Si a usted lo llegaran a invitar a visitar un país en el que en promedio diario se asesinan a 85 personas; en el que 15 de las 32 entidades en la que está dividida esa nación se encuentran bajo el control del crimen organizado y en el que suman 185 mil 344 crímenes en los últimos cinco años y medio, ¿aceptaría?
Yo tampoco. No tendría lógica visitar una nación en la que la violencia, la delincuencia y sobre todo la criminalidad predomina en casi todos sus rincones.
Normalizar el crimen
Si además de estas condiciones, el gobierno de dicho país se empecina en negar esta situación de alta incidencia de la violencia, asegura que todo va bien y que estas historias de criminalidad son inventos o ataques de sus “enemigos”, el escenario se agrava.
Esto es lo que sucede en nuestro querido México en el que suman más de 30 políticas y políticos asesinados durante el presente proceso electoral y en el que el temor de perder la vida ha llevado a casi un centenar de candidatas y candidatos a renunciar a sus postulaciones.
Se ha normalizado a tal grado la violencia que el mismo gobierno mexicano “presume” su capacidad para brindar protección especial a políticas y políticos que compiten electoralmente que solicitaron protección.
El 15 de abril, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que de acuerdo a las estadísticas oficiales, hasta ese día habían recibido 273 peticiones de las cuales en 250 casos se brindó la seguridad necesaria y 23 fueron declinadas por los propios peticionarios.
“Se han logrado atender la totalidad de las solicitudes de protección de candidatos enviadas por el Instituto Nacional Electoral”, afirmó la funcionaria.
Y aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha minimizado, una y otra vez la gravedad de las condiciones de seguridad en México en pleno proceso electoral, apenas el 4 de abril hizo un exhorto a las autoridades municipales, estatales y federales “a fortalecer la protección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral 2024”.
Digamos que la realidad se empecina en negar el discurso simplista de la autoridad y la obliga a reconocer, aunque no quiera, lo grave de la situación.
Es bajo este contexto que resulta inquietante, para decir lo menos, que un partido político (Morena) difunda la imagen de la “Santa Muerte” con la leyenda: “un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”.
Promover un mensaje de este nivel, en el que la efigie de una figura que representa la muerte hace un signo de callar, de no hablar, fácilmente se puede interpretar como una amenaza.
Y entre amenazas, acusaciones adjetivadas o judicializadas y hasta agresiones físicas transcurren las campañas.
“Normalizar” la violencia perjudica a toda la sociedad. A unos, porque han sido objeto de agresiones y poco o nada se ha hecho. A otros, peor aún, porque han sido asesinados mientras que varios más han sufrido descalificaciones verbales o acusaciones infundadas.
El Estado, a través de su régimen lo menos que debería hacer es llamar a evitar agresiones, a desacreditar el vituperio y las reyertas y a no fomentar mensajes subliminales como el de la imagen de la “Santa Muerte”.
Responsabilidad común
En Querétaro ya contabilizamos varias agresiones y acusaciones de ataques de uno y otro partido político y entre candidatos de diversos colores.
Acá, a diferencia de otras entidades o del país, se ha convocado a evitar estos comportamientos.
Las y los candidatos, el gobierno local, las autoridades electorales y los ciudadanos en general tenemos la responsabilidad de evitar que la entidad se sume al nefasto concierto nacional de la agresión electoral.
Es mejor llamar a la cordura; pero si alguien se sale de ella siempre será preferible denunciar ante las autoridades competentes que litigar en los medios de comunicación.
Estamos inmersos en la elección más grande en la historia de México. Hagamos que sea ejemplar por la civilidad, no por la violencia.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter: @juanjosearreola
