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Como las cosas están cambiando en el país, pronto ya se nos va pedir, como seña de identidad, ya no el INE sino la INE porque las siglas también se van a modificar, como toda entidad que fluctúa de manera natural en una sociedad en constante movimiento. Y la metamorfosis en el artículo, de masculino a femenino, no será por una circunstancia de adopción de género sino por una drástica sustanciación de objetivos burocráticos: la I de Instituto será prontamente suplida por una I de Inquisición, tal como ya se está ejerciendo no en la teoría sino en la mismísima práctica. Ya está dejando de ser el Instituto Nacional Electoral para convertirse, por méritos inagotablemente propios, en la Inquisición Nacional Electoral; es decir, esta oficialía de partes está minuciosamente eligiendo a quién censurar amparada —porque ya no es el sino la— en su autonomía, aquí sí, institucional.
Por algo, el presidente López Obrador la mencionó, a la INE, el pasado 24 de agosto como el Instituto de la Censura.
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En los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto ya el Instituto Nacional Electoral empezaba a moverse a sus anchas, con la tácita aquiescencia del gremio periodístico, en los asuntos de la libertad expresiva fiscalizando los decires de determinados personajes de la prensa.
Ya Carlos Ramírez lo había denunciado previamente. En una conversación que mantuve con este periodista a mediados de 2020 indicaba esta calamidad que se avizoraba lentamente: “El desplegado del jueves 16 de julio [de ese 2020] firmado por intelectuales [a favor de Héctor Aguilar Camín, quien había sido permanentemente beneficiado en sus finanzas por los gobiernos priista y panista, retirado del presupuesto federal obradorista tras un anuncio oficial de dos años de inhabilitación para recibir propaganda del Estado luego de hallar falsedad en los movimientos de sus papeles para acceder al erario]. La sola presencia en ese documento de Héctor Aguilar Camín y de Jorge G. Castañeda desnaturalizó (pudrió) su sentido de defensa de la democracia. El desplegado dice que la democracia está en peligro. ¿Qué democracia? ¿La del autoritario INE que demanda periodistas por encima de la Constitución por violar reglamentos autoritarios? Yo he sido demandado por el INE en dos ocasiones. Y he ganado porque defendí la libertad de expresión contra Lorenzo Córdova. Estamos viviendo un proceso de centralización del poder que han aplicado todos (es decir: todos) los presidentes de la República, no sólo López Obrador”.
Ahora, con este —al parecer inevitable— empoderamiento, el INE indaga, o quiere indagar, sobre las verdaderas causas por las cuales los periodistas plantean sus respectivas preguntas al presidente durante las mañaneras, lo que, de muchos modos, no sé si intencionalmente o de modo sesgado e inofensivo, se trasluce como una aspaventosa búsqueda para hallar, a cualquier precio, alguna ilegitimidad informativa para de inmediato proceder a denunciarla. Y lo hace remarcadamente, el INE, justo en los momentos en que los medios han dejado de recibir, por parte del Estado, caudalosas cifras millonarias en sus cuentas bancarias.
A principios de agosto de 2022, dos años después de aquella aseveración de Carlos Ramírez, con la mano en la cintura el INE (ahora la INE) ha multado, porque sí, a casi una veintena de personas, no todas periodistas, por haber emitido una opinión a partir de una opinión (quebrantada, lamentable, mal informada, inverídica a los cuatro vientos) de una diputada perredista (¿ya una mujer, por el solo hecho de ser mujer, va a decir lo que suponga aunque su decir esté armado de visible falsedad?) con el argumento, irrisorio, de ampararse, el INE, en su Reglamento de Quejas y Denuncias, al cual se atuvieron, solícitos, los comisionados de este instituto para proceder a callar a estas personas en un acto autoritariamente represor, opresor y censurador (no apunto “censor” porque un censor también puede ser una persona que levanta censos demográficos) que amenaza en serio con su inesperado e indebido castigo a esta gente que sólo ha recurrido a su libertad expresiva para opinar sobre una observación tejida por una diputada perredista porque, de no pagar la multa, la sanción entonces pasaría a las manos del SAT para seguir amedrentando a la gente reprimida ahora ya mediante una institución no autónoma del Estado sino adherida por completo a la instancia gubernamental, con lo que el mismo Estado estaría siendo cómplice irremediable de esta insolente censura.
