Las peores respuestas que un gobierno puede brindar sobre un problema de política pública son mentir, ignorar o culpar a otros de la ineficiencia gubernamental para resolver. En ese error incurrió, hace 15 días, la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Querétaro.
El motivo fue la presentación de los resultados de la encuesta del Inegi sobre la percepción de inseguridad de la ciudadanía. El instituto reportó que, de marzo de 2021 a marzo de 2022, las y los queretanos que dijeron sentirse inseguros en la ciudad en la que viven pasó de 40.5 a 48.1 por ciento.
Seguidilla de gazapos
Dicha dependencia, su titular, afirmó que esa percepción se obtiene con base en noticias de redes sociales y la televisión. “De esta manera –dijo– la gente recibe la información y emite su opinión acerca de cómo se siente, y si únicamente observa eventos de esta naturaleza, esa información, es lo que genera esa sensación y emite su opinión”.
Lamentablemente, el funcionario responsabilizó a los medios de comunicación del incremento en la percepción ciudadana de inseguridad y no, como es, a varios factores que influyen para formar esa multicitada percepción.
Además, el funcionario no fue empático con las víctimas de la inseguridad. Su declaración borró de un plumazo a quienes han vivido en carne propia los estragos de la delincuencia y la violencia.
En esa lógica, tampoco asumió su responsabilidad institucional frente a la percepción citada, lo que impidió que explicara qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se hará. No convocó a la unidad y, menos aún, a “hacer equipo”. Fue, por donde se le vea, un pésimo pronunciamiento.
Tergiversación de mensajes
La otra cara del problema es el discurso institucional gubernamental (estatal y municipal) que se manda a la ciudadanía y el mensajero del mismo. Parece ser que la única voz es la del gobernador del estado.
Me parece que de manera intencional (como estrategia) han dejado que la prevención (que corresponde a las policías municipales) se diluya por el discurso de la persecución del delito.
En lo que ha transcurrido de la presente administración estatal y en cada ocasión que ha sucedido un hecho delictivo que hace reaccionar a la ciudadanía (sobre todo en redes sociales), el mensaje institucional es asumido por el gobernador. Con puntualidad, empatía y sentimiento, invariablemente ha dicho que se castigará a los culpables, que ningún delincuente podrá mantenerse impune, que se aplicará la ley hasta las últimas consecuencias.
Ha pedido las penas más altas para quienes han agraviado a la sociedad queretana y hasta ha advertido a los delincuentes que no descansará hasta detenerlos.
Todo este discurso tiene que ver, como digo líneas arriba, con la persecución del delito, pero no con la prevención. Este es el problema en la comunicación política gubernamental.
Se ha provocado que sea el gobernador el único interlocutor con la sociedad cuando se trata de asuntos de inseguridad; se ha permitido (o se ha querido) que él cargue con todo el discurso y “dé la cara” en cada ocasión grave en lugar de “elegir sus batallas”, de delegar vocerías en su gabinete e, incluso, de involucrar a los presidentes municipales o a sus secretarios de Seguridad.
Ha sido el caso de los sucesos violentos del 5 de marzo en el estadio Corregidora, del homicidio y agresión de la niña Victoria Guadalupe y del ataque a la señora en Valle de Juriquilla, entre otros.
Prioridad
Entiendo que la prioridad debe de ser (y es) la prevención y que se trabaja en ese rubro de manera permanente. No obstante, también entiendo que cada vez que surgen cifras o datos negativos en el tema de la seguridad a ningún gobierno le gusta aceptar que el problema crece, a pesar de que es, infortunadamente, un fenómeno nacional.
Por eso es fundamental que se “agarre al toro por los cuernos”. Mentir, negar, esconderse, conduce a la desconfianza e incertidumbre ciudadana. No hay que olvidarlo.
