A pesar de que pienso que el gobernador de Querétaro puede tener razón en sus argumentos para justificar el cobro de nuevas placas para la circulación de los vehículos, se ha equivocado en los tiempos, las formas y el lenguaje usado para comunicar esta decisión.
Tampoco ha sido la más adecuada coyuntura social y política durante la cual se ha informado a los propietarios de vehículos que, “de la nada” y sin decir “agua va”, tendrán que pagar un nuevo impuesto (a pesar del compromiso realizado en campaña de no crear más cargas impositivas).
Estamos en el entendido de que quien aprobó la medida fue el Poder Legislativo, pero que fue el Poder Ejecutivo quien la defendió.
Coyuntura negativa
Se anuncia justo en los días en que los contagios de coronavirus registran un alza exponencial y después de largos 20 meses que la sociedad ha luchado contra efectos de la pandemia como el cierre de negocios, despidos y elevación de gastos por la permanencia en confinamiento domiciliario.
Se confirma este nuevo pago impositivo justo al cierre de 2021, que concluyó con una inflación de 7.3 por ciento, la más elevada desde hace 21 años, sólo superada por la del año 2000, cuando fue de 8.96 por ciento.
Y por si fuera poco se hace en enero, mes en que llega la obligación de cubrir lo correspondiente al pago del Impuesto Predial y el regreso a clases presenciales, lo que implica un gasto más en útiles escolares, en transporte y en uniformes. Cualquiera de estos elementos debió de haber pesado más, mucho más, que los argumentos esgrimidos para proponer esta medida.
Sin embargo, pareciera que fue al revés, que pusieron por delante la idea de que el gobierno cuenta con un bono de aceptación o de aprobación muy alto y por eso consideraron que el impacto negativo de la medida podría ser absorbido sin pérdidas graves de popularidad.
Me parece que la apuesta ha sido muy arriesgada, sobre todo por dos de los argumentos esgrimidos por el gobernador para justificar la determinación: Uno, que es una medida por la seguridad de los ciudadanos; y dos, preferir las críticas por hacer algo en lugar de las críticas por hacer nada.
Y si bien podríamos aceptar (sin conceder) que la lógica acompaña a los argumentos, no hace lo mismo con los tiempos, con los contenidos ni con las etapas de comunicación.
Cuándo comunicar
Expresiones como “a nadie nos gusta pagar impuestos”, “la seguridad jurídica nos cuesta a todos”, “el costo es barato o caro según quién lo vea” o “no es fácil (pagar impuestos), lo entiendo” más que ayudar a comprender la medida son más propensas a exacerbar los ánimos, pues suenan más a clichés justificativos (“pues ya ni modo y ahora se aguantan”) que a una verdadera identificación o entendimiento de las necesidades de los contribuyentes.
Dar a conocer todos los argumentos que sostienen la medida impositiva, después de que esta fue anunciada oficialmente, es más una reacción frente al rechazo ciudadano que una política pública planificada (lo que implicaba que primero se explicara a la gente qué se pensaba hacer y las razones del hecho y no al revés, como ha sucedido).
Incluso se pudo argumentar que era una medida para desincentivar el uso intensivo del transporte privado en favor del público, pero como no existe (o no se ha difundido públicamente) un Plan Estatal de Movilidad, hubiera sido más cercano a una expresión tan falsa como una moneda de tres pesos.
Platos rotos
Las políticas públicas son acciones que reclaman o necesitan los ciudadanos, o aquellas de las que se convence que valen la pena y, por ende, ejecutan los gobiernos para el bien común; lo contrario son las acciones que emprenden los gobiernos por decisión propia, sin socializar ni informar con antelación a la población y sin tener certeza de su beneficio. El resultado de esta forma de actuar es el daño a la empatía gobierno-ciudadanía, deterioro del bono de confianza y, sobre todo, hace pensar al ciudadano en una revancha en el único terreno que puede: el electoral.
