La ruptura de un par de tramos de la tubería del sistema Acueducto II, además de dejar sin servicio de agua potable por espacio de al menos una semana a alrededor de un millón de personas que viven (vivimos) en la ciudad de Querétaro, dejó varias preguntas que hasta ahora no se han contestado.
El 22 de diciembre pasado, rompió el tubo el conductor de una máquina de operación direccional de una empresa contratada por la compañía Flo Networks, dedicada a las comunicaciones a través de fibra óptica.
Dudas razonables
Suponemos que la ruptura se causó cuando el maquinista intentaba excavar para introducir la referida fibra óptica.
Si esto fue así, la primera duda que surge es ¿por qué dicha empresa realizaba sus trabajos en la misma zona en la que pasa la tubería del Acueducto II, o muy cerca de la misma?
Supongo que sabiéndose la ubicación de la citada tubería no tenía por qué trabajarse en esa área, pues el riesgo de causarle daños era muy elevado, tal como sucedió.
Entonces, o la empresa no estaba informada de esta situación o, a pesar de saberlo, continuó con sus trabajos.
Segunda suposición: siendo un ducto estratégico y de vital importancia para la capital queretana y sus habitantes, debía de estar protegido, señalizado y hasta vigilado en algunos tramos de su trayecto, a fin de evitar este tipo de daños u otros de mayor envergadura.
¿El ducto sí estaba señalizado y protegido? Si la respuesta es afirmativa, entonces hubo una violación por parte de la empresa a lo establecido como zona de riesgo. Si el acueducto no está cuidado y señalizado, entonces hay una responsabilidad administrativa para el gobierno del estado por no hacerlo, a sabiendas de la importancia de dicho sistema.
Más grave resultaría el hecho de que a pesar de saberse que por ese espacio pasa el sistema de agua potable de la entidad, el gobierno del estado haya autorizado la ejecución de obras en el mismo lugar.
Si nos quedan claras las consecuencias, en el sentido de que condujo al cierre del suministro de agua potable en la capital del estado y, por ende, a la ausencia del vital líquido en miles de viviendas; si comprendemos que esta condición generó el enojo de mucha gente debido a la falta de agua por espacio de una semana y que señaló al gobierno de la entidad como el responsable directo de la situación; si, en fin, asumimos que mucha gente, a cuya vivienda no llegó el servicio gratuito de agua potable en pipas, tuvo que gastar para comprar el fundamental líquido, e incluso tuvo que modificar su actividad cotidiana, estaremos dimensionando el daño causado.
Investigar, remediar, sancionar e informar
El 29 de diciembre, ya concluidos los trabajos de reparación y reapertura del suministro de agua potable, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas afirmó, en la parte final de un mensaje dirigido a la ciudadanía, que “este hecho no quedará impune y se aplicará todo el rigor de la ley a los responsables de ocasionar este problema”.
Por las afectaciones causadas, por los daños sucedidos y, en general, por la crisis de ausencia de agua en la ciudad, se debe de cumplir con este compromiso: castigar a las o los responsables del hecho, sean de una empresa privada o sean parte del gobierno estatal.
Se deben implementar acciones para evitar que vuelva a suceder un percance similar o peor, estableciendo reglas claras (si no las hay), evitándose construcciones en la zona de paso del acueducto y delimitando claramente los lugares en los que se encuentra. Cerrar el tema informando a la ciudadanía los resultados de las investigaciones, qué leyes se violaron, cuáles fueron las acciones a sancionar y cuáles serán los castigos. Hacerlo así dejará en claro que se gobierna para la ciudadanía, no para otros intereses, cualquiera que estos sean.
