¿Cómo creer y confiar que con una nueva ley no habrá violencia hacia periodistas? – Mariana Chávez *

1. Antecedentes

• El 25 de junio de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas[1]
• En el artículo 46 de esa ley[2] se establece que la federación y las entidades federativas celebrarán convenios de cooperación para hacer efectivas las medidas contempladas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Esos convenios representaban implementar acciones conjuntas para facilitar la operación del mecanismo federal.
• El 8 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación general número 24[3]a la extinta PGR, gobernadores, presidentes municipales y secretarios de Seguridad Pública de los estados, solicitó crear protocolos para la prevención e intervención ante posibles agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, así como crear un atlas de riesgo, mientras que a fiscales, procuradores, gobernadores y presidentes municipales, recomendó capacitar a servidores públicos sobre lo que representa la actividad periodística para no vulnerar sus derechos.
• El 17 de mayo de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto[4], junto con el entonces presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera anunciaron en el marco de la reunión extraordinaria de ese organismo, la creación de un protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establecía la creación de Unidades Estatales de Protección (UEP)[5].
• Ese anuncio fue en un contexto donde en México se habían presentado 11 asesinatos de periodistas en un solo año[6] y previo a que el entonces relator de la ONU, David Kaye y el relator de la CIDH, Edison Lanza, realizaran una visita de evaluación sobre la libertad de expresión en México, que se concretó en noviembre de 2017, y cuyo informe, lo presentaron en diciembre de ese año.
• Hasta 2018, 15 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, y Veracruz) de las 32 entidades del país, contaban con una ley en materia de protección, o para otorgar apoyos y sobre el secreto profesional. Aclaro que estos datos fueron recopilados por una servidora y se tienen que actualizar para saber si algún otro estado ya cuenta también con una ley en la materia o similar.
• Hasta el 2021 de las 32 entidades del país, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, sólo en 12 había Unidades Estatales de Protección para realizar un trabajo coordinado con el federal.
• Específicamente en Querétaro está la Ley del Secreto Profesional del Periodista, publicada el 6 de julio de 2012.
• Llama la atención el caso de Veracruz, que tiene seis ordenamientos legales relacionados con la protección, capacitación, e integración de un colegio de periodistas, hasta la entrega de un terreno para la asociación de ese gremio, y paradójicamente es donde se han presentado numerosos asesinatos de comunicadores.
• Guerrero, por ejemplo, tiene una ley de fondo de apoyo a periodistas que se traduce a la entrega de viviendas y diversas prebendas.
• Varias de las leyes tienen esa característica, es decir, se traducen en “apoyos”. Sin embargo, desde mi punto de vista, protección no debe ser sinónimo de brindar prebendas porque no soluciona el fondo de un problema.

2.- Desconfianza por omisión

• Lo anterior refleja que con todo y las leyes, tanto la federal como la de algunos estados, la existencia de un mecanismo federal de protección, continúan los asesinatos hacia los periodistas y defensores de los derechos humanos. Entre 2012 y 2020, un total de 20 periodistas fueron asesinados a pesar de que estaban en el mecanismo de protección[7]. Queda claro que un mecanismo como tal no detiene toda esta ola de violencia existente en el país.
• La organización Reporteros sin Fronteras (RsF) en su más reciente informe titulado “Bajo Riesgo. Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, señala que el mecanismo no está articulado entre los distintos organismos de gobierno para su adecuada operación, carece de personal y de presupuesto lo que provoca que atiendan medidas hasta un año después de solicitadas. En este documento, también se señala que los escoltas y analistas de riesgo no están debidamente formados sobre las especificidades de cada localidad. No es lo mismo el tipo de violencia o presiones o intimidaciones que se llegan a registrar en Querétaro a lo que ocurre en Michoacán.
• Ante un mecanismo que no opera de forma adecuada, el gobierno federal, anunció la creación de un sistema nacional de protección basado de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con obligaciones para las entidades y municipios. Los foros de diálogo iniciaron el 20 de enero pasado. Están contemplados en Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Querétaro no está en la lista.
• Hay señalar también que el 29 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó “Quién es quién en las mentiras” una estrategia de estigmatización en contra de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que a su parecer difunden información falsa que alienta los ataques contra la prensa.

Y que a pesar de que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarea, solicitó al gobierno federal que lo suspenda, no hay respuesta. También pidió al presidente que los reciba y explique cuál es la metodología utilizada sin obtener una respuesta[8].
Si el presidente no atiende a este organismo internacional, entonces ¿cómo creer y confiar que con una nueva ley no habrá violencia hacia periodistas? Cuando también se ha señalado de forma reiterada que existe un alto nivel de impunidad porque no se resuelven los casos de asesinatos. Todo queda detenido en las Fiscalías.

