Como todos sabemos, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha impuesto sanciones económicas y financieras de consideración al régimen de Vladimir Putin, probablemente las sanciones más graves que se hayan implementado en épocas recientes. Tal medida disuasoria puede analizarse desde una doble perspectiva, positiva-negativa.
Desde el punto de vista positivo es claro que las sanciones económicas comprometen al país agresor sin necesidad de un enfrentamiento directo. Con esta perspectiva, se ahorran las valiosas vidas de los soldados de las naciones en conflicto, se evita una escalada del enfrentamiento y se golpea al país que se considera agresor en sus bolsillo, directamente en su medio de subsistencia.
Así, se le compromete en cuanto a la posibilidad de que pueda seguir librando una guerra eficaz al atacar a sus fuentes de suministro, con lo que se afectan los movimientos masivos de tropas, ya que al escasear los combustibles se limitará la movilidad de las unidades blindadas, de las rampas de lanzamiento de misiles, de la aviación o de las cadenas de suministro de los grupos de ataque; además, se afecta con ello la capacidad tecnológica de la nación sancionada, algo esencial hoy en día, pues se obstaculiza la correcta comunicación entre diferentes sectores del ejército o el funcionamiento de armas dirigidas por medios remotos y, en definitiva, ata una mano a la espalda al agresor, limitando su efectividad en el campo de batalla, todo a un precio relativamente bajo para quien las impone.
Sin embargo, las sanciones tienen un claro aspecto insidioso del que poco nos ocupamos al analizar la aparente justicia de la medida, y es el hecho de que las mismas prácticamente nunca han sido suficientes para terminar un conflicto internacional y, también, se dirigen por vía indirecta a la población del Estado sancionado, con el claro objetivo de afectar su medio de vida y provocar con ello inestabilidad social, que acabe por pasarle factura al régimen.
Respecto al primer aspecto, vemos que la lista de países sancionados comprende a Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, pero en ninguno de esos casos las sanciones han podido afectar terminalmente a los regímenes contra los que se dirigen; todos siguen en el poder y sus políticas represivas continúan afectando a sus poblaciones, que han sido, obviamente, las únicas perjudicadas por las sanciones, ya que las élites no padecen privaciones en ninguno de estos casos. Siempre hay alguien dispuesto a violar dichas sanciones y, finalmente, las sanciones tienden a provocar una desarticulación en la población que impide o dificulta que sus reclamos sociales encuentren una vía de acceso efectiva contra el régimen.
Cabe preguntarnos pues si este esquema de sanciones internacionales, aunque en apariencia benéfico, es a la larga útil para terminar con éxito una agresión como la que Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania.
