¿Qué tienen en común el presidente de la república, el gobernador de Sonora, el gobernador de Querétaro y, en menor medida, el gobernador de San Luis Potosí? Que hemos escuchado de ellos, durante los últimos días (digamos que durante noviembre), sólo discursos y el pésame a familiares de las víctimas de la violencia.
¿Se ha imaginado usted el dolor de una familia al enterarse de la pérdida de uno de sus integrantes “sólo” porque la violencia y la delincuencia en el país y en las entidades no se han podido prevenir?
¿Y después de esa lamentable pérdida tener que escuchar de los gobernantes el pésame y el compromiso de que harán caer “todo el peso de la ley” en contra de los responsables; de que en el territorio que gobiernan ya no pasará la delincuencia y que, además, está “blindado”?
Y no es que se dude de esa actuación. De lo que se duda es que con las condolencias o con la detención de los asesinos se resuelva el daño causado a las familias. El hecho real es que nos hemos acostumbrado a tener como única respuesta la serie de declaraciones y de acciones reactivas en lugar de priorizar las acciones preventivas en la cadena de combate a la delincuencia de prevención-persecución-sanción.
Cadena de violencia
Por eso es que buena parte el país se ha convertido en territorio de la delincuencia, por falta de políticas preventivas. Así lo demuestran decenas de casos. Por ejemplo, el de Lizeth, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio queretano de Huimilpan, o el caso de Marisol, asesinada a disparos en el municipio de Guaymas, en Sonora.
El periódico El Universal publicó que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) al menos 11 fueron asesinadas o encontradas sin vida en nueve estados del país.
En el municipio de Huitzuco, en Guerrero, los habitantes fueron advertidos por una organización criminal que no podían transitar después de las 18:00 horas ante el riesgo de ser asesinados por el “toque de queda” que esta impuso. También en este noviembre, elementos de la Guardia Nacional tomaron bajo su mando la seguridad de nueve municipios de Zacatecas que se quedaron sin policías tras los ataques y amenazas del crimen organizado.
En San Luis Potosí, de acuerdo con lo referido por el gobernador Ricardo Gallardo, entre cuatro y cinco cárteles se disputan el control del trasiego de drogas, porque el paso por esta entidad es obligado para la delincuencia organizada que lleva sustancias prohibidas a Monterrey y a diversas ciudades de Estados Unidos.
Por supuesto que los ejemplos pudieran incrementarse, pero me remito a unos cuantos para ilustrar la situación que se vive en México. No es suficiente que gobernadores o alcaldes “presuman” ser el territorio con menor delincuencia o violencia. No son suficientes las condolencias ni “blindar” límites, ni tampoco prometer aplicar “todo el peso de la ley” contra los delincuentes. Es fundamental trabajar en la prevención.
Cuatro pasos
Hace tres años, en la última semana de noviembre de 2018, se celebró en Santiago de Chile la X Semana de la Seguridad, en la que se presentaron diversidad de propuestas preventivas, de las cuales destaco cuatro (publicadas ya en el periódico El País).
1.- En Ecuador se legalizaron las pandillas, convirtiéndolas prácticamente en organizaciones no gubernamentales.
2.- Brindar terapia conductual a jóvenes, como se hizo en Chicago, donde se apoyó a 6 mil jóvenes para continuar sus estudios.
3.- Geolocalización en un mapa que muestra dónde y cuándo se producen los delitos para adecuar el patrullaje policial a estos patrones, como se hizo en Montevideo, Uruguay.
4.- Creación de Tribunales de Tratamiento de Drogas para rehabilitar antes que sancionar, como se realizó en Chile.
No lo es todo, pero valdría la pena intentar hacer algo, ¿no creen? Y por si a alguien le interesa profundizar sobre estas acciones, aquí la liga de la nota periodística. https://elpais.com/elpais/2018/11/29/planeta_futuro/1543493009_616868.html
