Este martes 2 de enero trascendieron las declaraciones de Luis Carlos Hinojos, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), una de las cada vez menos entidades federativas que todavía no son gobernadas por el partido oficialista, en las que dio a conocer que el otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha incumplido con la transferencia de recursos hacia los investigadores en formación de esa casa de estudios.
De acuerdo con Hinojos, como consecuencia de dicha falta de pagos, cerca de noventa investigadores de la universidad estatal chihuahuense se quedarán sin el dinero que habían obtenido tras participar en distintas convocatorias emitidas por el Conacyt y con el que financiarían sus respectivas investigaciones, mismas que ahora estarían en riesgo, así como las colaboraciones derivadas de ellas y, quizá lo más importante, el prestigio construido por la casa de estudios a través de décadas; sobre todo, el de la academia mexicana ante sus pares extranjeros. Con dicho recorte, según Hinojos, la universidad estaría recibiendo sólo unas 120 becas, pero inclusive este número podría verse disminuido, pues los cambios de criterios de asignación impuestos por el anterior Conacyt podrían evitar su entrega.
Conforme a lo dicho al respecto por Luis Alfonso Rivera Campos, el rector de la UACh, el sucesor del Conacyt no ha realizado los pagos referidos, incluso a pesar de que existe un mandato judicial que obliga a la dependencia a transferir los recursos, emitido como consecuencia de un amparo que interpuso la institución y que fue otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa como una suspensión definitiva contra la negativa del Conacyt.
Lamentablemente, como se ha visto que sucedió con el caso del fallo favorable otorgado al Fondo Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. para que el entonces Conacyt le entregara los fondos que por ley debería haber recibido hace algunos años, las personas encargadas de su actual administración no parecen tener el más mínimo respeto por el marco legal. En ese caso la entidad encargada de fomentar la realización de investigación científica y el desarrollo de tecnología en México no sólo desoyó el mandato judicial, sino que arremetió contra la asociación civil y algunos de sus anteriores asociados y directivos con aquellas vergonzosas acusaciones de asociación delictuosa y demás delitos, que a la postre fueron encontradas como carentes de elementos y evidencia por instituciones judiciales. Esto hace suponer que un derrotero similar seguirá la queja interpuesta por parte de las autoridades de la UACh y al final el recorte permanecerá para los académicos de esa universidad pública estatal.
Sin embargo, lo que está sucediendo con esa casa de estudios bien podría comenzar a replicarse con otras universidades estatales, si no es que ya pasa, y los casos aún no salen a la luz pública. Si en los próximos meses llegásemos a enterarnos de que más instituciones de educación superior (IES) públicas reclaman similares faltas en la asignación de recursos, entonces quedaría muy claro que las políticas de selección de solicitudes y de entrega de los recursos de manera directa no estarían funcionando, al menos no con la misma eficiencia que sí tenía el mecanismo anterior de transferencia de recursos. Pero sería aún peor que en los meses por venir se comenzara a definir un patrón claramente orientado a utilizar esta asignación de becas y apoyos como una forma de premio o castigo para las IES públicas de aquellos estados que son gobernados por la oposición.
Aunque dicha práctica no emergiera en el futuro próximo, la posibilidad de que futuras administraciones federales usen el dinero público destinado a la ciencia y la tecnología como elemento de coerción político-electoral representa una alerta roja para la comunidad académica, y por tal motivo demanda un pronto y contundente posicionamiento por parte de las dos precandidatas a la presidencia de México.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
