NOTA: PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 13 de junio de 2022.- La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) se ofreció como una instancia interlocutora para construir un diálogo amplio e inclusivo frente a la ley del agua, de manera adicional a la investigación que realiza dentro del expediente de queja 240/2022, por la actuación de los cuerpos de seguridad estatales en la protesta del viernes pasado ante la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
En un pronunciamiento público, la DDHQ reconoció que la libertad de expresión y el ejercicio de la manifestación son la base fundamental de una sociedad democrática y se debe garantizar la capacidad de dirimir esas diferencias con pleno respeto y protección a los derechos humanos, lo que implica agotar todas las instancias del diálogo social.
Afirmó que “las manifestaciones sociales del pasado viernes 10 de junio y sábado 11 de junio son una muestra de que Querétaro es una sociedad viva, con opiniones distintas que deben ser todas escuchadas y atendidas para darles cauce y solución. Ante este escenario, debemos agotar todas las instancias del diálogo social y político para garantizar que todas las voces sean escuchadas y todas las posturas sean atendidas”.
La DDHQ recordó que la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa al derecho de reunión pacífica, estableció que “las fuerzas del orden pertinentes deberían trabajar en la medida de lo posible para establecer canales de comunicación y diálogo entre las diversas partes que participen en las reuniones, antes de su celebración y durante ella, con el fin de promover la preparación, reducir las tensiones y resolver las controversias”.
En caso de que sea necesario el uso de la fuerza, y de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, esta “debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”, ya que el “uso legal de la fuerza pública debe ser la última opción, y debemos asumir que su intervención siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos”.
Insistió que la Defensoría “estudiará el caso a fondo y tendrá una determinación respecto a la responsabilidad de las autoridades involucradas en estos hechos”. Además, ya realiza “un análisis técnico jurídico sobre los alcances de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, frente a la preocupación de la sociedad civil de que la legislación podría violar derechos humanos,
“Esta Defensoría ofrece su interlocución para construir un diálogo amplio e inclusivo, con todos los grupos y actores de la sociedad civil, y las autoridades necesarias para su atención, con el objetivo de trabajar para dar solución a los conflictos, y con ello resolver las controversias que se han suscitado, reducir las tensiones sociales y políticas y así evitar la consumación de un entorno propicio para situaciones que favorezcan la violación de derechos humanos”, recalcó.
Por lo pronto, la DDHQ solicitó medidas cautelares en favor de las personas que deseen realizar actos de libre expresión de sus ideas y el personal facultado para el uso legal de la fuerza deberá tratar reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a la violencia, así como agotar los medios no violentos.
Asimismo, le recordó a las autoridades que la contención o encapsulamiento sólo se podrá utilizar cuando sea necesario y proporcional para hacer frente a la violencia o a una amenaza inminente procedente de ese grupo y sólo a las personas vinculadas directamente con la violencia.
