CRÓNICA: ALEJANDRO RUIZ/LALUPA.MX
FOTOS: ALEXIS ROJAS/LALUPA.MX
Ciudad de México.- Una manta desplegada a lo ancho de la avenida Reforma lo dice claro: “Que se deje de encubrir a los militares”. Es 26 de septiembre, 8 años después de que el ejército mexicano y la policía municipal de Iguala, Guerrero, participaran en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014. Desde esa fecha sus padres, sus madres, no han dejado de buscarlos. A su paso, también han denunciado la complicidad que guarda un Estado que sólo ha ocultado y fabricado la verdad sobre ese caso.
Como cada 26 de septiembre, normalistas, profesores y familiares de los 43 convocan a una jornada para exigir la aparición con vida de sus compañeros. Pero este año, la manifestación es distinta.
Hace unas semanas, la Comisión Especial que creó la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal rindió un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa. En éste, se dio a conocer que la “verdad histórica” —que en su momento anunció el procurador Jesús Murillo Karam— fue, en realidad, una mentira. También se establecieron diversas líneas de investigación en la desaparición forzada de los 43, donde se comprueba la participación de militares y policías en los hechos. También se corroboró la participación de grupos criminales ligados al cartel de Guerrero Unidos.
Después de ese día se comenzaron a girar órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios que participaron en este delito. El primero en caer, a sorpresa de muchos, fue Murillo Karam, quien ahora duerme en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera de una sentencia.
Sin embargo, y aunque otra serie de mandos militares el 27 batallón de Iguala, así como tropa y policías municipales han sido detenidos por la Fiscalía de la República, para las familias de los 43 la justicia aún se encuentra muy lejos de ser realidad.
Por ejemplo, casi 120 personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 han sido liberados desde que se inició la investigación, en 2014. Entre estas se encuentran José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala. También, de las casi 20 ordenes de aprehensión en contra de militares involucrados en la desaparición de los estudiantes, y que anunció Alejandro Encinas, quien ha fungido como vocero del gobierno federal en la comisión especial, solo cuatro se han cumplimentado. Las otras 16 han sido retiradas por la propia Fiscalía de la República.
El mismo caso sucede con Tomás Zerón, en ese entonces encargado de la Agencia de Investigación Criminal del gobierno de Enrique Peña Nieto, y responsable en fabricar culpables y pruebas en el caso de los 43. Tras una orden de aprehensión en su contra, el ex funcionario decidió pedir asilo en Israel. El gobierno federal no ha logrado su extradición.
Por eso esta marcha es distinta, porque en el marco de una lucha por la verdad y la justicia los familiares de los 43 lo tienen muy claro: no se pueden tener medias tintas.
“Desencuartelen la verdad”
Son las cuatro de la tarde frente al Ángel de la Independencia, en Reforma. Las nubes grises amenazan con la lluvia, en ese mismo cielo que a veces es rojo. Pero las gotas nunca llegan.
La camioneta con bocinas que durante 8 años ha encabezado las marchas de las familias de los 43 tiene encendidos sus motores. Detrás de ella, más de 10 mil personas se dan cita en este lugar. Marcharán hacia el zócalo capitalino, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a exigir justicia, verdad y, sobre todo, que el ejecutivo federal cumpla su palabra, para que, como él dijo, “caiga quien tenga que caer”.
Detrás del contingente de familiares, caminan con sus uniformes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Llevan carteles donde dan cuenta del paso del tiempo, de los 8 años que llevan caminando estas calles para exigir justicia.
Sus jóvenes rostros contrastan con su ronca voz que entre consignas recuerda las luchas de otros guerrerenses que desafiaron al gobierno de su época para luchar por los más pobres: Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, quienes a través de la memoria vuelven a caminar sobre Reforma. Uno no deja de preguntarse ¿cuántos de estos futuros maestros también se convertirán en guerrilleros? La marcha inicia.
Las familias sostienen las fotos de sus hijos. Sus rostros se ven cansados, y tampoco están todas aquellas personas que iniciaron con ellos en la lucha. Algunas madres y padres han muerto durante estos 8 años. Por eso caminan en silencio y dedican, como a sus hijos, esta lucha.
