Hay dos reglas básicas en la comunicación política que siempre se deben tener en cuenta en el ejercicio de gobierno: una sostiene que gobernar es comunicar. La otra, que entre los gobernados la percepción es realidad.
Ambos principios tienen como elemento en común que desde el gobierno se debe responder el qué, el cuándo y el cómo se informa de sus acciones y posiciones.
De esta manera, los gobernantes tendrían que hacer su trabajo pensando en garantizar el derecho de la ciudadanía de ser informada sobre lo que hacen aquellos en su función pública. Y si el gobierno no le informa, pues los gobernados se enterarán por otras vías, sean los medios de comunicación, las redes sociales o los vecinos.
Así, la ciudadanía se entera y construye una percepción de la realidad, independientemente de que esta sea o no coincidente con la referida realidad. Depende del mensaje recibido, la vía por la que lo recibió, la claridad del mismo y la credibilidad que genere.
Entonces, lo mejor que puede hacer el gobierno y sus integrantes es comunicar profusamente, hacerlo con la verdad, garantizar que el mensaje sea claro y entendible y, principalmente, que sea en beneficio ciudadano.
Ambas reglas fueron rotas la semana pasada por el gobernador de Querétaro o, por lo menos, mal atendidas, a raíz de un par de sucesos que rápidamente repercutieron en las redes sociales y en la opinión pública.
Defender la Ley de Agua
Uno de los sucesos fue la aprobación, por parte del Congreso del estado, de la Ley que Regula los Servicios de Agua en Querétaro, que fuera cuestionada por algunos activistas pro medio ambiente y votada en contra por los diputados de Morena.
Suponíamos que el debate se mantendría entre legisladores y activistas que solicitaron no entrara en vigor. Sin embargo, el lunes pasado fue publicada por el titular del Poder Ejecutivo, acompañada de una declaración infortunada.
El mandatario pidió que el debate no se politizara, como si el gobierno no lo hubiera hecho ya. Un par de diputados del PAN y hasta el titular de la Comisión Estatal de Aguas desataron una especie de ofensiva mediática contra quienes habían osado cuestionar dicha ley.
Por cómo se preparó, cómo se aprobó, cómo se publicó y cómo se “defendió” por parte de la administración estatal, pareciera ser que se gobierna contra los gobernados.
Sólo hay una denuncia
El otro suceso tuvo que ver con un asalto sobre la carretera; en redes sociales se difundió que fueron 300 automovilistas las víctimas, en tanto que Milenio TV transmitió el testimonial de tres personas –conductoras de vehículos– que confirmaron haber sido asaltadas.
El hecho, que alcanzó notoriedad nacional, muy seguramente causó molestia en el mandatario estatal (con razón, por supuesto). Lo lamentable fue minimizar el hecho al declararse oficialmente que “sólo había una denuncia”. Luego vino el pronunciamiento del gobernador, quien se quejó de que hubiera gente que desea que le vaya mal a Querétaro.
Ambos pronunciamientos suponemos que intentaban “defender” a Querétaro, reducir la percepción negativa que pudiera generar el evento y hasta responsabilizar a otros de que se maximizara.
Más allá del discurso, el asalto existió y hubo víctimas que, por no presentar denuncia, fueron menospreciadas (alguien dijo: ¿y si hubiera sido un pariente suyo?); faltó sensibilidad y empatía hacia quienes resultaron afectados, como también estuvo ausente un llamado para denunciar a aquellos que fueron asaltados.
Poder, ¿para qué?
El permanente reto de los gobernantes es gobernar con el mayor respaldo posible; es gobernar para servir a la sociedad y no por conservar el poder. Los gobernantes deben saber “leer” el clima social, saber que comunicar es parte inherente al ejercicio gubernamental y, sobre todo, pensar, sentir, actuar y ser con sentido ético.
Y si se comunica como si fuera una afrenta, como si se informara a enemigos, lo más seguro es que se siembre encono y animadversión.
