Nieves Romero es psicólogo especializado en violencia infantil y no olvida una pregunta que le hizo un niño cuando hablaba de los maltratos por parte de su familia: ¿por qué si me ama tanto, me hace esto? La pregunta surgió a partir de su trabajo con niñas y niños, pero lo llevó a involucrar a familias enteras para reeducar en contra de la violencia.
De acuerdo con la Red por la Infancia y la Adolescencia en Querétaro, la casa es el tercer lugar más peligroso para las niñas y los niños y 6 de cada 10 infantes viven alguna forma de castigo físico, sin que exista un programa de prevención de las autoridades, que sólo intervienen cuando hay una violencia extrema.
El INEGI reportó que en 2018 hubo 28 homicidios contra menores de 18 años en Querétaro y 3 de ellos tuvieron una relación de parentesco, porque se cree que las niñas y los niños “son míos para lo que sea, incluso para matarlos” y porque se justifican los golpes cuando se trata de educar.
Una de las preocupaciones es que el 30% de los municipios de Querétaro tienen un Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), pero ninguno cuenta con un plan de desarrollo de protección. El problema crece si se piensa en las estadísticas nacionales, de cada 100 niñas y niños maltratados sólo uno será atendido de manera correcta y el resto tendrá una alta probabilidad de convertirse en maltratador.
La activista Cecilia Fernández señala que la violencia contra las niñas y los niños se aborda de manera parcial, sobre todo cuando se les asesina, porque se muestra a los responsables “como si fueran monstruos, lo mismo que pasa con los feminicidas y no son monstruos, es gente normal, gente arropada por todos nosotros”.
CASAS, ESCUELAS Y CALLE: LOS SITIOS MÁS PELIGROSOS PARA LA INFANCIA
La casa es el tercer lugar más peligroso para las niñas y los niños, después de la calle y la escuela, los sitios donde viven violencia, asegura la presidenta de la Red por la Infancia y la Adolescencia en Querétaro, Cecilia Fernández de Mendoza Ibarra.
En parte se debe a que 6 de cada 10 niñas y niños vivieron alguna forma de castigo físico, porque se considera normal, aunque en el discurso se diga que no se debe hacer, ya que la gente cree que está bien “disciplinar a través de golpes y si un día estás muy enojada o enojado, quién sabe hasta dónde llegue ese golpe”.
Uno de los factores que más está en juego en la violencia contra la infancia es el adultocentrismo, “que significa pensar que las niñas y los niños son nuestra propiedad, es una manera de explicar el abuso, porque son míos para lo que sea, incluso para matarlos, porque no tienen derecho”.
La situación se refleja en números: en 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 28 homicidios contra menores de 18 años en Querétaro, de ellos, 23 homicidios fueron a personas de más de 15 años, es decir adolescentes. Tres casos tuvieron relación de parentesco con las víctimas y los demás fueron sin especificar, así que no se sabe si fueron o no sus familiares.
“A veces la manera de contar el asesinato de niñas y niños se presenta como si los victimarios fueran monstruos, lo mismo que pasa con los feminicidas y no son monstruos, es gente normal, si los patologizamos y pensamos que son seres espantosos y están locos, eso no nos permite vernos como sociedad y decir que nosotros los estamos criando como grupo social, no son monstruos, no es el loco, ni la mujer desquiciada que asesinó a sus hijas, sino gente arropada por todos nosotros y también puede estar el factor de la salud mental”, agrega.
Hay otros factores que también juegan en contra: alrededor del 30% de los 18 municipios del estado instalaron su Sipinna, pero la instalación significa que sesionaron al menos una vez, algunos desde 2017, para declararlo abierto, aunque no cuenten con consejos consultivos en los que participe la sociedad civil, así que no funcionan.
De ese porcentaje, el 20% de los municipios están en proceso de nombrar un Consejo Consultivo y todavía faltaría elaborar un plan de desarrollo para empezar a proteger a las infancias. Hoy ninguno de los 18 municipios del estado cuenta con ese plan de desarrollo en favor de la niñez y la adolescencia.
Las acciones de los Sipinna que se ubican en los municipios de Colón, El Marqués, Querétaro, Huimilpan, Corregidora se limitan a actividades como campañas temporales contra el abuso, sin indicadores ni medición, teatros guiñol, juguetes en fechas conmemorativas y otras acciones aisladas que no garantizan la seguridad ni el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
En la violencia contra la infancia y la adolescencia, advierte Cecilia Fernández, hay una serie de factores que se cruzan con diversos estereotipos y condiciones, pero en todo eso tiene un peso especial el Estado como estructura.
