La columna anterior la inicié mencionando que nuevamente los nombres de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard y, esta vez, el de Claudia Sheinbaum se ligan al de la Alcaldía Tláhuac “cuyos habitantes han tenido que convivir durante años con grupos de la delincuencia organizada, la marginación, la impunidad y toda clase de vejaciones a la que se agrega hoy una tragedia sin precedente en la historia del transporte más importante con el que cuenta esta ciudad”. Agrego a la lista el del actual subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas.
Quienes recuerdan y saben lo ocurrido el 23 noviembre del 2004 en San Juan Ixtayopan, uno de los siete pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac en CDMX, supieron porqué utilicé el término “nuevamente”, enlazando sus nombres al del fatal accidente ocurrido este mayo 3 en la L12 del metro, estación Olivos, en esa demarcación. Por una razón: al igual que hoy, los nombres de estos funcionarios están enlazados a dos tragedias ocurridas en esa demarcación y la manera como la enfrentaron ayer y están enfrentando la más reciente.
Hablamos del 2004. Al frente de la presidencia del país, estaba Vicente Fox Quesada (PAN). El jefe de gobierno, del entonces llamado distrito federal, era Andrés Manuel López Obrador y el director de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, cuando se dio el brutal hecho del linchamiento y quema de tres agentes de la ya desaparecida Policía Federal Preventiva (PFP) que investigaban asuntos de narcomenudeo y / o la presencia de grupos subversivos en la delegación Tláhuac.
En ese entonces, los interesados en que no avanzara la investigación esparcieron un rumor sobre los agentes, acusándolos de ser secuestradores y de andar merodeando en las escuelas primarias. Eso fue suficiente para que una numerosa y enardecida turba los aprehendiera y quemaran vivos. Dos de ellos fallecieron. Uno fue rescatado y pasó largos meses en el hospital, con lesiones corporales que requirieron largos tratamiento. Tras recuperarse de las heridas, fue enviado como agregado de la Policía Federal en las embajadas de México ante España y la Unión Europea.
El macabro suceso fue trasmitido en vivo desde el lugar de los hechos a donde llegaron reporteros de una casa televisora. Las escenas de la turba quemando a los agentes eran dantescas. Aproximadamente 300 habitantes reunidos, participando en lo que parecíauna escena salida de una película de terror.
Antes de estos sucesos, el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador señalaba que esta capital era una de las más seguras. Incluso, habló de una disminución de actos delictivos. Cuestionado después sobre lo sucedido en Ixtayopan, AMLO dijo tajante: “fue dirigido y un golpe político para dañar la imagen de mi gobierno”, al tiempo que insistía en que no se politizara el asunto.
El ya fallecido (21 de septiembre de 2005) secretario Federal de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta mostró en aquel entonces su indignación y aseguró que lo ocurrido era el resultado de la anarquía que se vivía en Tláhuac y en las inmediaciones de esa delegación, aludiendo a hechos que se estaban dando en Milpa Alta, donde los habitantes denunciaban robos, asaltos, violaciones a las mujeres “y la policía no hace nada, no tenemos ninguna vigilancia”, se quejaban los vecinos del lugar.
Marcelo Ebrard, Director de Seguridad Pública, tuvo una cuestionable respuesta al hecho. Se habló entonces que la policía capitalina, bajo el mando de Gabriel Regino, como subsecretario de Seguridad Pública protegía a grupos subversivos. Gabriel Regino se apresuró a declarar que aquello fue un acto “dirigido, conducido e intencionado” para demeritar la imagen del gobierno capitalino.
“EL HOMBRE SUPERIOR SE CULPA A SÍ MISMO, EL HOMBRE INFERIOR CULPA A LOS DEMÁS”. (Don Shula. Ex jugador y entrenador de fútbol americano)
Lo anterior fue sostenido también por López Obrador y por Marcelo Ebrard. Pero, en estricto apego a los hechos, la realidad fue que la ayuda enviada por Marcelo Ebrard llegó tardía. Se habló incluso de que nunca se dio la orden de apoyo. La justificación que dio a los medios informativos Marcelo Ebrard fue la distancia de la delegación y también argumentó “dificultad para reunir a un contingente suficientemente numeroso que pudiera contener a los cerca de dos mil vecinos de San Juan Ixtayopan que participaron en el linchamiento”. Alguien desmintió a Ebrard: “300 eran los estaban en el lugar del linchamiento, no dos mil”
—“¿Y por qué la policía no pudo llegar y las cámaras de televisión reporteros que cubrieron y trasmitieron la masacre en el lugar si pudieron hacerlo?”-, fue la pregunta insistente que rondó en el ánimo general. Ninguna respuesta.