Es decir, la INE recibe numerosas quejas de servidores públicos que no admiten ser cuestionados en su servicio público apegados ya a la equidad de género (porque una mujer no puede ser “violentada” recibiendo comentarios desfavorables a sus decires, porque no puede, ni debe, ser cuestionada por su investidura femenina) o vaya uno a saber bajo qué argumentos volubles del pesar humano, y la propia INE se encargará de elegir a los victimarios o a las víctimas según su muy particular y prestigiado punto de vista, de ahí que lleve, con apresurada atingencia, hasta sus últimas consecuencias lo que ha determinado una especie de insurgencia social, con lo cual evidencia sus cortos (¿sus cotos?) alcances del entendimiento de la crítica —al recurrir sin entablar ninguna discusión de por medio dando por meritoria su irrevocable decisión sancionadora— al estar del lado de la gente a la que no le gusta, o no está acostumbrada, a obtener una respuesta, cual sea, a su disquisición aunque ésta sea incorrecta (por inmoral, por ausencia de conocimientos o de información, por falta de cultura, por ignorancia, por altanera, por caprichosa, etcétera). ¿La gente, los periodistas, ya no van a poder expresar su opinión —externar su desacuerdo— sobre lo que oyen, miran, padecen, viven?
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Este inciso ya proclamado de la censura por parte del INE debiéramos tomarlo con cautela precisamente para evitar que esta institución autónoma caiga en excesos no sólo de fiabilidad sin criterio definido, sino en atributos que no le corresponden: ¡ahora ya es un centro de fiscalización de decires!, tal como está ocurriendo, con denodado arbitrio político, justamente en estos momentos donde los comisionados de la INE quieren arbitrar sin conocer las especificaciones de las libertades expresivas por ser tan ajenos, los que arbitran estas decisiones, a ellas (si un árbitro de futbol soccer no sabe qué es el fuera de lugar, ¿para qué diablos se mete en asuntos que desconoce?). ¿No el propio Lorenzo Córdova se atuvo a su libertad de expresión para mofarse de un indígena, años ha, rebajándolo a un indio inservible según sus cortos alcances cinematográficos —de Córdova, no del indígena con el que acababa de cruzar un supuesto diálogo?
Esta intransigente multa a 15 personas tiene su origen el 24 de noviembre de 2021 (¡nueve meses después vino el castigo, con lo que también se atisba el abultado burocratismo con el que se llevan a cabo las diligencias en esta autonomía paraestatal!) durante la comparecencia de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, en la Cámara de Diputados. La diputada perredista Gabriela Sodi Miranda, usando —ella sí— su raciocinio expresivo, afirmó al intervenir en aquel acto:
—Nos parece del todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica… el papel del Fondo no es el de difusor, sino que actúa dentro del mercado de publicaciones como un agente económico.
Lo cual, por supuesto, es un desacertado comentario de la diputada no sólo porque revela su desconocimiento cultural sino también porque refleja el desértico asidero de los servidores públicos en materia educativa.
Ante tal afirmación, la diputada morenista Andrea Chávez, con inusitada premura que habla más que nada de señalar el yerro antes que “violentar” a su colega política, escribió en su cuenta de Twitter que “una diputada federal del PRD” acababa de decir que el Fondo de Cultura Económica “no debe dedicarse a fomentar la lectura”. Y remató su desconcierto con un “aunque usted no lo crea”.
