En lo que va de la presente administración federal, el sector académico de México, particularmente el que se dedica a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, ha enfrentado una oleada interminable de cambios que poco a poco han venido reduciendo su capacidad para generar conocimiento y soluciones tecnológicas a los problemas que tenemos como humanidad y como sociedad mexicana. Aunque los cambios son a veces necesarios y hasta deseables, la mayoría de los que se han emprendido desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no parecen tener sustento informado, sino obedecer exclusivamente a ideas arraigadas en la mente de la actual titular.
Ejemplos hay de sobra: la reducción de las becas para posgrado; el cambio de prioridades que ha hecho que el Conacyt ofrezca becas para artes y medicina, pero no para ciencias exactas o ingenierías; el cambio de criterios para que los posgrados que se ofrecen en las universidades y demás instituciones de educación superior del país pertenezcan o no al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt; el desconocimiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y su sustitución por otro cuerpo consultivo ad hoc; la eliminación de la biotecnología como área del conocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); la modificación —a posteriori en algunos casos— de los criterios de aceptación y permanencia en el SNI; el finiquito de 91 fideicomisos para ciencia y tecnología; el retiro de las becas de manutención a casi 250 estudiantes de posgrados en energías renovables; el reemplazo de los integrantes de las comisiones evaluadoras del mismo SNI; y toda una lista interminable de alteraciones que, a veces, resultan hasta contradictorias con la que, se supone, debería ser la misión del Conacyt: apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico de México.
Estas numerosas alteraciones al sistema mexicano de ciencia y tecnología parecen tener la intención de dejarlo todo igual, o peor, con la única diferencia de haber colocado a la cabeza de los distintos programas y procesos a individuos afines al régimen actual. Es decir, más que implementar una mejora en el ámbito de la ciencia y la tecnología de México, más bien parece estar ejecutándose un gatopardismo en su máxima expresión, que entregue a la brevedad el control total de las nuevas clientelas que puedan formarse con los académicos, científicos y tecnólogos de México. El broche de oro podría ser la iniciativa de una nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ya desde diciembre pasado obra en manos del titular del Poder Ejecutivo Federal, y que fue preparada por la directora del Conacyt en la soledad de su oficina en la avenida de los Insurgentes, aunque luego la haya paseado entre sus subordinados para obtener su “libre adhesión”.
Si tal iniciativa llegase a prosperar en los dos meses que aún le restan a la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, ésta haría, entre otras cosas, que el presidente de la República —a través de interpósitas personas— tuviera el control total para decidir qué investigador es necesario y qué investigación es pertinente para México (o buena para el pueblo bueno, o moralmente adecuada o como ustedes quieran parafrasearlo) y quienes, por el contrario, deben ser desterrados de la ciencia para siempre, o cuales investigaciones tendrían que ser frenadas, por ejemplo las que tengan que ver con la generación de energía a partir de fuentes renovables o limpias, o las que puedan señalar afectaciones ambientales o arqueológicas a los ecosistemas de la selva Maya, los manglares de Dos Bocas, o los terrenos en los que se construye la terminal aeroportuaria de Santa Lucía.
Pero si alcanzase a tomar posesión la siguiente legislatura, esta iniciativa oficial bien podría convertirse en un acicate para que la oposición impulse un nuevo sistema de ciencia y tecnología para México. Uno en el que se involucre decididamente a las entidades federativas —Jalisco o Guanajuato, por ejemplo, ya han elevado a secretarías sus anteriores consejos estatales— y a la iniciativa privada por igual, pero que también sea capaz de brindar beneficios tangibles a la ciudadanía.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
