REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 9 de septiembre de 2024.- Ante la próxima discusión en el Senado de la reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo, los colegios y barra de abogados del estado de Querétaro se posicionaron contra esta modificación constitucional, por considerar que provocará “el quebrantamiento inmediato del principio de división de poderes”, así como una “desafortunada politización del poder judicial”.
Expresaron este desacuerdo con la pretendida reforma: el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C.; la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Querétaro; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa; el Colegio de Abogados, Querétaro, A.C.; el Colegio de Doctores y Posgraduados en Derecho y Ciencias Jurídicas de Querétaro, A.C.; y el Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, A.C.
Las organizaciones de juristas sostuvieron que el proyecto de modificación constitucional tiene el objetivo de que las personas juzgadoras sean elegidas por voto popular, a través de la destitución y sustitución masiva de quienes actualmente ejercen la función judicial, además de establecer un tribunal de disciplina judicial que sancione a quienes adopten decisiones en contra del interés público o social en general.
Sin embargo, consideraron que los jueces, a diferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no deben responder a mayorías ni minorías, y el consenso del electorado puede ser peligroso para el correcto ejercicio de sus funciones de averiguación de la verdad y tutela de los derechos fundamentales de las personas juzgadas.
En cambio, hicieron hincapié en que los nombramientos deben cumplir con requisitos mínimos para garantizar una judicatura independiente, y deben elegirse con base en formación y calificaciones, así como en la integridad e idoneidad.
Coincidieron en que la reforma propuesta podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento que priorizaría las consideraciones políticas.
Enfatizaron que tienen la experiencia y prospectiva para señalar que hay deficiencias en el Poder Judicial, por lo que no defienden intereses de ese poder.
Asimismo, recordaron que los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura señalan que los jueces sólo deben ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.
Dijeron que, en caso de no detenerse la implementación de la reforma judicial, el país se verá envuelto en una escalada de violaciones profundas a los derechos humanos, pues provocará la destitución y sustitución masiva de personas juzgadoras en las jurisdicciones federal y local (más de 127,000 personas); lo anterior podría tratarse del más abierto y serio retroceso que la justicia mexicana haya vivido en los últimos 50 años, calificaron.
Por lo anterior, los colegios y barra de abogados del estado de Querétaro solicitaron a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, que participe y comparta con los integrantes del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos la solicitud de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para suspender la reforma judicial en curso o, si fuera el caso, su implementación.
