A México lo arrastra una ola de violencia, de inseguridad y de criminalidad. Por más estadísticas que se publiquen, la situación simplemente empeora en lugar de mejorar.
Y Querétaro no es una isla que le permita evadir esta condición.
De hecho, en el último par de años se han registrado varios crímenes que antes no vivíamos: la ejecución de un empresario en el centro comercial Antea, un ataque a policías, la ejecución del propietario de “Barbacoa Santiago”. Otro crimen más, a plena luz del día, en el municipio de Ezequiel Montes. y antes, el homicidio del propietario del zoológico “Wamerú”.
Cruda realidad
La semana pasada, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González se reunió con jefes de información y conductores de noticieros. Ahí, el mandatario aseguró que el país está ensangrentado y, por ende, “pueden suceder cosas”.
Y claro que México está ensangrentado. Las cifras que “a vuela pluma” citó el gobernador, son alarmantes: en el país cada dos minutos hay un delito, cada 24 horas matan a un policía, cada media hora violan a una mujer y cada día desaparecen tres mujeres y cinco niños.
Agregó Kuri González un dato más a la estadística: en México solamente uno de cada mil delitos son sentenciados.
Si todas estas cifras son precisas, estamos frente a una situación sumamente grave y por eso es que el gobernante también reconoció que en la entidad ha habido y habrá hechos delictivos y criminales (los nombró como “eventos”).
Planteó la imperiosa necesidad de blindar la entidad; esto es, dijo, hablar de paz; “tener la tranquilidad de que a nuestros hijos no les pasará nada”.
Este ejercicio, que debe ser cotidiano, tiene que ver, también con aplicar la ley, con atrapar criminales, con que no haya impunidad.
Todas estas consideraciones, sin embargo, no pueden consolidarse si no existe coordinación operativa entre los tres niveles de gobierno; esto es, el federal, el estatal y los municipales.
Sin embargo, esta condición no siempre se ha cumplido.
Las ausencias
El fin de semana antepasado se incendió la subestación Jurica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo a la versión gubernamental estatal, fue por falta de mantenimiento, pero de acuerdo con la propia CFE se debió a un hecho vandálico.
Hasta hoy (domingo 12 de noviembre) ni una ni otra versión se ha confirmado. No hay elementos de prueba que sustente alguna de las versiones.
Sin embargo, es de destacarse que este hecho mostró la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno pues si sucedió a raíz de un acto vandálico, ni la CFE vigila sus instalaciones ni solicita (por lo que entendemos) apoyo para hacerlo.
El cruce de versiones, particularmente de la falta de mantenimiento refleja la ausencia de diálogo o de comunicación coyuntural entre la paraestatal y el gobierno de la entidad.
Sin la coordinación planteada, la seguridad se debilita.
Y tan no la hay que el gobernador Kuri expresó varias apreciaciones sobre el caso.
“La explosión de subestación fue por falta de mantenimiento y si hubo vandalismo, no lo sabemos. Hay que hacer la denuncia e ir tras ellos”.
También apuntó: “Si hubiera vandalismo, también le toca a la federación”.
Al ser una empresa monopólica del sector, “ellos deben tener dinero y deben tener seguridad… (Debemos) exigir a empresa pública que tenga seguridad en algo que es de seguridad nacional”.
Políticas públicas
Obviamente que los gobiernos están obligados a implementar políticas públicas encaminadas a garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos.
Pero además, estas políticas deben estar coordinadas, ser complementarias, auxiliarse para impactar en conjunto a la sociedad.
La instalación de tres mil 500 cámaras de vigilancia que pronto estarán en funcionamiento, las seis mil cámaras del municipio capitalino, ayudan a blindar el territorio queretano pero no es suficiente.
Falta el aporte del gobierno federal. Su ausencia en la entidad debilita la seguridad.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter: @juanjosearreola
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