¿Cómo creer y confiar? Si los principales agresores de los periodistas son las propias autoridades que están encargadas por ley a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión; a la transparencia y acceso a la información y el derecho a estar informado.
¿Cómo creer y confiar? Si en la historia de nuestro país hemos pasado de casos desde el chupacabras hasta el de una niña presuntamente desaparecida que, al final, las mismas autoridades que la estaban buscando aseguraron que supuestamente habían hallado su cuerpo, más de una semana después, a los pies de su cama.

Queda claro, pues que con todo y que se solicite que no se incurran en teorías de conspiración, que eso no pasa. Es difícil creer. Hay desconfianza hacia las autoridades. Un ejemplo más reciente, es lo sucedido en el estadio Corregidora. Por más que el gobierno insista y quiera convencer a la gente que no hay muertos, hay voces de incredulidad.

Y ahí, en ese terreno de incredulidad y desconfianza caminamos periodistas y medios de comunicación. La gente no nos cree. No confía en nosotros. Esto también me parece que es derivado de problemas estructurales en el periodismo por relaciones clientelares entre gobierno, anunciantes y propietarios de medios de comunicación que provocan subordinación de las líneas editoriales o de los contenidos.

También por prácticas en que los contenidos se basan principalmente en declaraciones de funcionarios o está focalizada hacia algunos actores políticos en detrimento de los ciudadanos. Eso provoca sesgos informativos o coberturas también focalizadas que sólo les favorece a determinados gobernantes o a los partidos en el poder. Es decir, se informa de ellos para ellos, no para que los ciudadanos tengan información de utilidad para la toma de decisiones en libertad.

A eso se le agrega la limitante del acceso a la información que aumentó en la pandemia de Covid-19 y que conlleva a retomar los datos de los comunicados de prensa, de videos provenientes de las oficinas de comunicación gubernamental y lo que circula en las redes sociales, además de la precariedad laboral con salarios bajos, falta de prestaciones y hasta falta de contratos que genera que se tengan dos a más trabajos a la vez que merma en la calidad y la repetición de los contenidos informativos.

Yo diría que todo este panorama y ambiente adverso hacia periodistas y defensores de derechos humanos es porque las autoridades no han asumido su responsabilidad de garantizar lo dice la Constitución[9]. Aunque en el discurso contantemente hablen de respeto, libertad de expresión. En la práctica sucede lo contrario. Siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Lo que cambian son las formas. Antes quizá era más velada, hoy es directa, de confrontación con nombre y apellido. Sí, tampoco podemos perder de vista y no podemos negar a la llamada prensa militante que los gobernantes también buscan tener. Lo que en el ideal no debe suceder.

Me parece que hace falta voluntad porque el poder desde el gobierno busca influir, a través de omisiones y distintas formas de presión, en las decisiones de los actores sociales de modo que se favorezcan los intereses de quien tiene el poder, cuando debería de ser una forma de servicio a través del diseño de políticas públicas.

Me parece que hace falta voluntad de atender su responsabilidad porque buscan convencer o imponer su ideología y para ello requieren de los medios de comunicación, a pesar de que la Constitución y la Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión indican que tanto en medios públicos como privados se debe de brindar información plural.

Por eso, el panorama y clima de violencia hacia periodistas en México, me parece que está vinculado a la acción u omisión de las autoridades para atender un problema de fondo, pues como se mencionó ningún mecanismo y ley será suficiente para evitar los asesinatos y agresiones porque, además, me parece que en el país estamos ante la cultura de la violencia con la normalización, aceptación y hasta la idea de protección proveniente de la delincuencia organizada.

Ante este panorama donde México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo[10]. ¿Qué hacer?

3.- Propuestas

Me parece que la solución está en nosotros y nosotras. No esperar que la solución sólo venga de las autoridades. Porque el periodismo es el medio para llevar información a la audiencia, pero también es crítica y generador de opinión pública, no el aplaudidor de las autoridades, gobernantes, empresarios en turno.

Al final es lo que ellos quieren. Recordemos a Enrique Peña Nieto con la frase de ustedes no aplauden o el de Vicente Fox, cuando le dijo a una señora que estaba bien que no leyera periódicos y el de Andrés Manuel López Obrador que me parece que quiere una prensa militante.

Me parece que no es suficiente que existan asociaciones o entidades encargadas de organizar y entregar reconocimientos a la labor de periodistas. No estoy diciendo que no se haga, pero creo que la labor va más allá que eso.

