Los gobiernos contemporáneos tienen el gran reto de demostrar, en los hechos, que saben gobernar; más allá de los discursos, de las promesas y hasta de la cercanía física de los políticos con la población, lo importante es contar con una estructura organizacional eficaz y eficiente que garantice poner en marcha acciones enfocadas en atender y resolver las necesidades de su población.
En años pasados, antes de la reforma político-electoral de 1996, el principal cuestionamiento para las autoridades que asumían el poder político era su legitimidad y su legalidad.
Después de dicha reforma, México ha sido otro. La sombra de la duda y del permanente pensamiento del fraude electoral se ha ido erradicando hasta ser, desde mi punto de vista, un asunto resuelto.
Ahora, sin embargo, el principal cuestionamiento a las autoridades es si son capaces o no de bien gobernar. Sabemos que su elección ha sido legítima y legal pero eso no garantiza que sepan ejercer el gobierno.
Gobernabilidad y gobernanza
Todo gobernante debe fijarse, como tarea cotidiana, garantizar la gobernabilidad; esto es, tener la capacidad de actuar eficazmente en el ejercicio gubernamental y reducir el riesgo de conflicto social.
El “termómetro” para la gobernabilidad son las políticas públicas. Si hay acciones y decisiones que benefician directamente a la sociedad, la gobernabilidad estará garantizada. Por el contrario, en la medida en que las políticas públicas estén “desconectadas” del sentimiento popular, en esa medida habrá reclamos, presiones, cuestionamientos y el riesgo de caer en la ingobernabilidad.
Por eso, para reducir este riesgo, es menester que las autoridades superen el viejo esquema que contempla a la ciudadanía como elemento pasivo; receptivo sólo de discursos, sin capacidad de opinar y, menos aún, de decidir.
En su lugar, la sociedad debe ser incorporada al ejercicio gubernamental y no reducirla solamente a la decisión de votar cada tres o cada seis años.
Si los gobernantes saben escuchar, darán pauta para que la sociedad tome decisiones y la administración pública las refleje en políticas públicas. Estamos hablando de una nueva forma de gobernar denominada gobernanza.
Eficiente y eficaz
El gobierno (y sus gobernantes) que actúa bajo estos criterios por sentido común aprende también a ser eficiente y eficaz. Esto significa que sabe administrar los recursos públicos y dirigirlos hacia la ejecución de las políticas públicas requeridas. Pero además, hace las cosas bien y a la primera; esto es, lo hace con eficacia.
Para lograr estas metas, el gobierno debe contar con servidores públicos capacitados, conocedores de lo que deben hacer, éticos y, sobre todo, conscientes de que son ellos los que cotidianamente se contactan con la ciudadanía.
Si la base de la burocracia son trabajadoras y trabajadores que saben hacer su función y lo hacen con sentido social, entonces se cierra el círculo virtuoso del gobierno.
Para lograr estas metas, esto es para contar con este tipo de gobiernos, es muy importante que se reduzca la cantidad de funcionarios públicos que acceden a un cargo por cuestiones políticas, por amistad o por ser familiares. Por el contrario, es fundamental que se eleve el número de quienes están en el servicio público por tener la capacidad que se requiere para el cargo que es propuesto.
La conclusión entonces es que la administración pública debe separarse, cada vez más, de la política partidista.
El mal ejemplo
Vista a través de este cristal, la administración del gobierno federal ha hecho todo lo contrario. Su mal ejemplo hace que el gobierno mexicano implemente políticas públicas que no empatan con la sociedad en general y, por consecuencia, se incrementa el riesgo de que la gobernabilidad se dañe.
López Obrador cree que por haber ganado legal y democráticamente la elección presidencial en automático su gobierno es certero, eficaz, eficiente, popular y está libre de corrupción y amiguismos.
