Armenia se ha convertido en el nuevo Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), un movimiento importante para fortalecer los mecanismos de justicia en el globo y los canales de cooperación internacional en una variedad de rubros. Sin embargo, la acción no se aprecia de igual manera para todos los países. ¿Qué implicaciones tiene esta situación?
La CPI es un organismo internacional que tiene la intención de procurar la justicia y el Estado de derecho internacionales, por lo que es un actor que aporta en la gobernanza global en estos rubros. El acta normativa de esta institución es el Estatuto de Roma, un acuerdo vinculante entre sus Estados miembros signatarios. Este documento permite que las resoluciones de la Corte deban ser aplicadas sin miramientos en los países que la conforman.
En este panorama se inserta Armenia. Ahora el país del este de Europa se ha convertido en el nuevo integrante de la CPI, lo que le otorga un estatus de renombre entre la comunidad internacional al adoptar responsabilidades que conllevan colaborar en un asunto de enorme relevancia para el globo. No es cosa sencilla, es decir, la justicia es en muchas ocasiones difícil de procurar por diversas razones, como puede ser la presencia de gobiernos o actores estatales corruptos en general.
Por otro lado, los canales a los que se ha adscrito Ereván son de importancia para mejorar las condiciones de estabilidad, seguridad y paz en el mundo. En varias ocasiones, la CPI ha emitido resoluciones de arresto a gobernantes que han cometido crímenes hacia su población o hacia una ajena, algo que la misma justicia de los países de origen de dichos líderes no atendió por obvias razones.
Ahora, Armenia se integra a una lista amplia de países que deben atender las resoluciones y sugerencias de la CPI. Entre estas se encuentra la orden de arresto del presidente ruso Vladimir Putin. Esta se emitió hace varios meses a raíz de la deportación ilegal de infantes ucranianos, en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022. A partir de esta posición de la Corte, muchos Estados en el globo se han mantenido atentos a acatar la indicación de arrestar al mandatario en caso de que pise su territorio.
Por ejemplo, Sudáfrica, que es parte de la CPI y de los BRICS, del que es partícipe Rusia, tenía la comanda de arrestar a Putin si se presentaba a la cumbre de Johannesburgo del año pasado, que recibió a los líderes de este grupo de países. Ante la incertidumbre, el mandatario ruso se ausentó y envió a su fiel colaborador, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores. A pesar de que la nación de África es parte de esta alianza de países, fue firme en acatar el Estatuto de Roma.
En el caso de Armenia, es interesante revisar su interés de participar en la CPI. Una razón puede ser su intención de cooperar con la comunidad internacional en el marco de la gobernanza global en materia de justicia. El protagonismo que adquiere y la confianza que los Estados depositan en el país sin duda le son redituables. Ahora, un punto interesante también tiene que ver con las presiones históricas de Moscú hacia Ereván.
Rusia ha sido el vecino fuerte e indomable de Armenia y lo ha sido por siglos en diferente configuración política. Incorporarse a la CPI le funciona también como forma de poder y defensa ante alguna agresión de Putin hacia el pueblo armenio. Resulta un interesante movimiento para colaborar con otros países y mostrar una imagen del país, pero también para generar protección a su pueblo y su territorio ante los evidentes intereses expansionistas de Moscú.