Minutos después, varios tuiteros y periodistas emitieron opiniones en la publicación de Andrea Chávez. Por ejemplo, el director del portal web noticioso SinLíneaMX, Erick Gutiérrez, expresó: “Les aterra tener un pueblo culto e informado”.
Asimismo, el periodista cultural Mario Bravo Soria, con indecible laconismo, dijo: “El mundo al revés”, ¡justo las palabras con las que Jorge Armando Rocha, conductor del programa televisivo Mañanera 360, comenzara su transmisión el pasado miércoles 24 de agosto al referirse a la censura del INE ejercida contra una veintena de personas que, al igual que él, se sorprendieron con la aseveración de la diputada perredista!… y citó, el periodista Mario Bravo Soria, textualmente la expresión pronunciada por la diputada del PRD, la misma señora que días después presentara una denuncia ante el INE por supuesta violencia política en razones de género denunciando a Andrea Chávez y al resto de ciudadanos que respondieron al tuit de la legisladora de Morena, ahora en problemas de una probable inhabilitación política justamente por lo que se “atrevió” a opinar sobre el decir de la diputada perredista, airosa y bien librada de toda esta calamidad injuriosa acaso gracias a su propio desconocimiento del estado cultural mexicano, misma —la diputada perredista— que no se ha conmovido, en lo absoluto, por estos gravosos engranajes de la censura a partir de su equivocada teoría sobre los papeles del Fondo de Cultura Económica y de la Secretaría de Cultura. Porque Andrea Chávez aún no puede librarse de este conflicto agigantado por la INE, ahora temerosa del desafuero o de su eliminación completa del panorama político, renglón oleaginoso que no han podido solventar ni los asertos de la abogacía a la que se ha amparado, cuestión a la que evidentemente no puede acceder el resto de los multados por tratarse de un lujo fuera de sus posibilidades financieras: un abogado cobraría para dirimir el conflicto una cifra cercana a los 40,000 pesos… ¡mientras que la multa —que más se asemeja a una burla, a una intencionada humillación— consiste en poco más de 1,600 pesos!, si bien el castigo posee otras aristas de maltrato ciudadano como ser exhibidos, los censurados, durante tres años públicamente como agresores permanentes de género, lo cual es, de suyo, un gravísimo insulto a la honra de cada uno de los sorprendidos y azorados y agraviados ciudadanos censurados por una institución que se ha salido, ya, de su labor originaria.
El INE, pues, con esa alta autoridad (¿autoritarismo?) que se ha tomado en todas las direcciones para suplir a otras instancias encargadas supuestamente de esas materias, ha validado la queja de la diputada perredista turnándola a una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución que, el 11 de agosto de 2022, sentenció a 15 usuarios de Twitter —no a los 71 que respondieron al tuit original, pues la sentencia afirma que sólo se pudo localizar a esa casi veintena de personas… aun sin haberlos notificado plenamente, como debiera ser en todo proceso que se precie de legítimo, como en el caso del periodista Mario Bravo Soria, quien estaba ya denunciado y sentenciado sin siquiera él saberlo, ni tener la mínima idea de haber sido acusado de tal fútil acto entreverado con la consagrada libertad de expresión.
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La sanción impuesta básicamente por el INE, la INE, contempla el pago de una multa por 1,652 pesos, asistir a un curso sobre violencia de género que debe ser cubierto en su costo por el supuesto infractor, así como ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos y, por si fuera poco, quedarán insertados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Algo en realidad de no creerse.
Algunas de las respuestas que el tuit de Andrea Chávez recabó en este caso son las siguientes: “Entre militarizar al ejército y la cultura no debe fomentar la lectura, nos encontramos en tiempos obscuros”, “Si su coordinador es el ignorante y operador financiero (lavador) de los chuchos, Cházaro, ¿qué se puede esperar de su bancada?”, “Ternurita, con razón ni saben escribir Chihuahua…”, “Me da vergüenza tener una diputada que se atreve a decir eso”, “Se ve que esa diputada no lee”, etcétera.
