REDACCIÓN/LALUPA.MX
Querétaro, Qro., 24 de octubre de 2024.- Querétaro reportó más de dos mil deudores alimentarios en el periodo de mayo de 2023 a octubre de este año, además que estadísticas nacionales señalan que el 75 por ciento de los hijos de padres separados en el país no reciben pensión alimentaria, lo que podría evitarse con una homologación de la ley local con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a cargo del DIF nacional.
Al presentar una iniciativa de ley para homologar la legislación local con el Registro Nacional, el diputado local de Morena Arturo Maximiliano García Pérez señaló que esto pretende promover la responsabilidad parental, con lo que las parejas de deudores alimentarios que busquen casarse no podrían contraer matrimonio y el juez del Registro Civil les notificará el monto de su deuda y el número de personas afectadas.
Añadió que según datos estadísticos de la organización ADAX Digitales, el 75% de los hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria en México y el 67.5% de las madres autónomas enfrentan la evasión de sus exparejas en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Antes de ingresar la iniciativa en Oficialía de Partes, García Pérez precisó que se considerará deudor a quien incumpla por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir tres pensiones sucesivas ordenadas por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial o Centro de Justicia Alternativa.
La ley contempla la restricción de sus derechos para la expedición de un pasaporte, el trámite de licencias de conducir y otras limitaciones para ocupar cargos públicos o participar en elecciones. El diputado local presentó la iniciativa con apoyo de la Asociación Civil ADAX Digitales, para reformar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro en Materia de Deudores Alimentarios, en busca de armonizar el documento con la conocida Ley Sabina.
Dijo que el derecho de los alimentos es fundamental, ya que se relaciona directamente con la dignidad humana y el bienestar, así que su reconocimiento y protección son esenciales para asegurar que todas las personas tengan acceso a lo necesario para vivir dignamente.
