“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan.”
Pablo Neruda.
La desgastada figura del fuero constitucional en nuestro país se ha convertido en la realidad en una prerrogativa convencional al servicio de los intereses de servidores públicos de primer nivel, que según un catálogo constitucional, gozan de ciertos beneficios exclusivos. Es una escala cómoda que pone como requisito un proceso político previo a la justicia.
Hace poco leía en El País “El delito más grave de México: la impunidad.”
Concluí que el mundo nos ve como lo que auténticamente nos reflejamos, un país con pocas probabilidades de alcanzar la justicia, para no ir más lejos: 1 de cada 100 delitos se esclarecen en México.
Para agravar la situación no es sólo que lo que llega a la justicia penal no se resuelva, es también lo que no llega, o más bien a quienes no llega la justicia, aquellos funcionarios de “primera” y ciudadanos de “quinta” que cometen faltas graves y no pueden ser juzgados directamente hasta que haya un declaración de procedencia de carácter legislativa.
Tenemos que partir de que en México, en teoría, no debería de haber ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Los alcances en la práctica del derecho a la igualdad, como el Presidente de la República, tienen otros datos.
Un privilegio mal encauzado provoca exclusividades injustas y arbitrarias.
Eso ha sido el fuero como mecanismo en mala dirección, que ha tenido más de corrupción que de equilibrio de poderes o cuidado de funciones, motivos iniciales de su origen colonial heredado. Esto en el hecho ha cuidado más delincuentes que protegido mexicanos.
Hago un paréntesis en la historia. Recordemos que Querétaro fue de los primeros estados en aprobar el desafuero a nivel local en el país, después de Jalisco. Más adelante, como hilo de media vinieron varias entidades a hacer lo propio.
En días pasados me fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura del Estado de Querétaro una minuta federal para reformar los artículos 108 y 111 de nuestra Carta Magna, misma que se ha manejado públicamente como la eliminación del fuero al Presidente de la República. De su lectura, dos conclusiones: 1) Se avanza en la extensión del catálogo de delitos para enjuiciar al Presidente de la República conforme a la modalidad de declaración de procedencia constitucional, ahora con otras palabras. 2) Se trata de una reforma cosmética que no elimina el fuero para la máxima figura política de nuestro país, el Presidente de la República, ya que la inmunidad procesal sigue existiendo al contemplarse un proceso político previo a la justicia.
En muchos sentidos, la eliminación del fuero a funcionarios de primer nivel se relaciona directamente con la estabilidad política y social del país.
Lo triste de la propuesta en mención que será votada en el constituyente permanente, es que se hace desde un acto de simulación y de engaño, por parte de quien la incentiva, como el más bajo artificio para estar en boca de todos.
Poco caso se hizo a la voz de mis colegas de la bancada panista en las cámaras federales, que rogaban desmaquillar al monstruo del engaño.
La propuesta de reforma en mención no elimina el fuero en la realidad al Presidente de la República, pero hay que reconocer los avances que entraña, ya que permite que pueda ser imputado ya no sólo por traición a la patria, sino también por posibles actos de corrupción, delitos electorales y aquellos por los que puede ser enjuiciado cualquier ciudadano, lo cual es un importante paso.
En pocas palabras, seguimos en veremos, ya que con esta propuesta se enjuicia al Presidente, ante los legisladores federales no ante la Fiscalía o quien sea competente en su caso. Algo visiblemente peligroso cuando existe mayoría de legisladores del partido en el gobierno en las cámaras federales, lo cual deja de ser un proceso político para convertirse en un proceso amistoso poco auténtico.
Si eres un Presidente delincuente primero pasas por tu mayoría legislativa y eso no es eliminar el fuero, es maquillar la impunidad.
Sigo creyendo que la discusión debería inclinarse al fortalecimiento de las instancias de seguridad, combate a la corrupción y justicia.
Entre tanta mentira lo cierto es que vivimos una crisis de credibilidad política, los escándalos de servidores de primer nivel no tienen fin y urge un equilibrio.
La investidura de servidor público es una alta responsabilidad, es un privilegio cívico de los ciudadanos, nunca debe ser fuente de desigualdad.
Ni la política, ni la ley, ni el poder, ni el Presidente por encima del objeto directo de toda decisión pública: la persona humana.
Debemos mandar una señal clara a los mexicanos, que los mantos de privilegio no pueden frenar la justicia. Si nada debemos, nada temamos.
Esta semana sesionaremos en la Comisión de Puntos Constitucionales y probablemente en pleno, acerca de este tema. Te invito a formar parte de este ejercicio legislativo a través de las redes sociales de la LIX Legislatura Querétaro.
