En medio de la inusitada vorágine legislativa durante las últimas semanas del recientemente concluido periodo ordinario de sesiones, pasó casi desapercibida la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se buscaría expedir la Ley Federal de Ciberseguridad para México, presentada por el diputado verde-ecologista Javier Joaquín López Casarín, quien también preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara baja.
Como en la mayoría de los países, en México el tema de la seguridad lógica o ciberseguridad se ha vuelto de la mayor importancia. Esto se debe al hecho de que nuestra cotidianidad está transitando a un mundo mixto, en el que convivimos tanto en el entorno físico convencional como en el virtual, a través de nuestros distintos dispositivos inteligentes. Conforme al estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, referido en la propia exposición de motivos de la iniciativa, en el 2021 prácticamente la mitad de los ocho mil millones de personas que vivimos en el planeta teníamos acceso a la internet; mientras que en el mismo año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que en México unos 88 millones 600 mil habitantes somos usuarios de internet, cifra que equivale aproximadamente a las tres cuartas partes de la población nacional, lo que habría superado en más de cuatro puntos porcentuales al 71.5 % reportado por el Inegi en su encuesta previa, correspondiente al 2020. Por supuesto que contar con tal nivel de cobertura es muy importante para el avance del país y para el desarrollo de las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, este acceso se vuelve bidireccional; es decir, se convierte en una puerta de entrada a nuestro entorno íntimo e información privada y sensible para todos los actores considerados como amenazas persistentes avanzadas (APT, por advanced persistent threat).
Para quienes usamos a diario algún dispositivo conectado a la internet, la creciente interacción en el entorno virtual representa un riesgo latente. La mayor parte del tiempo, sin percatarnos de ello, compartimos múltiples rasgos de nuestra personalidad, situación civil, de salud o económica, estado de ánimo, etcétera. Toda esta información puede ser capturada por APTs, que, aplicando técnicas de inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones, podrían fácilmente predecir nuestros momentos de máxima vulnerabilidad y atacarnos en nuestras posesiones mediante el robo de nuestra identidad, la estafa o la extorsión.
En la pieza legislativa propuesta por el diputado López, se resalta el hecho de que en el 2022 en México aumentó en 40 % el número de intentos de ataques cibernéticos respecto al año inmediato anterior, lo que nos habría colocado como el país más embestido de América Latina, con un total de 85 mil millones de intentos, que superan con creces a los 31 mil 500 millones ocurridos en Brasil y los lejanos seis mil 300 millones registrados en Colombia. Como resultado de esta realidad, la empresa Sophos Group PLC estimó que en el 2022 el 74 % de las empresas mexicanas fueron víctimas de algún ransomware (robo de datos) y que en promedio debieron pagar cerca de 482 mil 500 dólares estadounidenses para recuperar el control de su información. También la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en el 2021 recibió 76 mil denuncias por supuestos fraudes bancarios, y confirmó 24 mil 215 de estos.
Reflexionado desde este punto de vista, resulta incuestionable que México requiere fortalecer la seguridad cibernética en los ámbitos privado y público. Sin embargo, la iniciativa presentada resulta preocupante porque promueve la creación de una Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información, mediante la que entidades como la Oficina de la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina podrían tener acceso a información sensible de los mexicanos, como la referente a la identidad o a los historiales médicos, fiscales, entre otros; lo que convertiría al gobierno en un potencial Gran Hermano.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
