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Por sexto año consecutivo, Querétaro se posicionó como el estado con el mejor modelo de justicia penal del país, destacó la organización civil México Evalúa en su evaluación anual titulada “Hallazgos 2022. Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México”
Además, la entidad se ubicó nuevamente en primer lugar nacional en las calificaciones asignadas a centros penitenciarios estatales en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y se convirtió también en el único estado en lograr un puntaje satisfactorio.
México Evalúa reconoció también el interés y el esfuerzo de Querétaro para mejorar la generación y sistematización de información, así como por su apertura, confianza y compromiso.
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En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la entidad pasó de una calificación de 7.7 en 2021 a 8.2 en 2022, con lo que Querétaro se mantiene en el primer lugar nacional, contrario a lo que sucedió en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, que mostraron “retrocesos importantes”.
Entre los problemas de mayor recurrencia en los Centros Penitenciarios Estatales en el país, se observa una inadecuada clasificación de las personas privadas de su libertad, en el 90.1 por ciento de los centros evaluados y una deficiente separación entre procesados y sentenciados en el 86.2 por ciento de los casos.
Además, se encontró la insuficiencia del personal de seguridad y custodia en el 81.3 por ciento de los casos, la insuficiencia de vías para interponer quejas por violaciones a derechos humanos en el 80 por ciento de los casos, la insuficiencia de los programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria en el 72.3 por ciento y en el 18 por ciento de los centros penitenciarios, se detectó actividades de autogobierno o cogobierno por parte de las personas privadas de su libertad.
Por el contrario, Querétaro también se encuentra entre los diez estados sin problemas de sobrepoblación en los Centros Penitenciarios Estatales y se destacó por tener un “modelo de atención diferencia de la demanda”, que pretende “distinguir y atender de forma diferente, personal, especializada e inmediata a las diversas necesidades de las personas que acuden a una fiscalía; es decir, Querétaro “tiene como base la clasificación de necesidades en torno a cuatro grupos de delitos o demandas”, lo que agiliza la atención.
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Esto significa que Querétaro cuenta con estructuras organizacionales amplias y especializadas, lo que se refleja en la mejor calificación nacional en el Índice de las Instancias de Coordinación Técnica (ICTE), que mide la Coordinación y Articulación entre las instituciones que operan el sistema, la Planeación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación para la Coordinación Técnica, el eje de Facilitadores para el Coordinación Técnica y la Normatividad para esa misma coordinación.
Como parte de la revisión, se detectó que Querétaro aumentó en 23.98 por ciento su presupuesto para la seguridad pública del 2021 al 2022, además que “como en años anteriores, fue la entidad mejor posicionada” en el ranking de capacidad instalada del sistema de justicia penal.
“La integración de su sistema de justicia en su modelo Cosmos sigue siendo un referente de buenas prácticas para otras entidades. Además de destacar la sostenibilidad y el alcance de los esfuerzos de Querétaro, es preciso reconocer los notables avances de Coahuila”, señaló México Evalúa.
Los delitos más comunes
La evaluación anual mostró que el delito más común en Querétaro es el de amenazas, seguido por lesiones, delitos de fuero común, el robo y la violencia familiar, en el quinto lugar.
México Evalúa puntualizó que los delitos que se incrementaron más en el país con respecto al año anterior son el delito sexual, el hostigamiento sexual y la violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, con un aumento de 31.96 por ciento.
“Las entidades con un mayor aumento (en violencia de género) fueron Querétaro con 409 por ciento, Oaxaca, con 300 por ciento, Aguascalientes con 225 por ciento, Chihuahua con 38 por ciento y Estado de México con 23.4 por ciento”.
En términos nacionales, México Evalúa subrayó que en el país se vulneran la presunción de inocencia y la libertad personal en el 57 por ciento de los casos y solamente el 14 por ciento de las personas víctimas atendidas por las Comisiones de Atención a Víctimas (CEAV) accedió a la reparación del daño.
Entre las recomendaciones a partir de la evaluación para todo el país, se contempla implementar un Modelo Nacional de Procuración de Justicia, incorporar el Servicio Profesional en la Constitución, aumentar la colaboración entre el Ministerio Público y las Unidades de Medidas Cautelares, fortalecer presupuestalmente a los órganos garantes de derechos y reactivar las comisiones de ejecución penal con un plan de servicios post penales.