Aunque la sanción se categorizó el pasado 11 de agosto, la conmoción se registró 13 días después (mostrando, otra vez, la eficacia burocrática de la INE al retrasar con esmero las graves situaciones), el 24 de este mes, cuando en la emisión del programa Mañanera 360, que se difunde desde el medio público Canal Catorce, el reportero Miguel Arzate narró, brevemente, su experiencia relacionada con una investigación que el INE realizó en contra de dicho comunicador: “Basta recordar que, su servidor, fue investigado por el INE luego de que, en diciembre de 2020, le pregunté al presidente [López Obrador] qué pensaba sobre la alianza PRI-PAN-PRD; el PRD se queja y el INE me investiga y hasta le pide al SAT mi situación fiscal para ver si yo recibo dinero por hacer preguntas…”
Ciertamente, la prensa mexicana ha censurado de acuerdo a las ordenanzas de sus patrocinadores, porque la libertad de expresión en el país se sostiene mediante especulaciones económicas, no de otra manera se han ventilado las informaciones trascendentales. ¿A quién sorprende que, cuando Jesús Murillo Karam dijo la “verdad histórica” sobre las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, todos los medios le hayan dado la portada a su informe y nadie ofreció la misma equidad noticiosa cuando Alejandro Encinas leyó el reporte pormenorizado de este crimen de Estado si durante la primera audiencia, en noviembre de 2014, se repartieron millones de pesos a los medios para difundirla mientras que en la segunda, en agosto de 2022, los medios no corrieron con aquella suerte financiera?
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Durante la conferencia matutina del pasado 24 de agosto, el presidente López Obrador expresó su opinión sobre dichas sanciones impuestas por el INE y el TEPJF tras el citado tuit publicado por la morenista Andrea Chávez:
—No le corresponde al INE multar a un periodista: ¡es un exceso! ¡Se están convirtiendo en el Instituto de la Censura!… ¿Qué les puede preocupar un tuit?
Por lo demás, he aquí un breve abanico de tres decires que no han movido de sus asientos a los consejeros de la INE:
Uno) Héctor de Mauleón, el 17 de mayo de 2019, en su cuenta de Twitter escribió contra la periodista y funcionaria pública Sanjuana Martínez: “Yo creo que esta señora no está bien de sus facultades mentales. Celebra que Notimex se haya vuelto tendencia… por la cascada de críticas que recibió el uso faccioso que está haciendo ella de la agencia del estado. De mal en peor”.
Dos) El 24 de septiembre de 2021, en la conferencia matutina del mandatario morenista, éste exhibió un tuit de un usuario identificado como Aldo Aldrete quien en dicha red social insultó soezmente a la esposa de López Obrador: “Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿no saben quién es? La zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz”. Hasta la fecha no se sabe si realmente Aldo Aldrete era una persona real o sólo su usuario correspondía a una cuenta falsa. Evidentemente, ni el INE ni el Tribunal Electoral pidieron a Twitter, a la FGR, a compañías telefónicas, al Ifetel o a la Guardia Nacional datos que ayudaran a develar la identidad del insultador… como sí lo hicieron recientemente en el caso de los periodistas y tuiteros sancionados el 11 de agosto de 2022.
Y tres) En marzo de 2021, Víctor Trujillo ofreció disculpas públicas por los actos machistas que ha realizado al interpretar a su personaje Brozo. Mediante su programa en Latinus, el comediante dijo: “Si alguna de ustedes se sintió ofendida por lo que yo dije o hice a través de cualquiera de mis personajes, a través de todos estos años, lo lamento muchísimo, de veras lo lamento… El problema en este caso no es la misoginia de un payaso, sino la intolerancia, la censura y la amenaza de intentar llevarnos hacia un pensamiento único”.
