En nuestro país, el acceso a los cargos de representación popular se lleva a cabo conforme reglas específicas que tienen como finalidad garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas, realizadas al amparo de un sistema democrático que privilegie un mejoramiento económico, social y cultural.
Ese cuerpo de normas electorales no es reciente, su primer antecedente contemporáneo es resultado del movimiento revolucionario y del proceso de reconfiguración del Estado mexicano que siguió a la lucha armada, cuyas bases se plasmaron en la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917 y en la primera Ley Electoral del 6 de febrero de ese mismo año.
Tanto la Constitución, como las normas electorales han sufrido múltiples modificaciones motivadas por distintas causas, sin embargo, una de ellas que ha sido constante objeto de reflexión, es el contexto de desigualdad social existente en nuestro país a través de los años y que ordinariamente, después de la conclusión de los procesos electorales, pone en la mira “la urgencia” por generar cambios en el sistema de renovación de autoridades.
Entonces, ¿no es novedosa la presentación de una reforma electoral?
No lo es, porque a lo largo de la historia han existido otras, cuyo objetivo ha sido fortalecer el régimen democrático, delineado desde aquel 5 de febrero, a través del perfeccionamiento de reglas que nivelen oportunidades de participación real, generen un piso parejo en la competencia, potencien derechos humanos y permitan reducir esa brecha de desigualdad a la que me he referido, a través de gobiernos sólidos y legítimos.
Dotar de autonomía, independencia y especialización a las autoridades electorales ha sido fundamental para la consolidación democrática nacional, pues durante gran parte del siglo XX, la organización de las elecciones le correspondía al Poder Ejecutivo, después, a la “Comisión Federal de Vigilancia Electoral”, creada en 1946, que pasó a ser la “Comisión Federal Electoral”, pero que, preservó la injerencia de dicho poder al contemplar entre sus miembros a integrantes del gabinete presidencial.
En 1990 se creó al “IFE”, bajo el control de la Secretaría de Gobernación, dotándolo de autonomía en 1996, al establecerse que sus integrantes debían proponerse por los grupos parlamentarios y aprobarse por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
En 2014, la reforma da paso al “INE”, misma que atribuyó actividades importantes en la organización de elecciones locales y creó la figura de los “OPL”, antes llamados “Institutos Electorales locales”.
La nueva propuesta de reforma, presentada por el Ejecutivo Federal, incluye la creación del “INEC” (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), elección de consejerías mediante voto popular, desaparición de los “OPL” que incluye la federalización de las elecciones, implementación de voto electrónico, así como cambios de gran calado en el financiamiento a partidos políticos y en la integración de los órganos legislativos.
Además de la propuesta del Presidente de la República, sin duda habrá otras con elementos que resultarán coincidentes, divergentes o incluso inconciliables. Lo relevante será analizar nuestro sistema electoral e identificar objetivamente las figuras que funcionan y las que no, lo que ineludiblemente incluye una justificación económica al pretender reducir costos en la renovación de autoridades; sin embargo, es imperativo revisar con ojo crítico e histórico si los beneficios serán mayores a las desventajas, centrando la discusión en el impacto que traerá al avance dado en materia de fortalecimiento democrático y tomando en consideración la compleja y especializada tarea de las autoridades como el “INE” y los “OPL” de organizar elecciones de calidad, que hoy cumplen cabalmente con el mandato constitucional de ser libres, auténticas y periódicas.