La alcaldía Tláhuac había sido asumida por vez primera en el 2000 por un perredista, luego morenista, Francisco Martínez Rojo, a quien se le acusaba de cometer actos de extorsión, Al término de su jefatura le sucedió Fátima Mena Ortega, quien había sido su secretaria particular. Ella estaba al frente de esa demarcación cuando vino lo de este linchamiento. Mena Ortega, se quejaban desde antes los habitantes del lugar, carecía de capacidad para ejercer su cargo y era , además, indiferente a los reclamos de los vecinos. “Líderes de organizaciones sociales y el diputado perredista Juventino Rodríguez Ramos externaron su repudio a la política seguidapor la jefa delegacional, Fátima Mena Ortega de quien -aseguran- ha mantenido una posición de cerrazón al diálogo con quienes gobierna, y advirtieron que el siguiente paso será exigir que solicite licencia en el cargo hasta que se aclare su relación con el Grupo Quart, de Carlos Ahumada Kurtz…”, (La Jornada, junio 2004)
A Mena Ortega siempre se le acusó de callar y encubrir las irregularidades de su antecesor Francisco Martínez Rojo. Un vecino de la delegación, Raúl Cortez, enfatizó que “desde que Mena Ortega llegó a la jefatura delegacional debió ordenar una investigación para saber en qué condiciones la había dejado Martínez Rojo. Obviamente no lo hizo y eso la convierte en su cómplice o copartícipe de los actos de corrupción en los que se ha visto involucrado su antecesor”, sostuvo.
Este era el ambiente de descontento que prevalecía en la delegación, cuando sucedió el atroz linchamientoen aquel noviembre de 2004. Las acusaciones e inconformidades contra Fátima Mena continuaron. Según testimonios vecinales, no hizo nada para evitar lo sucedido a los agentes.
Alejandro Encinas Rodríguez, en ese entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, dio la razón a los quejosos y aceptó que se procedería contra la jefe delegacional ya que contaba con patrullas y elementos policiales suficientes para haber rescatado a los elementos de la FPF masacrados. La de Alejandro Encinas fue una respuesta políticamente correcta que calmó los ánimos del momento, pero nunca prosperó ninguna investigación, ni hubo consecuencias para la funcionaria, en cuya gestión crecieron los giros negros en construcciones. Todo quedó en lo de siempre: “declaraciones de promesas de investigar…vamos a proceder… y el largo etcétera de excusas que ya conocemos”. Lo cierto es que la cultura del encubrimiento entre unos y otros prevalece. Cabe mencionar, que en 2005, se dispararon una serie de denuncias sobre irregularidades contra Francisco Martínez Rojo y por uno de los integrantes de su equipo, Rigoberto Salgado Vázquez quien sería después delegado por Tláhuac (2015 -2018) por el partido Morena.
Las acusaciones a Martínez Rojo iban desde extorsiones a empresarios de la demarcación, desfalcos en su administración, invasión de tierras, contar con una red de cómplices en la construcción de fraccionamientos y tratos con las empresas del Argentino Carlos Ahumada, entre otros cargos. A Martínez Rojo se le giró orden de aprehensión y anduvo prófugo; aunque no por mucho tiempo, ya que en febrero de 2005 fue aprehendido en Actopan, Hidalgo. Fue procesado y enviado al Reclusorio Norte donde estuvo la “friolera” de dos meses y medio y salió bajo arraigo.
Cuatro años más tarde, en 2008, un total de 10 acusados de actuar en los linchamientos de Ixtayopan fueron condenadas a 46 años de prisión. Ningún funcionario. Y en 2011 las autoridades federales aprehendieran en las inmediaciones del Ajusco a una mujer de nombre Alicia Zamora, “La gorda” y a su esposo Eduardo Torres, vinculados con grupos subversivos, señalados de ser los autores intelectuales del ataque e identificados plenamente por el agente que sobrevivió a los hechos.
Después, como hasta ahora, lo que sabemos es una de las constantes en la política mexicana: el desfile de nombres, de señalamientos mutuos, de culpas repartidas; pero que nadie asume. La cobardía que se disfraza con una frase trillada y banal: “así es la política”.
Declaraciones de los gobernantes en turno, que nunca van más allá de “mostrar indignación y censura a los hechos”. Y nada más. Esto, desde luego incluye a Morena, quizá la más cuestionable, puesto que pregona una pureza que solo está en su imaginación. En la actualidad, al frente de la delegación Tláhuac, está Raymundo Martínez Vite. Sobre él y su trayectoria y relación con otros actores políticos nada recomendables, escribió una precisa y clara cronología el periodista de investigación Héctor De Mauleón. Su estupendo artículo titulado: “ La mafia política que se adueñó de Tláhuac” ( El Universal 26/07/2017), es material de obligada lectura si se quiere enfrentar a una verdad que está allí y que se abre paso por entre la bruma densa de las mentiras con las que los morenistas han pretendido construir esa superioridad moral que, a estas alturas, provoca la indignación de más y más ciudadanos que muestran su repudio ante el descaro cinismo con el que mienten para conservar el poder.
A quince días de la tragedia de la Línea 12 del metro, este domingo un numeroso contingente formado por vecinos, ciudadanos de las delegaciones aledañas y familiares y de las víctimas, presentaron una denuncia en la FGR. Hay en sus habitantes una mezcla de dolor con profunda indignación.
¿Echará el presidente, como acostumbra, la culpa a los medios que cubrieron esta marcha, de estar incitando a un reclamo que sale de las profundidades del dolor de los habitantes de una demarcación que manifiestan ya el hartazgo ante la historia de abusos y omisiones? ¿A quién, o a quiénes culpará en su intento por limpiar su imagen y la de un partido que tiene en su militancia a integrantes de oscuro historial? ¿Cómo disculpará a actores políticos cercanos a su gabinete y que tienen una inobjetable responsabilidad en lo ocurrido este 3 de mayo con la L12 del metro?
