Esta semana empieza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso federal y no son pocos los temas que se dejaron pendientes para votación, algunos de ellos tienen que ver con la agenda política del presidente López Obrador y otros varios con el Poder Judicial, así como con la impartición de justicia electoral en los estados. Será sin duda unos meses que vendrán cargados de estrategias y cabildeo entre legisladores y los operadores del gobierno federal, encabezados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ha resultado ser un operador político confiable, con fuerza pero también con mano izquierda.
El primer asunto por definir entre el Congreso y el gobierno federal será si la reforma eléctrica, pieza fundamental en la transformación al sector energético de este gobierno, será llevada al pleno para su votación en este periodo de sesiones que empieza el 1 de febrero y que acaba el último día de abril. Por lo pronto el parlamento abierto ya se está llevando a cabo, espacio para la participación de expertos, académicos, empresarios y en general particulares involucrados en el tema. Los diputados del PRI, cuyos votos son esenciales para la aprobación por mayoría calificada de la reforma constitucional, han dicho que no están dispuestos a votar la reforma en este periodo, sino hasta el siguiente, es decir, después de las elecciones, lo cual se entiende por dos razones, buscan no pagar los costos políticos con sus militantes y simpatizantes de apoyar la propuesta del gobierno, pero también sin duda, esperando alguna recompensa por sí hacerlo.
El Poder Judicial de la Federación también espera el nuevo periodo de sesiones para que, en particular, el Senado, designe a la o él nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal, importantísimo órgano de administración que tiene, entre otras facultades, la de designar a magistrados de Circuito y jueces de Distrito; resolver su ratificación, adscripción y remoción. Lo anterior no es cosa menor ante este proceso de cambio que implica la reciente reforma al Poder Judicial que elevó a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género, y que apuesta, de acuerdo con el propio presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar, por la paridad y la igualdad sustantiva y por un perfil diferente de juzgadores y juzgadoras federales “más modernos, más comprometidos con la gente, con mayor sensibilidad social y humana”, compromiso este que recae directamente en las decisiones colegiadas del Consejo de la Judicatura, compuesto por siete consejeros y que este año podría ser, por primera vez en su historia, integrado por tres mujeres y tres hombres, siendo el presidente de la Corte el que inclinará la balanza en favor de un genero u otro.
Otro pendiente también del Senado es nombrar a magistrados electorales en 17 estados de la República, lo cual requiere mayoría calificada, lo que implica un trabajo político muy fino para poder dejar la claridad de haber elegido los mejores perfiles, evitando las negociaciones partidistas que pudieran derivar en las reparticiones de afines que nada abonan a la democracia y a la justicia. Así, estas designaciones deberán darse en las primeras sesiones del periodo, tomando en cuenta la importancia de que los tribunales electorales funcionen con la totalidad de sus magistrados, particularmente en aquellos estados donde se celebrarán elecciones en junio de este año. El próximo periodo legislativo será sin duda, uno lleno de trabajo y cabildeo en temas trascendentales para la nación, para la justicia y la democracia.
