En 1942 México y Estados Unidos firmaron un convenio binacional conocido como «Programa Bracero», acuerdo laboral temporal por medio del cual campesinos mexicanos se trasladaron a trabajar a la “Unión Americana” derivado de la demanda de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial.
El acuerdo contemplaba un descuento del 10 por ciento al salario de cada trabajador y se depositó en el llamado Fondo de Ahorro Campesino, dinero que se entregaría a los trabajadores mexicanos al regresar al país. Con quienes fueron parte de este programa, hoy, décadas después, sigue existiendo una deuda histórica, moral y material, pendiente y vigente.
El programa se extendió hasta 1964, se firmaron más de 4,6 millones de contratos, convirtiéndose en el programa de mano de obra contratada más importante entre ambos países. Más de 5 millones de trabajadores mexicanos se vieron beneficiados con dicho programa, los principales estados en los que se localizaron fueron Texas, Colorado y California, donde trabajaron en diversos cultivos y en la construcción de vías férreas, principalmente.
En el 2005 se publicó el decreto que crea el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, donde se reconoció el derecho de los ex braceros y se les asignó una cantidad de apoyo.
Más allá de eliminar el fideicomiso, como se ha propuesto, si en algunos años no se cumplió con el pago, que se investigue y se denuncie ante las autoridades competentes, pero no podemos dejar en desamparo a nuestros connacionales.
Se han realizado importantes esfuerzos para responder y actuar con justicia ante esta justificada demanda; el 23 de marzo del 2017, en sesión ordinaria del Congreso Federal, legislatura en la que tuvimos el honor de participar, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Azul Etcheverry presentaron una iniciativa que proponía flexibilizar los requisitos para que todos los trabajadores ex braceros correspondientes al periodo 1942-1964, que cumplieran con los requisitos que marca la ley, pudieran recuperar sus fondos de ahorro del fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Posteriormente, el 22 de mayo de 2019, diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso Federal, presentaron un exhorto al Gobierno Federal para que atienda de manera pronta el adeudo histórico que el Estado Mexicano mantiene con ex braceros, a fin de que accedan a los beneficios económicos comprometidos.
Por otro lado, a nivel estatal también podemos sumar esfuerzos como lo realizan otras entidades federativas con presupuesto estatal. Por ejemplo, en Zacatecas, a través de su Secretaría del Zacatecano Migrante cuentan con un programa especial de apoyo para ex braceros.
La realidad es que cada vez se complica más el panorama de nuestros migrantes, si ya no cuentan con programas como el 3×1 Migrantes que beneficiaba a sus familias y comunidades, es importante que no se les quite un recurso que al final es de ellos, muy merecido ya que es el fruto de su trabajo y para muchos una herencia del pasado, además de que la mayor parte de quienes serían acreedores son personas mayores, muchos viviendo en situaciones de pobreza.
En este contexto, desde el Congreso Local no fuimos omisos, y votamos a favor del exhorto al Congreso de la Unión, para que no abrogue la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, antes de que se haya cumplido su finalidad. Es un acto de justicia social que no tiene caducidad.
