REDACCIÓN/LALUPA.MX
Ciudad de México, México, 28 de diciembre de 2021.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación en contra de seis consejeros y del secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), así como en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político la apertura de dichas indagatorias, luego de que se recibieron dos denuncias en contra de los servidores públicos por supuestos hechos irregulares.
La indagatoria sobre los consejeros del INE se inició porque el pasado 23 de diciembre la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados denunció a los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como al secretario ejecutivo de dicho organismo, Edmundo Jacobo Molina, por los delitos de coalición de servidores públicos y abusos de autoridad, que supuestamente cometieron en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.
Respecto a Santiago Nieto, la carpeta de investigación en su contra se inició hace dos semanas, por una denuncia anónima en contra de dicho exfuncionario por supuestas irregularidades en su patrimonio. En concreto, se le señala de haber adquirido cuatro propiedades y un vehículo de lujo, cuyo monto superaría sus ingresos. El delito de enriquecimiento ilícito, del que lo acusan, puede alcanzar una pena de hasta 14 años y amerita prisión preventiva si hay indicios suficientes para abrir un proceso penal contra el implicado.
La FGR solicitará la colaboración de otras dependencias federales y bancarias con la finalidad de profundizar en el análisis del patrimonio de Santiago Nieto.
En caso de no haber evidencia inicial que sostenga que realmente ocurrieron delitos y que las personas denunciadas lo cometieron, la FGR puede cerrar los casos definitivamente. Durante la fase de investigación inicial los probables responsables, si así lo desean, pueden presentarse voluntariamente a conocer el expediente o incluso rendir una declaración ministerial.
Sobre la denuncia contra los consejeros del INE, los afectados emitieron un posicionamiento oficial unánime en el que sostuvieron que “las diferencias de criterio no deberían ameritar una persecución penal”. Acusaron que se trataba de una “acción injustificada”, intimidatoria y “sin sustento jurídico” que atentaba contra la autonomía del organismo.
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Con información de Animal Políticos
