Por espacio de un mes se ha prolongado la crisis del 5 de marzo, causada por la gresca en el campo de futbol del estadio Corregidora. Fue hasta este domingo 3 de abril cuando el gobernador de Querétaro decidió dar a conocer la destitución de los dos cabezas de sector y de la cadena de mando de las dependencias responsables de brindar seguridad y protección a la ciudadanía.
Imagino que no fue nada fácil para el mandatario decidir retirarlos de sus cargos pues, a fin de cuentas, uno venía trabajando con él desde que el gobernador era presidente municipal de Corregidora; el otro forma parte del equipo de quienes lo asesoran en el aspecto de la seguridad.
Todo estaba claro
Por eso creo que en parte se retrasó la decisión de destituirlos, pues desde el día siguiente de la trifulca, el domingo 6 de marzo, el mandatario estatal ya había reconocido que “el estado de la fuerza pública fue insuficiente y no se actuó con la prontitud que ameritaba”. Dicho en otras palabras, hubo omisiones y negligencia.
En ese momento, el gobernador no pensaba en la destitución de ninguno de los dos funcionarios, pues a los dos (al de Seguridad Ciudadana y al de Protección Civil estatal) pidió “…brinden hoy (un informe) señalando las omisiones en las que pudo haber incurrido la autoridad”.
En lugar de suspenderlos en el cargo, por ser titulares de las dependencias responsables, les pidió que informaran cómo habían actuado las fuerzas a su mando. Los dejó ser juez y parte.
La crisis no se forjó sólo con estos elementos. Hubo, además, un segundo momento, cuando los diputados del PRI y de Morena solicitaron la comparecencia ante comisiones del Congreso local de los dos funcionarios referidos para que explicaran qué había sucedido.
El error mayor fue la postura de los diputados del PAN quienes “a sangre y fuego” se opusieron a que se realizara dicha comparecencia. Fue hasta que el gobernador dijo públicamente que tenían que comparecer ante los legisladores que los panistas cambiaron de opinión.
Y aun así, trataron por todos los medios de que dicha comparecencia fuera lo más “suave” posible, al grado de que el diputado designado como moderador (del PAN, obviamente) actuó más como abogado defensor de los comparecientes que como organizador del encuentro.
Esta actuación me hace pensar que no querían que se supiera que hubo negligencia, omisiones o irresponsabilidad de parte de los dos colaboradores del gobernador, pues suponían que podría repercutir negativamente entre la ciudadanía y que la imagen del gobierno (panista) se dañara.
Tercera etapa
En realidad, esta etapa comenzó desde el inicio del problema: el discurso institucional se centró en la idea de dejar sentado que no hubo personas fallecidas a causa de la zacapela y a difundir la actuación, pronta y expedita, de la Fiscalía General del Estado, dejando en segundo plano el aspecto político.
El gobernador lo dijo enfático, dirigiéndose a los partícipes en el conflicto: “Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos vergonzosos… criminal: no me importa dónde estés, voy a dar contigo”.
Sin embargo, hasta el momento no hay un solo detenido de las barras del Atlas, quienes por supuesto también golpearon a varias personas.
Pendiente
En la conferencia de prensa del domingo 6 de marzo en la Casa de la Corregidora estuvo presente el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, como símbolo inequívoco de que el gobierno municipal también tenía que ver con el problema y con su solución. A la fecha, nada sabemos de investigaciones en dicha instancia gubernamental; si las hay, no se conocen los resultados de las mismas.
La crisis debe finiquitarse cerrando todos los espacios en los que la duda ciudadana pueda entrar. Esto significa que el gobierno siempre debe garantizar que haya certidumbre en sus acciones, para que exista confianza en la administración y, por ende, se garantice la gobernabilidad.
No obstante, no todo ha sido así.
