Era mayo de 2011, el escenario por demás inmejorable, la Casa de las Diligencias en el Centro Histórico de Toluca. Allí se realizó un foro para hablar de protección de periodistas en situación de riesgo y entre los invitados al evento estaban colegas de Guerrero que hablaron de lo que han considerado un buen modelo de protección de periodistas, que es la Ley 463.
Esta ley 463, se llama en realidad “para el bienestar integral de los periodistas del Estado de Guerrero” y desde su publicación en 2002, creó el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) operado y administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, que reparte dinero público para gastos médicos, becas escolares, vivienda, préstamos a fondo perdido, seguros de vida y una pequeña parte para capacitación.
En aquel foro de 2011, luego de la participación de mis colegas de Guerrero, con quienes mantengo una estrecha amistad, tocó mi participación y les expliqué que esta ley no era una buena ley y di mis motivos.
Las y los periodistas no somos personas especiales y por lo tanto no deberíamos tener leyes especiales. ¿Por qué no hay una ley así para taxistas, para los clavadistas de La Quebrada o para las señoras de las quesadillas?
La ley 463 sólo ha generado relaciones perversas entre algunos periodistas y el gobierno, y terminó “legalizando el chayo”. Es difícil hacer periodismo independiente cuando se recibe dinero público.
Este marco jurídico que periodistas ven como un logro gremial, en realidad ha sido un premio para las empresas mediáticas que, de facto, dejaron de contratar formalmente a periodistas y se han ahorrado miles de millones de pesos durante dos décadas, porque no pagan cuotas al IMSS o al Infonavit ni pagan por capacitación ni ninguna prestación para sus periodistas.
Los empresarios de medios en Guerrero tienen el mejor pretexto para endurecer la de por sí jodida precariedad laboral de periodistas. ¿Por qué debo darte prestaciones si ya el FAP te da todo eso?
Crear esquemas de pensiones y bienestar para periodistas es corrupción disfrazada de política pública y sólo beneficia a las empresas de medios. Querer dar pensiones a periodistas en vez de garantizar sus derechos es un error, venga de donde venga.
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