“Lo que sí se ha comprobado es que el aumento de homicidios para niñas y niños, incrementa en ciudades donde hay actividades del crimen organizado. Es un ciclo, porque si incrementa el crimen organizado, significa que hay instituciones más débiles y la impunidad se levanta, lo mismo ocurre con la violencia doméstica, no es que sean los mismos, simplemente el ambiente es propicio, se genera un ambiente de se vale todo y no pasa nada”, detalla.
CADA DOS DÍAS MUERE UN NIÑO A MANOS DE SUS PADRES
La periodista Alejandra Crail le destinó seis meses a una investigación especial que empezó a tratar en 2017 y que cristalizó en 2018 cuando consiguió la beca de Connectas para desarrollar el proyecto.
Su inquietud inició cuando tuvo acceso a una base de datos del Servicio Médico Forense del Estado de México, donde había varios homicidios identificados con síndrome de Kempe. Este síndrome era una manera antigua de referirse al maltrato infantil y todavía se utiliza en varios estados para definir una causa de muerte, por lo que planteó revisar la problemática nacional.
La conclusión, después de revisar varias cifras en el país, es que en México, cada dos días muere un niño a manos de sus padres, toda vez que entre 2012 y 2017 el INEGI reportó el asesinato de casi 2 mil 600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún familiar.
“Había una necesidad de hablar del tema, porque es muy grave saber que niñas y niños están muriendo a manos de sus familias y no se habla, ni teníamos un dato para hablar de la problemática a nivel nacional”, agregó, luego de recibir el premio Breach/Valdez 2020 por su investigación publicada en la revista Eme Equis http://(https://matarunhijo.m-x.com.mx/)
Entre las dificultades para enfrentar la problemática, se encuentran las propias condiciones de las instituciones públicas como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que “en realidad es una institución asistencialista, que no solamente atiende infancia, sino a diversos grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores y la familia en general, pero no específicamente a niñas y niños, salvo con sus procuradurías, pero ha sido muy difícil cumplir el mandato que marca la ley”.
“Al hablar con la Procuradora de la Infancia, del DIF nacional, la respuesta me dejó helada, ella dice que ellos no investigan lo que pasa en relación con la violencia a niñas y niños porque no tenemos esa atribución, pero eso está en la ley, es un mandato establecido en la ley y ella dice que realmente no tienen capacidad, no hay realmente un interés por hacer investigación de lo que pasa en violencia dentro de los hogares”, narra.
Encontró además que las carencias, desigualdad y condiciones complicadas del país agrava la situación para niñas y niños, a los que se ve como extensión de los padres y madres y no como seres con derechos, así que es difícil responder qué lleva a un padre o a una madre a matar a sus hijos, porque hay factores de riesgo, ya que el maltrato infantil es multifactorial.
“No es que alguien tenga la idea de pronto de querer matar a su niña o a su niño, depende de muchos factores. Por ejemplo, hablamos del caso de Paloma, una madre que asfixia a sus dos hijas y al trazar la línea de su vida y conocer su desarrollo, ella es una estadística en otro sentido, porque de cada 100 niños maltratados sólo 1 será atendido correctamente, ella fue del 99% de niños maltratados que no fueron atendidos en su infancia y todos los que sufrieron violencia y no fueron atendidos, tienen altos porcentajes, entre el 55 y 85% según el Instituto Nacional de Pediatría, para convertirse en maltratadores cuando sean adultos”, agrega.
Es decir, el maltrato infantil se vuelve un círculo vicioso y si los padres y madres son muy jóvenes, posiblemente no tengan herramientas para cuidar, educar y proteger, además de otras condiciones, como las adicciones o el estrés que se genera por la falta de empleo, de educación y de oportunidades, que pueden contribuir a que cualquier persona se convierta en una maltratadora.
“Pero no es un problema de pobres o ricos, se maltrata igual en todas las clases sociales, por eso es importante que haya una participación del Estado para vigilar lo que pasa en los hogares”, insiste Alejandra Crail.
LA OTRA BANDITA TRABAJA PARA DESAPRENDER LA VIOLENCIA
En la zona de El Tepe y “de la otra banda”, en la ciudad de Querétaro, donde hay problemas de alcoholismo y violencia familiar, hay un grupo de profesionistas que trabaja desde hace años para reeducar a las personas contra la violencia.