Las propuestas son las siguientes:

1. Agruparnos en colectivos y generar redes con organizaciones a nivel nacional e internacional (ejemplo, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras).
2. También buscar vinculación con organismos internacionales (ONU-CIDH)
3. Vincularse con universidades.
4. Crear y participar en foros de nosotras para nosotros en donde se discutan acciones y aspectos de mejoras. Porque me parece que también tenemos que entrar en la autocrítica para mejorar. Considero que sí estamos fallando. Se llegan a cometer abusos en aras de la libertad de expresión.
5. Interesarnos en la capacitación y actualización continúa.
6. Generar nuestros propios protocolos y mecanismos de protección independiente al de las autoridades como un acompañamiento a la persona agredida o intimidada y en donde se establezca qué entendemos desde presión hasta agresión relacionada con la actividad periodística.
7. Solicitar el apoyo de las Universidades en donde también podamos participar para la integración de observatorios del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas; de medios de comunicación y/o de la libertad de expresión para registrar la acción u omisión de las autoridades.
8. Generar campañas de alfabetización periodística, pues en nuestro papel de comunicar me parece que también estamos fallando porque nos falta que le digamos a la audiencia qué representa el periodismo y cuál es el papel de las y los periodistas ante esta ola de estigmatización en la que nos encontramos.
9. Vincularse con expertos en derechos laborales para exigir un adecuado salario con prestaciones y realizar desde diagnósticos para determinar cuál es el salario idóneo. No se puede perder de vista que las empresas de medios de comunicación también están en un panorama adverso, pues se diversificó la publicidad y el consumo informativo está en las redes sociales donde los principales ingresos son para Facebook y Google, sin que estos produzcan contenidos en medio del riesgo que la actividad periodística se convierta en el acomodador o el encargado de empaquetar lo que circula en las redes sociales.
10. Que las empresas de medios de comunicación observen que el modelo de negocio cambió y sean aliados al contratar a profesionales. Me parece que las presiones también vienen desde adentro de la casa laboral. De eso casi no se habla por miedo al perder el trabajo o perder la oportunidad de tener un espacio en donde se pueda publicar.
11. Participar, conocer, vigilar y aportar propuestas en los recientes intentos de reformas o nuevas leyes en materia de protección federal.
12. Participar en estudios vinculados a la academia en la búsqueda de respuesta y posibles soluciones para mejorar la actividad periodística.

Conclusión

Estas 12 propuestas me parece que son para sumar y para exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad y su labor de servicio. No se trata de pedir un trato preferencial, porque se genera la idea de que eso buscamos. No hay que perder de vista que está en juego el estar debidamente informados, entendida la información como la obtención y la difusión de datos e ideas que generen conocimiento para la toma de decisiones en libertad.

Así que, si se agrede a un periodista, se le limita, o se le calla, se le quita la oportunidad a la audiencia de saber y tomar decisiones en libertad.

La agresión hacia periodistas o el limitar la información sólo beneficia a los gobernantes en turno de las distintas fuerzas políticas. La división y la violencia es una fórmula que da como resultado la obtención de poder absoluto y manipulador para que los ciudadanos actúen en función de los intereses de quienes tienen ese poder.

Y ahí es donde está el reto. Que el periodismo en realidad sirva a los intereses de los ciudadanos de a pie sin confundir el dar voz con ser voceros. Sé que es o parece utópico por todo lo que representa, sobre todo porque el miedo paraliza y efectivamente sí da miedo. El panorama es tan adverso que se está llegando al grado que algunos estudiantes de Comunicación y periodismo no opten ya por el área de especialización de periodismo, a diferencia de otros campos, precisamente por los niveles de violencia y por los bajos salarios. Eso lleva a preguntar: ¿Quiénes serán los periodistas del mañana?

Los retos son mayúsculos, pero me parece que debemos empezar por nosotras y nosotros para actuar y exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad y labor de servicio al involucrarse e incidir para mejorar o integrar nuevos mecanismos o leyes de protección, pero de forma vinculada e integral.

[1]Ley protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (2012) consultado el 10 de marzo de 2022 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf

[2]Ibid

[3]CNDH (2016) Recomendación General No. 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.

[4]Segob (2017) Discurso del expresidente Enrique Peña Nieto. (Archivo)

[5]Protocolo de coordinación nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (archivo)

[6]Artículo 19 (9 de marzo de 2022) Asesinato de Juan Carlos Muñiz resalta la precariedad laboral y la escalada letal de violencia contra periodistas. Consultado el 10 de marzo de 2022 en: https://articulo19.org/asesinato-de- juan-carlos-muniz-resalta-la-precariedad-laboral-y-la-escalada-letal-de-violencia-contra-periodistas/

[7]Reporteros sin Fronteras (2022) Bajo Riesgo. Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina. Unesco.

[8]Tourliere, M (1 de febrero de 2022) Exclusiva: relator de CIDH pide detener “Quién es quién en las mentiras” por violencia a periodistas”. Revista Proceso. Consultado el 10 de marzo de 2022 en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/2/1/exclusiva-relator-de-cidh-pide-detener-quien-es-quien-de- las-mentiras-por-violencia-periodistas-280177.html

[9]ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6.

[10 Dato de RsF

*Ponencia presentada por la autora en el Foro ¿Por qué deberían ir más periodistas a los diálogos por otra Ley de Protección?, organizado por el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico y lalupa.mx, que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad, el viernes 11 de marzo. Título de la redacción

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José Antonio Gurrea C.