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El viernes 26 de agosto el presidente López Obrador volvió a ser cuestionado sobre el escabroso tema de la censura de la INE. Tras la pregunta del reportero Hans Salazar, acusado de ser un palero por Reyna Haydee Ramírez, hoy becada en Barcelona, el presidente López Obrador expresó:
—Es un abuso de estas autoridades… ¡es censura descarada! No pasará a mayores…
Asimismo, el político tabasqueño preguntó:
—¿De dónde sale el Tribunal Electoral sancionando a periodistas? ¿Cuándo se había visto esto? ¡Ni en la Ley Mordaza…!
De manera peculiar, López Obrador aportó algunas sugerencias a los afectados si “procede una injusticia de ese tamaño y magnitud”:
—Hay mecanismos legales, hasta pedir juicio político contra los magistrados del Tribunal o los consejeros del INE… ¡pero yo no estoy dando ese consejo! Sólo digo que hay formas…
Para finalizar su posicionamiento sobre el caso, el mandatario externó apoyo a quienes se encuentran agraviados ante las acciones de acallamiento y humillación públicas generadas por la autoridad electoral:
—Nuestra solidaridad a quienes son víctimas de estos atropellos: es muy molesto estar contestando oficios y presentándose a declarar por algo completamente irracional y violatorio de la libertad de expresión.
Decía López Obrador que esta ominosa situación “no pasará a mayores”… ¡cuándo justamente está pasando en este preciso momento!
Y no se diga mañana, porque ya hasta el mismo SAT está implicado en esta inusual censura…
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Jorge Armando Rocha, periodista y conductor del programa Mañanera 360, afirmó el mismo 24 de agosto desde su cuenta en Twitter: “Ahora resulta que todo se enmarca en una ‘libertad de expresión’ que, por cierto, el INE niega para determinados comunicadores y personas que comulgan con la izquierda”. Asimismo, en otro tuit, criticó aún más el proceder del Instituto presidido por Lorenzo Córdova: “Ahora resulta que el INE va a tutelar y orientar la libertad de expresión para que al conservadurismo no se le toque ni con el pétalo de una crítica… ya ni la Inquisición”.
El legislador panista Jorge Triana, en su cuenta de Twitter, escribió un mensaje en contra de quien hasta hace unas semanas ocupara el cargo de secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez. El pasado 24 de agosto publicó: “Ya dejen de llamarle Delincuente Electoral a la ratera, extorsionadora y corrupta Delfina Gómez, no sean así”.
En la conferencia matutina del 8 de diciembre de 2021, el presidente López Obrador salió en defensa de la encargada de la sección “Quién es Quién en las Mentiras” tras algunas equivocaciones que Elizabeth García Vilchis había evidenciado en sus lecturas. El mandatario, al pretender proteger a su colaboradora ante los insultos recibidos en las redes sociales, seguramente —bajo la actual óptica sancionadora del INE— pudo ser acusado de violencia política en razones de género al emitir la siguiente expresión: “Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.
La declaración del morenista fue precedida de un tuit publicado por Felipe Calderón, otro personaje de la política mexicana que, desde la reciente postura censuradora del Instituto Nacional Electoral, sin ningún problema pudo haber sido sancionado al atribuírsele un comentario que cae en la violencia política en razones de género contra la periodista encargada de la sección semanal en la conferencia presidencial. El político nacido en Michoacán publicó un tuit, el 5 de diciembre de 2021, afirmando que existió un montaje en un recorrido hecho por López obrador en las inmediaciones del Aeropuerto Felipe Ángeles: “Un buen ejemplo de Fake News: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que no es falso pero se exagera”.
La INE tiene material tuitero de sobra para proseguir con su noble labor oxigenadora de cortar por lo sano las violentadoras maniobras en la sufriente equidad de género. Si empieza a multar desde ya a los tuiteros que considera transgresores del verbo femenino, el hermano de Alito Moreno podría poseer su millonario presupuesto para el año siguiente sin ninguna dificultad y sobrada capacidad autogestionaria.
Los valores de la suficiencia autónoma, cómo no.
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