Se acabó el último periodo del poder legislativo del 2023 y, como ha sido costumbre en este sexenio, la cuarta transformación cayó en falta e incumplió el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues no modificó la Ley Federal de Cinematografía (LFC) para garantizar, por ley, los apoyos a la expresión cinematográfica mexicana y evitar los retrocesos antidemocráticos.
Como suele suceder cuando no hay rendición de cuentas oportunas ni la debida transparencia, hay versiones encontradas entre sí que tratan de justificar lo injustificable. La primera es que AMLO está muy interesado en apoyar a nuestro cine para intentar contener las constantes críticas de los cineastas por los recortes presupuestales, y giró instrucciones para que se cumpliera con la resolución del amparo otorgado en contra de la extinción del Fidecine. Desgraciadamente, la titular de la Consejería de la Presidencia, María Estela Ríos González, después de revisar los anteproyectos de reformas existentes, no le ha encontrado la cuadratura al círculo, y por esto la iniciativa de reforma no ha salido del jurídico de la presidencia, ya que todavía la están perfeccionando y puliendo.
La segunda versión, del Imcine, es que ya obra en su poder y la estaban discutiendo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sin embargo, esta versión se cae fácilmente, ya que no fue presentada oportunamente a la Cámara de Diputados para ser turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su estudio, discusión en parlamento abierto y, si fuera posible, su reforma y aprobación. Este sencillo procedimiento ocuparía mucho tiempo y ya cerró el Congreso sus actividades en 2023.
Como es del conocimiento público, la SCJN le ordenó al ejecutivo y al legislativo la reforma a la LFC en el periodo de septiembre a diciembre del 2023, periodo que ha concluido sin que se atendiera el ordenamiento conforme a derecho. Posiblemente, por la importancia del tema, esta reforma no será tratada por la comisión permanente recién instalada, y se pospondrá hasta el último periodo de la actual legislatura, en el mejor de los casos. ¿Cumplirá la 4T con el Estado de derecho?
Antecedentes para los no iniciados en el tema
1.- En contra de lo que se estableció en la Ley de Austeridad Republicana de la 4T, el 6 de noviembre de 2020 se derogaron los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Federal de Cinematografía, violando el derecho a la cultura al desaparecer el Fidecine, único mecanismo previsto en la LFC que garantizaba el acceso y participación permanente en la industria cinematográfica.
2.- El 17 de abril del 2020, en abierta violación a lo ordenado en la Ley Federal de Austeridad Republicana, se hizo público que el Foprocine desaparecía y que el Fidecine, que sí estaba en la LFC y contaba con estructura propia, se transformaría, prometiendo el Imcine y la Secretaría de Cultura que se mantendrían intactos los presupuestos comprometidos para el 2020, cosa que no sucedió. Entre las razones que se hicieron públicas para tal decisión fue que así “se evitaba la duplicidad de funciones y habría un ahorro al evitar la existencia de las estructuras duplicadas de las dependencias”.
Con una simple carambola burocrática, el cine mexicano sufrió un grave atentado en sus políticas públicas fílmicas, afectando la libertad de expresión de los cineastas, en abierta violación a lo establecido en la Constitución de la República Mexicana, la Convención Internacional de los Derechos Humanos y el pacto de San José, que prohiben a los Estados firmantes como México cualquier retroceso en materia de cultura. El avance democrático logrado en la toma de decisiones por parte de los participantes de la industria desapareció para regresar a las decisiones verticales.
3.- El 20 de mayo del 2020, los diputados Mario Delgado, Dolores Padierna y otros 18 morenistas, con el supuesto propósito de “coadyuvar con las acciones del ejecutivo federal”, busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad mediante la modificación a 14 leyes y la abrogación de una ley, cuya ejecución implicó la extinción de 44 fideicomisos, entre estos el Fidecine, y la continuidad de 4 fondos. Ante la protesta pública de los cineastas, AMLO prometió dar a conocer en 15 días los actos de la supuesta corrupción de los fideicomisos fílmicos, cosa que nunca sucedió.
4.- Algunos cineastas decidieron ampararse en contra de esta decisión en el 2020 y años después, en el 2023, el amparo se resolvió a su favor en la segunda sala de la SCJN. Nuestro máximo tribunal encontró que “la desaparición del Fidecine no sólo fue un hecho ilícito, sino que se trató de uno de la mayor envergadura: un hecho inconstitucional. Simple y sencillamente, el Congreso no podía eliminar de la LFC el fomento y protección al cine mexicano, porque así lo ordena la Constitución. Estamos ante el máximo grado de ilicitud. La SCJN reconoció que el fomento y protección al cine es un derecho de los ciudadanos, concretamente, un derecho humano. Es decir, como en otros ámbitos, el legislador tiene vedado privarnos de nuestros derechos, incluyendo nuestros derechos culturales”.
En su resolución, la Corte reconoce expresamente que “el Focine es un mecanismo irregular y que no palió la ilicitud generada por la eliminación del Fidecine”, al resolver que: “es la legislación la que debe establecer los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural; no así un programa institucional de fomento”.
Añadiendo: “De ahí que, en nada trasciende que exista un nuevo programa de fomento al cine que, incluso, pudiera generar mayores beneficios, si finalmente no se encuentra previsto en la ley”. El argumento principal de la SCJN es que el artículo 4° constitucional establece una reserva de ley en materia cultural. Esto significa que los mecanismos para garantizar la participación en la vida cultural (como lo era el Fidecine) deben estar plasmados en una ley, no en meros acuerdos administrativos o programas presupuestales de carácter temporal. Así, con el criterio de la Corte, se garantiza la permanencia del derecho al fomento y protección del cine nacional en la ley, quedando obligado el legislador a dotarle recursos anuales en el presupuesto de egresos de la federación.
5.- En el criterio jurídico dado a conocer el 8 de diciembre de 2023 en el Semanario Judicial de la Federación, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se viola el principio del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la ley es la que debe establecer los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación cultural.
A manera de conclusión
Los graves problemas por los que atraviesa el cine mexicano difícilmente se resolverán con una nueva ley. Establecer la obligación presupuestal para garantizar la libertad de expresión fílmica es muy importante, pero hay más problemas que resolver, como la forma de asignación democrática y transparente, además de encontrar caminos diversos para resolver la exhibición de nuestro material y agrandar la comunicación con los connacionales. Sin embargo, si esta nueva ley fuera bien redactada se podrán mitigar muchos de estos.
Esperemos que la 4T presente el anteproyecto de reforma de la LFC en el último periodo del sexenio de AMLO y se discuta en parlamento abierto, escuchado a los creadores nacionales. Al mismo tiempo, sería deseable que los diversos funcionarios del poder ejecutivo tuvieran la voluntad política de cumplir y hacer cumplir las leyes actuales. Mucho mejoraría nuestro cine con este simple gesto. Desgraciadamente, en el próximo periodo legislativo gran parte de los diputados y senadores ya habrán migrado en busca de su reelección o promoción, y bajará el nivel de discusión con sus suplentes, pero sobre este tema nos ocuparemos en la próxima entrega.
Víctor Ugalde es presidente del Observatorio Público Cinematográfico
