Es, desde mi punto de vista, el peor engaño que el gobierno federal intentará aplicar al pueblo mexicano; consultarlo sobre si está o no de acuerdo en que se esclarezcan decisiones políticas que fueron tomadas por “actores políticos” y garantizar que haya justicia.
Digo que es el peor engaño por tres razones fundamentales.
Primero, porque en México como en muchos otros países democráticos, la ley no se consulta ni se arriesga a que sea un grupo de ciudadanas y ciudadanos quien decida si se aplica o no.
Independientemente del sistema político y del gobernante, en nuestro país se aplica la ley, se investiga y si hay causal de delito (y pruebas del mismo) se sanciona.
No hay más. La ley se ejerce, no se somete a consultas.
Segundo, porque a pesar de que esta dichosa consulta se ha “vendido” (promocionado) como la autorización o el mandato “popular” para enjuiciar a los expresidentes de México, en realidad la pregunta es tan, pero tan ambigua, que hasta parece una broma de mal gusto.
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”
¿O sea? ¿Qué decisiones políticas? ¿Quién decide o decidirá si se tienen que “esclarecer” y si es así, cuáles? ¿Qué actores políticos? ¿Quién garantizará “la justicia y derechos” de posibles víctimas?
Nada menciona, en específico, que será para enjuiciar a exmandatarios.
Tercero, porque la consulta en sí misma y aun cuando el “Sí” gane, no garantiza que se realice el procedimiento para “esclarecer las decisiones políticas…”
La ley en la materia establece que para que el resultado de la consulta sea obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, es necesario que la participación total en dicha consulta corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Si la participación es menor, la consulta simplemente quedará como un anecdotario en la historia del país.
CONFRONTA POLÍTICA
Si es cierto que el movimiento político que encabeza el presidente de México cuenta con la simpatía de al menos 50 por ciento de la población y esta cantidad decide acudir a votar, tendrán el resultado a su favor y los requisitos legales cumplidos.
Otra cosa será descifrar cómo implementar las acciones que se podrían derivar de la abigarrada pregunta planteada, que hipotéticamente pudiera apoyar la ciudadanía.
Por eso que esta consulta popular, a realizarse el primer día de agosto, se constituye en el primer referéndum en torno al gobierno de López Obrador: si no logra que acuda a las urnas al menos 40 por ciento del electorado o lo logra, pero la mayoría vota por el “No”, significará una derrota para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y para el propio Andrés López Obrador.
Por eso es que activistas lopezobradoristas, como Epigmenio Ibarra, ya se encuentran promoviendo la participación ciudadana en la consulta de referencia.
Y por eso es que también sonaría lógico que las oposiciones, sea el PAN, el PRI, el PRD o cualesquier otra, lo mejor que pueden hacer es ni siquiera mencionar que existe la consulta pues entre menos participación haya, menor respaldo habrá al proyecto del presidente.
TRAMPOSA
Hay quienes dicen que lo importante es que, por primera ocasión, los mexicanos participarán en una consulta popular, pero yo creo que es un espejismo.
¿De qué sirve participar en un ejercicio de este tipo si se ha estructurado sobre bases engañosas, con una pregunta inentendible y, sobre todo, con trampa, haciendo pensar a la ciudadanía que con su voto decidirán si procede o no, aplicar la ley?
Esta consulta será el preámbulo del referéndum al que se someterá, por voluntad propia, el presidente Andrés López el año venidero, a casi cuatro años de iniciado el sexenio.
Si la consulta de agosto no le favorece, no estoy muy seguro que a estas alturas siga siendo una buena idea el referéndum.
