Este lunes 27 de junio, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció un cambio en el programa de otorgamiento de becas de posgrado por parte de esa dependencia. En adelante, estos apoyos económicos serán otorgados conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ya no el Conacyt, como venía sucediendo.
Mientras fue el Conacyt el que tuvo a su cargo el programa de becas de posgrado, se creó un registro que a la postre fue denominado Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC), mediante el que se evaluaban, entre otros aspectos, la solidez curricular de los programas de estudio, la infraestructura física y académica que los soportaban, la eficiencia terminal de los estudiantes que optaban por cursarlos y, muy importante, la pertinencia que tal programa tenía para la actualidad de México. Ahora, según lo confirmó la titular del Conacyt, el único criterio que importará es que el programa cuente con el registro correspondiente ante la Dirección General de Profesiones, si es de una institución de educación superior (IES) pública o, en el caso de una IES privada, además deberá tener el reconocimiento de validez oficial de estudios.
Si uno analiza estos requisitos objetivamente, es difícil no estar de acuerdo en que así debe ser; es decir, los estudios de cualquier IES, ya sea pública o privada, deben cumplir con este o estos trámites, según corresponda. Por supuesto que en el caso del PNPC tales requerimientos no se obviaban, sino que eran igualmente necesarios, pues de otra forma los egresados nunca habrían podido obtener sus grados ni sus cédulas correspondientes para ejercer como maestros o doctores en las distintas especialidades. El asunto es que el PNPC agregaba otros criterios de calidad que, al menos por ahora, parece que ya no serán observados por la SEP.
Usted debe estar preguntándose cómo es que el Conacyt llegó a realizar funciones calificadoras que corresponden a la SEP, y ciertamente este es un cuestionamiento perfectamente lógico. El asunto es que el Conacyt, surgido en 1970 originalmente como un “consejo” –de ahí su nombre–, con los años fue absorbiendo algunas facultades ante los vacíos institucionales de la propia SEP o de otras dependencias. Así, poco a poco el Conacyt dejó de operar como el consejo que debería ser para convertirse también en un ente administrador de centros de investigación, mismos que ahora se cuentan en gran número a lo largo y ancho del territorio nacional; también en una fundación para estudios de posgrado y especialización y, tras la entrada en operación del Sistema Nacional de Investigadores, comenzó a realizar funciones muy similares a las de un “patrón sustituto”, primero con los investigadores de los 26 centros públicos que coordina y después con otros miles de académicos que laboran para IES públicas y privadas –aunque ahora estos últimos ya han sido discriminados–.
El Conacyt llegó al punto de hacer de todo, menos aquello para lo que fue creado hace medio siglo: aconsejar al Poder Ejecutivo en materia de política científica. El colmo de esta situación fue que llegó a subcontratar a asociaciones externas para que diseñaran estudios en materia de política de ciencia, tecnología e innovación y emitieran opiniones en este sentido que pudieran traducirse al ámbito legislativo. A pesar de este “detallito”, el Conacyt cumplía con sus tareas de manera bastante eficiente, al punto de que en más de una ocasión se llegó a sugerir que debía convertirse en una secretaría. Y quizá, bajo el derrotero que había seguido, tal ascenso resultaba un paso natural y hasta necesario. Sin embargo, ahora que el Conacyt ha ido deshaciéndose de funciones, es oportuno analizar si el modelo de una Secretaría de Ciencia y Tecnología resultaría pertinente para México, o convendría mejor emular las entidades que tienen otros países muy exitosos en esta materia, como nuestro vecino y principal socio comercial, y distribuir tareas entre la SEP, una Fundación Mexicana para la Ciencia, un Instituto Mexicano de Tecnología y Metrología y, por supuesto, un verdadero Consejo de Ciencia y Tecnología.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
Un debate interesante resulta de considerar el énfasis centralizador de tener una secretaría de ciencia y tecnología en lugar del énfasis federalista de tener por separado un NSF, NIST + Consejo de CyT. Comparar con Europa con el CSIC o el CNRS siempre resulta interesante también, ya que se quedan a medio camino al ser más centralistas que EU, pero menos que una “secretaría de CyT”. Para México, con la estructura centralista que ha tenido históricamente el país, una secretaría de CyT tendría sentido en el organigrama gubernamental (incluso una que tuviera el CENAM, ININ, los centros Conacyt, etc.). No sé si sería lo mejor para el país, pero sería consistente con la estructura del resto del gobierno.