Mucho se ha hablado del riesgo que representa la participación del ejército en actividades que están fuera de su objetivo principal, que es velar por la seguridad de nuestro país. Molesta recordar que en campaña el presidente de la república prometió que, si ganaba las elecciones, regresaría a los militares a los cuarteles, pues aseguraba en ese entonces que el ejército no estaba preparado para las labores de seguridad interior que se le habían encomendado. En aquel mensaje en video que difundió en 2012, aseguraba que le llevaría sólo seis meses sacar al ejército de las calles.
El panorama actual es muy distinto a lo que planteó en ese entonces, pues no sólo se ha mantenido en las calles, sino se ha fortalecido su protagonismo en la vida pública y política de nuestro país; y ahí está la creación de la Guardia Nacional, o su inclusión en grandes proyectos de construcción y en la operación de aeropuertos y aduanas, entre otras tantas nuevas encomiendas.
El papel del ejército es claro: defender la soberanía de nuestro país ante posibles amenazas de otras naciones o auxiliar en casos de desastres naturales, cosa que ha hecho de manera muy destacada. Sin embargo, las fuerzas armadas no están capacitadas para atender la seguridad pública de nuestro país, su formación no responde a estas necesidades.
Con este contexto, nos parece vergonzoso todo lo que ha salido a la luz en los últimos días, como consecuencia del hackeo realizado a la Sedena por un grupo de activistas virtuales llamado Guacamaya, que ha dado a conocer miles de documentos confidenciales con actividades y reportes del ejército en diversos temas; pero más preocupante es que el gobierno federal minimice este hecho, asegurando que es politiquería de sus adversarios para descalificar la gestión de nuestro país.
Que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena y que el ejército permanezca en las calles hasta 2028 son temas inminentes, aunque el primer punto sea a todas luces un acto anticonstitucional, y para aprobarlo en el Congreso el gobierno se ha valido de muchas artimañas, a través de diversos actos de presión a algunos actores políticos de la oposición, el caso de “Alito” Moreno es un claro ejemplo de ello.
Por su parte, el secretario de Gobernación (quien también ha sido señalado en los documentos hackeados) ha llevado a cabo una fuerte campaña en contra de gobernadores de oposición en diferentes estados, para promover entre legisladores de Morena la aprobación de la reforma constitucional que permite al ejército hacer labores de seguridad pública hasta 2028. De manera casi absurda y sin sentido, aseguró que en los estados gobernados por la oposición, como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, se viven “baños de sangre” y los acusó de “hipócritas” por pedir ayuda de la federación y no apoyar la reforma constitucional. Pero la realidad es otra, pues de acuerdo con cifras oficiales seis estados gobernados por Morena encabezan el índice de víctimas de homicidios dolosos: Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora, Michoacán y Morelos, y detrás están Guanajuato y Chihuahua, del PAN.
Con lo anterior, vemos que el gobierno federal abiertamente intenta desviar la atención de dos temas muy relevantes que le pegan a sus banderas de “honestidad y no corrupción”: el hackeo a la Sedena y la publicación del libro El rey del cash, escrito por Elena Chávez, exesposa de César Yáñez, quien fuera vocero del actual presidente durante su época como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Preocupa también el descaro con el que el secretario de Gobernación está presionando para que los congresos locales aprueben la ley, pasando por encima de la soberanía de los estados y sus poderes legislativos.
Y finalmente, lamentamos que esta petición se esté usando como moneda de cambio para que los estados reciban apoyo del gobierno federal, cuando el apoyo debe ser hacia los ciudadanos, y es a ellos a quienes se les perjudica directamente con las malas decisiones que están tomando.
Jorge Camacho Ortega es presidente de Coparmex Querétaro
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