Hace unos días se dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra evaluando la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí, que en el 2021 comunicó, a través de un artículo publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, que había logrado codificar la proteína S del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad; logro a partir del que se podría desarrollar el biológico que ayudara al sistema inmunológico humano a protegerse contra el agente infeccioso. Días después, la institución renunció a todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con sus investigaciones, para que aquellos países que lo desearan pudieran crear sus propias vacunas y de esta forma defender a sus poblaciones del azote de la pandemia.
El trabajo científico ya estaba hecho, así que bastaría con replicar los procedimientos para producir el biológico y probarlo, así como afinar la ingeniería del proceso para su producción en volumen. Quizá por ello la titular del entonces todavía denominado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pensó que sería fácil utilizar el conocimiento generado por la institución, ubicada en Nueva York, para desarrollar una vacuna contra la Covid-19 que podría presumir como propia; lo inició a través de una alianza comercial con la empresa Laboratorio Avi-Mex, S. A. de C. V. (Avimex Salud) —una compañía privada mexicana dedicada principalmente a la investigación, desarrollo, manufactura, importación, exportación y comercialización de productos biológicos, farmacéuticos, desinfectantes y detoxificantes de micotoxinas para la salud animal—, con experiencia en el desarrollo de vacunas para uso en animales, principalmente aves.
Aunque estandarizados y perfectamente conocidos a nivel mundial y por la misma Avimex, los procedimientos para fabricar la vacuna, pero sobre todo los protocolos que deben seguirse para probar su inocuidad y su efectividad en las personas, no son tan sencillos de conducir, pues requieren no únicamente de una manufactura farmacéutica avanzada, sino también de la oportunidad. Cuando un nuevo biológico tiene que ser probado, es necesario contar con cantidades suficientemente abundantes de personas en quienes se pueda ensayar la inoculación, pero al mismo tiempo se necesita que las pruebas sean realizadas en periodos cortos de tiempo, mientras que el virus aún mantiene las características genéticas; es decir, antes de que sus mutaciones le lleven a modificarse lo suficiente como para que la vacuna deje de ser eficaz contra las nuevas variantes.
El virus SARS-CoV-2, como todos los virus, muta permanentemente para adaptarse mejor a su hospedante, a quien no le conviene matar, pues si lo hace perderá el vehículo que le sirve para continuar su replicación, y eso lo llevaría a su extinción. La velocidad con la que aparecieron las nuevas variantes del patógeno superó considerablemente a la de las pruebas de la denominada vacuna Patria, dejándola sin la posibilidad de acceder a grupos de personas aptas para verificar su inocuidad y su efectividad en humanos. Luego de más de dos años, en los que, además, la inmensa mayoría de los mexicanos hemos desarrollado nuestras propias defensas contra la enfermedad, es muy probable que ponerse la vacuna Patria y tomarse un vaso de agua tengan el mismo efecto de protección contra la Covid-19 —esto a pesar de que la Cofepris siga asegurando que es efectiva—.
Pero lo importante sería la enseñanza que México debería haber obtenido de esta experiencia. Nuestro país no ha logrado desarrollar la infraestructura mínima necesaria para que podamos enfrentar contingencias como la vivida en la pasada pandemia. Más aún, nuestra nación no logra comprender que necesita apoyar la realización de la investigación científica orientada, que pueda generar efectivamente las tecnologías que nos ayuden a enfrentar las problemáticas que nos aquejan a nosotros, los mexicanos, y que nadie más se preocupará por resolver.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
