REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 20 de junio de 2022.- En la llamada ley de aguas no se detecta una violación a los derechos humanos, afirmó la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ), al asegurar que ésta fue la conclusión tras el análisis que se realizó durante una mesa de trabajo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Subrayó que la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del estado de Querétaro” se sometió a un análisis tras la inconformidad social que provocó su publicación.
El análisis técnico jurídico de la ley, entre la DDHQ y la CNDH, arrojó que “no se detecta una violación a los derechos humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales”, además que hasta el momento ninguna de las cuatro instancias, con facultad de iniciar este proceso, solicitaron este proceso judicial.
“De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes estatales por posibles violaciones a los derechos humanos, recae en diversos organismos, como lo son el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, las propias Legislaturas locales, con la firma del 33% de sus integrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los órganos garantes locales de derechos humanos”.
El análisis jurídico que realizaron los dos organismos de derechos humanos se encuentra disponible en la página web de la DDHQ https://ddhqro.org/wp-content/uploads/2022/06/Análisis-Ley-de-servicio-de-agua-potable.pdf, así como a través de las redes sociales.
Asimismo, la Defensoría reiteró el llamado a todas las autoridades del estado de Querétaro “a que garanticen y protejan el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, haciendo énfasis en que la intervención de personal facultado para el uso legal de la fuerza pública siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos”.
