Este lunes 11 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó aplazar la resolución para el caso de los amparos concedidos a centenas de investigadores, que interpusieron dicho recurso en contra de la aplicación de diversos aspectos contenidos en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), conocida en el medio académico como la Ley Buylla, porque fue elaborada por la actual directora general del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) —al que la misma legislación sustituyó con el mismo organismo, a cuyo nombre le agregó la “H” de humanidades—, y aprobada en la sesión de la Noche Triste de Xicoténcatl del viernes 28 al sábado 29 de abril por los senadores de la fracción oficialista.
El comunicado emitido por la SCJN, en el que dio a conocer el acuerdo, refirió como motivación para la citada decisión la necesidad de preservar la seguridad jurídica de los amparados, lo que vuelve imprescindible el resolver primero la acción de inconstitucionalidad 126/2023 y su acumulada 128/2023, correspondientes a los recursos que fueron ingresados por los diputados y senadores del bloque opositor con el objetivo de revertir la aprobación de la LGHCTI; debido a que, durante la sesión realizada en la antigua sede del Senado de la República, los legisladores del partido gobernante y sus aliados petistas y verde-ecologistas habrían violado el proceso legislativo al, por ejemplo, haber aprobado la iniciativa sin quórum; prescindiendo de los dictámenes requeridos, usurpando la función exclusiva del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) de la Cámara alta para convocar a la reunión en la que se dispensaron los trámites de ley a la pieza legislativa; y, presumiblemente, hasta llegando al extremo de falsificar la firma de algunos senadores integrantes de la CCT.
La noticia fue recibida por la comunidad científica de México como una señal positiva de que los ministros de la SCJN han escuchado el llamado hecho en meses pasados para que dieran atención prioritaria a la citada acción de inconstitucionalidad, pues de manera inmediata, tras la promulgación de la LGHCTI el 9 de mayo de este año, la titular del otrora Conacyt inició la implementación vertiginosa de la Ley Buylla, lo que hasta la fecha ha derivado en incontables cambios en la estructura y operación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) de México, algunos sólo cosméticos, como la inclusión de la “H” en el nombre la dependencia, pero otros verdaderamente profundos y que comienzan a generar muy graves afectaciones a diversos sectores de la comunidad académica de nuestro país; entre otros, la negación de becas para realizar estudios de posgrado de la que están siendo víctimas cientos de jóvenes talentosos de nuestro país.
El hecho de que las preocupaciones de la comunidad científica mexicana por la aplicación de la Ley Buylla se encuentren ahora bajo la atención de la SCJN intensifica las expectativas de que su inconstitucionalidad pueda ser declarada pronto, y con ello se reinstauren programas como el Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia, el Sistema Nacional de Investigadores o la relativa autonomía de los 26 Centros Públicos de Investigación coordinados por el Conacyt.
Pero una eventual anulación de la LGHCTI también podría ser bien recibida en el equipo de campaña de la candidata oficialista a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, pues relajaría oportunamente la inconformidad creciente entre miles de estudiantes e investigadores a lo largo y ancho del país, y con ello la aspirante, quien hasta ahora ha avalado con su silencio el desmantelamiento del SNCT y la asfixia a su gremio, podría intentar recuperar la confianza de sus colegas —pues habrá de recordar que ella ostenta el título de licenciada en física, así como los grados de maestría y doctorado en ingeniería en energía, todos otorgados por la universidad nacional de México, y se ha declarado abiertamente como científica—, promoviendo inclusive un relevo anticipado en la titularidad del Conacyt como prenda de su compromiso en favor de la ciencia y la tecnología.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