Hasta antes de la contingencia por el Covid-19 se tenía un grupo de 30 niñas y niños, lo que implicó trabajar también con las personas adultas, particularmente con los hombres y su manera de ejercer la paternidad, así como mejorar sus vínculos.
El psicólogo Jesús Israel Nieves Romero, coordinador de La Otra Bandita y auxiliar del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Querétaro, resaltó que hablar de violencia contra las infancias implica reflexionar sobre la idea preconcebida de que la familia cuida y la familia ama, porque en el imaginario colectivo se considera que los padres educan, pero si llegan a lastimar muy seguramente no llegan a sentir culpa.
El mexicano promedio naturaliza y normaliza la violencia hacia las niñas y los niños desde un aspecto educativo, porque se piensa que lastimar es una manera de enseñar, así que “si yo te educo, yo te amo” y entonces la práctica de golpear se legitima y la sociedad se vuelve cómplice, al motivar, silenciar y sostener esas conductas.
A eso se suma la falta de leyes que privilegien el bienestar de las niñas y los niños, porque si bien se prohíben los golpes en los tratados internacionales y en algunos estados de México, no existen avances significativos, por ejemplo, ”Querétaro está en pañales y si revisamos los códigos penales dejan una laguna, así que se posibilita a los adultos a ejercer su autoridad como mejor considere siempre y cuando no rompa o lastime y cuando se protegen los derechos, parece que solo se entra en los momentos muy extremos”.
Como ejemplo, la intervención de las autoridades se da ante los casos de abuso sexual, de omisión de cuidado o de violencia extrema y en el resto de los casos no hay una reflexión, porque “si hablamos de golpear a un niño para educar, se escuchan las reacciones de yo soy un hombre de bien, porque mi padre me pegó, o una nalgada a tiempo es necesaria, y sembramos miedo y mensajes de que alguien más puede ejercer la autoridad sobre nosotros y eso también es un mensaje de impunidad”.
Por lo contrario, se tendría que hablar de buenos tratos para la infancia, que significa hablar de cuidado, tanto para las niñas y los niños como una sociedad que cuida a sus integrantes. “Hay un proverbio africano que dice que cuando nace un niño, toda la tribu está encargada de su porvenir, es entender que somos parte de un todo, pero en esta sociedad, cuando revisamos cómo se ejerce la autoridad, encontramos que esta autoridad es patriarcal, es masculina y en esa lógica masculina y cómo resuelven asuntos, pues no se enfocan al cuidado”, expresa.
A esto se suma la idea de que lo que sucede en las casas se queda en las casas, porque pertenece al mundo privado y hay familias que no expresan esta problemática, así que cuando algo se escapa hacia el mundo público, se presenta como si esa violencia sólo la ejercieran algunos “monstruos”, sin permitir un reconocimiento de una práctica común para cuestionar algo que es más cercano a las personas: el desborde.
“Cuando hacemos escuelas para padres y madres hay una técnica que es para trabajar con niñas y niños y otra con padres y madres, para hablar de lo que les preocupa, lo que les angustia, lo que les pasa, para que reconozcan sus prácticas y sus formas de vivir y de vincularse, de relacionarse con el mundo”, agrega Nieves Romero.
Lo que se encuentra en estos ejercicios, es que muchas veces los padres y madres justifican el castigo físico porque las niñas y los niños se portaron mal, “porque se lo merecían”, pero cuando esas infancias crecen, “se escucha el mismo discurso pero ahora en un adulto, ¿por qué agredió? Porque la otra persona se lo merecía, porque hizo algo y validan sus violencias, porque se articularon con la idea de que no es mi responsabilidad, sino que actúo por tu responsabilidad”.
Ante la pregunta de qué lleva a una madre o a un padre a matar a sus propios hijos, Jesús Nieves advierte que hay una serie de factores, uno de ellos es tener padres con un apego desorganizado, en donde el cuidador es violento y tampoco puede ignorarse alguna situación en su salud mental, adicciones o distintas problemáticas que influyen sobre su conducta.
“Hay indicadores que nos permiten entender por qué pasa la violencia y eso nos tendría que permitir es buscar mecanismos preventivos para que deje de suceder, el problema radica en estar buscando qué sujetos cumplen el perfil para realizar esos actos, cuando en realidad deberíamos pensar que tenemos esos actos y que podemos prevenirlos: hace años un niño me hizo una pregunta: por qué si me ama tanto, me hace esto, no entiendo. Tenemos que entender que las relaciones familiares tienen que ser sentidas y vividas, no sólo quedarse en el discurso no basta decir te amo, hay que demostrarlo”, subraya.