La idea de los dirigentes de los partidos políticos era muy clara: había que reformar las leyes que rigen las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ya no pudiera intervenir en asuntos de los referidos partidos.
Específicamente, la intención era que esa instancia ya no vigilara a los partidos y a sus dirigencias y evitar que los obligara a acatar sus estatutos, a respetar a su militancia y a mantener vigente la democracia interna.
Varios de los que actualmente dirigen partidos en México pretenden mantenerse ilegalmente en el liderazgo de estos, a pesar de que sus estatutos, la lógica y la democracia dicen que ya no lo pueden hacer.
Para alcanzar esa meta, forzosamente necesitaban deshacerse del Tribunal Electoral, que hasta ahora ha funcionado como garante de los derechos de las y los militantes partidistas, de las y los ciudadanos y como severo vigilante de las dirigencias de estos partidos.
Tuvo que venir la presión, de dentro y de fuera de esos partidos políticos, para que finalmente recularan y prácticamente quedara muerta la pretendida y mezquina reforma legal en comento.
No obstante, el debate público –no este ni el tema que aquí refiero– se centró en la paridad de género de las mujeres que, por cierto, también era cuestionada y erosionada por la pretendida reforma. La idea era ocultar ante la nación sus verdaderas motivaciones.
Una alianza grotesca
Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encontraron aquí su principal coincidencia, que los llevó a aliarse: preservar los privilegios burocráticos y antidemocráticos de sus actuales dirigentes.
Por eso a unos se les olvidó la llamada “moratoria legislativa”, otros dejaron en el olvido las acusaciones de corrupción y de neoliberales, todo en aras de garantizar continuar con sus privilegios.
Las críticas surgidas al interior de sus partidos, las acusaciones provenientes de varias organizaciones ciudadanas y de personas en lo particular, impactaron en ellos, pues los “focos rojos” encendidos les alertaron sobre el riesgo de perder apoyo electoral en los próximos comicios, los de este año (Estado de México y Coahuila) y en los del siguiente, en la contienda electoral presidencial.
Hay alternativas
Coincidentemente esta semana, y por espacio de dos días, se realiza el foro “Unidad y gobiernos de coalición. Para lograr una nueva alternancia democrática”, organizado por tres bloques ciudadanos: Marea Rosa, Unid@s y Seguimos en Marcha. Recordemos que estas agrupaciones fueron las impulsoras de la marcha del 26 de febrero pasado, que colmó el Zócalo de la Ciudad de México en demanda de frenar la reforma al Instituto Nacional Electoral (“El INE no se toca”).
Es probable que de ese foro surja una propuesta que se enfoque en perfilar una gran alianza electoral con la participación de partidos políticos y organizaciones civiles y ciudadanas, pero con una gran característica: una candidatura presidencial cubierta por alguien sin vínculos ideológicos o militantes con algún partido político.
La actitud de los partidos políticos y sus dirigentes que acabo de narrar los descalifican para asumir, cualquiera de ellos, la postulación presidencial. Su mezquindad política y la forma tan grotesca de “tirar a la basura” su compromiso público frente a la ciudadanía de implementar una “moratoria legislativa” los pintan de cuerpo entero.
Habrá que esperar los resultados de este foro y, luego, la postura que los partidos políticos asuman frente a los acuerdos de este. De esta coyuntura dependerá, en mucho, el futuro de los comicios de 2024 y el futuro de México.
Lo peor que pudiéramos ver es que alguno o varios de ellos (los partidos) decidan ir por su lado y con su candidata o candidato. Su futuro sería la muerte política, sin duda, pero arrastrarían en parte la esperanza ciudadana.
Ojalá que no sea así.