Los normalistas, en cambio, son la avanzada del contingente. Así lo han sido siempre, cuando encaran a policías y militares. Cuando se confrontan, a golpes, con quienes representan la contraparte, con quienes representan a los victimarios.
Días antes, en el campo militar 1, los normalistas fueron a exigir a que el ejército desencuartelara la verdad. El enojo era evidente, y a la par de sus consignas, los estudiantes comenzaron a pintar sobre las paredes del cuartel las consignas que siempre los han acompañado: “Militares corruptos” “Asesinos” “¿Dónde están los 43?” “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. El ejército respondió con fuerza, comenzó una confrontación. El campo militar, por su parte, siguió cerrado.
Volviendo a las calles de la ciudad de México, Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43, recuerda estos episodios. La manifestación del día de hoy, aunque tensa, afortunadamente no escala a un conflicto entre granaderos y normalistas. Algunos conatos de bronca se suscitaron en la retaguardia de la marcha, entre el bloque negro y policías de la Ciudad de México.
Don Emiliano dice unas palabras, dirigidas a los estudiantes que lo acompañan:
“Gracias por enseñarnos a no quedarnos callados. Los queremos de corazón. Gracias por pelear por sus hermanos con ese coraje con intensidad. Por ustedes es que nosotros estamos aquí firmes hasta saber la verdad, por muy dura que sea, así como se lo hemos dicho a este presidente y al anterior: Queremos la verdad”.
La marcha llega al zócalo de la ciudad.
De filtraciones y nueva verdades históricas
Los contingentes llegan al zócalo de la república, y en el templete las familias de los 43 se acomodan uno a uno para dar un mensaje. La expectativa es grande, pues hace unos días la periodista Pennyley Ramírez, de Reforma, publicó una columna en donde expone filtraciones que ella recibió de la Fiscalía, y tajantemente —con lujo de detalle— dice que los estudiantes fueron asesinados a mansalva días después del 26 de septiembre.
El ruido del micrófono genera una tensión que apenas se rompe con las consignas que gritan los contingentes solidarios que acompañan la marcha: Sindicalistas, estudiantes, organizaciones políticas y barriales.
Mario González, padre de César Manuel González, toma la palabra. Y sin reparos habla de forma contundente sobre las filtraciones:
“No es otra cosa que el modus operandi del gobierno, decirle que nos hizo mucho daño, pero aquí estamos, que no vamos a claudicar, y decirle también a la doctora Claudia que no defienda a ese de Omar García Harfuch, que tiene que declarar, que no tiene por qué estarlo defendiendo, y eso le va a pesar en su campaña: tener a un delincuente a lado de ella”.
Para los familiares es claro, filtrar la información es una vieja táctica que se ha usado para menguar su lucha por la verdad y la justicia. No las aceptan. Al contrario, como dijo la señora Blanca, madre de otros de los estudiantes desaparecidos:
“Mientras no nos den pruebas de que están muertos seguiremos en las calles”.
Para ellas y ellos, las versiones del gobierno federal tienen que acompañarse de pruebas científicas que determinen la muerte de sus hijos. El gobierno no las ha presentado. También, acusan, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha claudicado en la voluntad para esclarecer el caso.
“Cuando se comienza a tocar a los militares”—dice otra madre al micrófono— “es cuando todo se pausó. Queremos que dejen de encubrirlos, que rompan ese pacto. Y si no pueden hacerlo les pedimos una sola cosa: que le dejen el puesto a quien sí esté dispuesto a hacerlo”.
El resto de manifestantes postrados en el zócalo asiente al escuchar a las familias de los 43. Han sido 8 años de exigir lo mismo. 8 años donde la verdad no ha llegado, y tampoco la justicia.
“Yo le digo a este gobierno que ya no se burlen del dolor y el sufrimiento. Que ya no estén ocultando a los verdaderos responsables. Exigimos que se castiguen y ya no los estén encubriendo. Pero que no se les castigue nada más por delincuencia organizada, queremos la verdad”, expresa otra madre de familia.
Llega la noche, y las gotas de lluvia jamás aparecieron. Con el puño arriba medio zócalo capitalino entona el himno venceremos. Después, en total silencio, una consigna llena de dolor, pero también dignidad, eriza la piel de quienes ahí estamos:
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
