Autoría de Josué• 15 octubre, 2023• 2:54 pm• Desde la UNAM

Los conflictos comerciales de México con sus socios del T-MEC – José Carlos Ramírez

El T-MEC es más restrictivo y laberíntico que su antecesor, el TLCAN. La transversalidad de su cuerpo legal impide a los miembros hacer una interpretación individualizada de sus capítulos. A diferencia del TLCAN, el articulado del T-MEC presenta una fuerte cohesión entre sí. Los temas de inversión vienen acompañados ahora de reglamentaciones laborales y ambientales que estaban ausentes, o al menos eran inoperantes, en el anterior tratado. No hay manera de cumplir, por ejemplo, con las nuevas reglas de origen si, en el proceso, las plantas automotrices no promueven la democratización sindical estipulada en otro capítulo. El objetivo de la transversalidad no sólo es otorgar un mayor control a los Estados Unidos de América (EUA) sobre las transacciones comerciales de la región sino, también, nivelar el campo de juego para sus productores y bloquear el acceso a competidores ajenos al acuerdo.

De particular interés para México son los efectos de esa transversalidad sobre sus sectores estratégicos, ya que, como veremos a continuación, propician problemas con los otros dos socios que, a la postre, desembocan en demandas por trato discriminatorio a las inversiones y productos extranjeros.

1. Los conflictos por las reglas de origen en el sector automotriz

Las nuevas reglas de origen de la industria automotriz (IA) son, junto con la reglamentación laboral del capítulo 23 y la cláusula de terminación del tratado, los instrumentos impulsados por los negociadores de Trump para alentar el regreso de plantas de México a EUA. Se trata, pues, de cinco reglas orientadas a disminuir las ventajas comparativas de Mexico en la IA, porque es ahí donde EUA mantiene su mayor déficit comercial con nuestro país, cuyo monto ronda ya los 90 millardos de dólares. Mientras las primeras dos reglas se refieren al valor de contenido regional (VCR), obligatorio en autos y autopartes (75 % en 2023), las tres restantes fijan el porcentaje originario del 70 % en acero y aluminio, el valor de contenido laboral (VCL) y las restricciones a las exportaciones a los EUA. Hasta la fecha, la imposición de las reglas no ha traído consecuencias más graves que el aumento de costos para los ensambladores y de precios para los consumidores norteamericanos. Sin embargo, esta situación puede empeorar para México en el mediano plazo, en particular después de las revisiones de T-MEC en 2026 y 2036, pues es entonces que los productores de autos pueden optar por automatizar algunas plantas o regresarlas a su país de origen con el fin de evitar el arancel asociado al VCR y al VCL. Cualquiera de estas acciones puede complicar severamente la situación económica del país si consideramos la enorme importancia del T-MEC en su PIB (60 % en 2022). Por ahora, el mayor conflicto radica en la democratización sindical asociada con el cumplimiento del VCL, pues es donde se están presentando los mayores desacuerdos en ciertos mercados regionales.

2. El reclamo de los dos socios comerciales por la contrarreforma energética de México

Ante la declaración de constitucionalidad de la nueva ley eléctrica de 2022 y los resultados insatisfactorios de dos reuniones de alto nivel entre funcionarios de EUA y México en 2021 y 2022 para resolver los puntos de desacuerdo de la actual contrarreforma energética, el primer país opta por recurrir en el último año al mecanismo de solución de controversias del capítulo 31. El argumento base de la controversia es que el gobierno mexicano favorece más a los monopolios estatales que a sus socios al establecer un trato desigual a los productos e inversiones extranjeras, que contraviene los artículos 2.3 y 14.4, y al aplicar sesgadamente regulaciones y disposiciones administrativas violatorias de los artículos 22.5.2 y 29.3. En concreto, EUA reclama un trato discriminatorio en el despacho de electricidad a la red de Mexico y en el almacenamiento y distribución de combustibles, entre otros aspectos. Canadá apoya la posición de EUA.

La seriedad de la disputa, ahora en su fase de consulta, merece un cálculo meticuloso por parte de la actual administración, debido a que las consecuencias de un fallo negativo pueden ser muy onerosas para el país, ya que las penalizaciones pueden alcanzar los 30,000 millones de dólares. Como parte de las posibles represalias, EUA puede argumentar violaciones ambientales de México por el uso de energías fósiles en la generación de electricidad o, simplemente, modificar su política de abastecimiento de petrolíferos, con consecuencias graves para la industria nacional.

3. Las consultas por restricciones comerciales al maíz transgénico

Paralela a la disputa en materia energética, los socios mantienen una solicitud de consultas a México por posibles violaciones al libre comercio de productos biotecnológicos, incluidos en las medidas sanitarias y fitosanitarias del T-MEC. La solicitud formal, iniciada por EUA y secundada por Canadá, es una reacción de ambos países al nuevo decreto del gobierno mexicano de 2023 en el que se: (1) prohíbe la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano; (2) indefine la fecha final para prohibir la importación de ese tipo de grano dedicado al consumo animal y uso industrial; y (3) cancela las importaciones de glifosato a partir de 2024.

Los demandantes sostienen que la expedición del decreto es una decisión unilateral del gobierno mexicano, porque no hay evidencia científica de que el grano transgénico sea perjudicial para el consumo humano. En concreto, sostienen que el decreto tiene un marcado espíritu proteccionista, que puede dañar el comercio de 3 millardos de dólares con EUA y sentar un mal precedente con otros productos biotecnológicos en los que Canadá es líder mundial. Los representantes de EUA señalan que el principio precautorio al que apela Mexico (artículo 5.7) no puede estar por encima de las normas del Codex Alimentarius de la FAO, contenidas en el artículo 9.4 del T-MEC, y que norman bajo criterios científicos las directrices del comercio de alimentos. Cualquiera que sea el caso, una eventual decisión contraria para el país podría gravar ciertos productos mexicanos exportables, como tequila, limón o aguacate, hasta ahora exentos de aranceles; pero, también podría desencadenar represalias por parte del gobierno mexicano.