Tengo ante mí dos grabaciones de las intervenciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y la del exministro presidente de la misma Corte Arturo Zaldívar, en los foros llamados Diálogos Nacionales para la Reforma Constitucional del Poder Judicial. Dos posiciones encontradas, tesis y antítesis de la reforma judicial. ¿Hay alguna posibilidad de diálogo, de síntesis? Por la brevedad de las intervenciones, de no más de cinco minutos, sólo se presentan posturas muy generales, pero, aún así, es posible advertir contradicciones. Veamos y analicemos.
Norma Piña sostiene: “… desde principios de este año, el Poder Judicial convocó a una agenda nacional de seguridad y justicia, cuyo objetivo ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que se debe recorrer para defender y proteger sus derechos”; sostiene que “cualquier reforma judicial debe responder principalmente a sus necesidades”. Concluye que “… la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, una reforma implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña, como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática… la crítica debe ponerse en el centro de las necesidades de las víctimas y de los usuarios del sistema de justicia en general, partiendo de la verdad, de los datos ciertos, valorados en su contexto, con responsabilidad de Estado… hay que evitar decisiones apresuradas que den lugar a problemas mayores, en otros momentos se efectuaron cambios en diversas materias, con amplitud temporal y gradualidad, por lo que ahora no debe pesar más la celeridad que la idoneidad…”.
La antítesis la presentó el exministro Arturo Zaldívar, quien dice textualmente: “Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial se habla de independencia y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo…
Hace unos años, se llevó a cabo una auto-reforma del Poder Judicial. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión para destruir todo lo que se hizo y confrontarse con los otros poderes del Estado, y se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. El pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente: que se requiere una reforma a la justicia federal… Votaron por el Plan C, para elegir a los jueces en las urnas mediante el voto popular…”.
Por falta de espacio, sólo me referiré a un criterio de comparación: la independencia judicial, que es el núcleo de la disputa de la reforma, sin tomar en cuenta las acusaciones del exministro Zaldívar, que debe cargar con la obligación de la prueba de tales acusaciones y la temporalidad de los delitos que menciona, que seguramente tienen sus raíces en su periodo de gestión como presidente de la SCJN y aún antes.
La independencia judicial es la síntesis de la disputa y el principio de realidad para comparar las dos posiciones. Es uno de los factores esenciales, sine qua non, del debido proceso. Todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como las reformas constitucionales de 2011 y otras, incluyen la independencia judicial como factor central del debido proceso, que es la piedra angular del ejercicio de los Derechos Humanos y del acceso a la justicia. No hay Constitución sin Derechos Humanos. Es el asunto que más se debe cuidar en la reforma. Si se intenta una elección de jueces donde prevalezcan los intereses del partido en el poder sobre la necesaria independencia judicial, toda la reforma se anularía en sí misma. La disyuntiva de legitimidad versus independencia que plantea el exministro Zaldívar es falsa. No hay legitimidad sin independencia judicial, y esto lo confirman tanto los textos de los tratados firmados y ratificados por México como la misma Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional. El ministro empieza desenfocado el centro de la reforma.
Si se llegase a aprobar una elección de jueces de partido, por sí misma sería anticonstitucional y traería aparejadas demandas ante las cortes internacionales que serían onerosas y degradantes para la legitimidad del régimen que se pretende apoyar. Ahora, existe la obligación judicial del control de la convencionalidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Sólo basta revisar someramente los problemas que enfrentan los países que eligen a sus jueces, como Estados Unidos o Bolivia. Un verdadero desastre.
Los problemas de la elección popular de jueces van desde la necesidad de apoyo de los partidos que los candidatos requieren, que comprometerían su independencia y objetividad. En periodos electorales, los jueces multiplicarían las sentencias para aparentar eficiencia en detrimento de la calidad. Las campañas requieren fondos, cuya recaudación generaría conflictos de interés o la percepción de que las sentencias estarían influenciadas por los que aporten recursos para tales campañas, con lo que se caería en los vicios que se pretenden corregir; el pueblo del que habla el exministro Zaldívar no tendría información suficiente y confiable sobre las calificaciones y el desempeño de los candidatos judiciales, por lo que se tendrían votaciones poco informadas y amañadas; la disyuntiva que se presentaría sería popularidad versus calidad y formación. Un juez requiere experiencia y formación integral en jurisprudencia y valores, y no cualquier ciudadano, por muy popular que sea, los puede cumplir. Un ejemplo de ello está en la elección de Cuauhtémoc Blanco, muy popular, pero pésimo gobernante, imagíneselo de juez. Los jueces se pueden ver presionados a pronunciar sentencias populares contra sentencias justas. Fuenteovejuna no siempre tiene la razón, de lo contrario serían válidos los linchamientos.
El Poder Judicial se vería sumamente cuestionado por su parcialidad y falta de transparencia con las consecuencias graves de la falta de legitimidad por la ausencia del debido proceso. Al revés de lo que sostiene el exministro Zaldívar.
