El Estado es el conjunto de instituciones políticas, sociales y económicas creado por una sociedad, con el objetivo de garantizar el orden legítimo sustentado en las leyes y reglas avaladas por el sistema político vigente, por el régimen y el gobierno en un territorio determinado.
Para tal fin, el Estado es la única instancia de la sociedad que tiene la prerrogativa del uso exclusivo de la violencia legítima. Entonces, es quien decide con qué elementos o instituciones legales garantiza la convivencia pacífica de la sociedad y el respeto a las leyes.
De esta manera, el Estado está obligado a garantizar el orden social, el respeto a las leyes e instituciones sociales y a enfrentar la ilegalidad, la delincuencia y toda acción que quebrante las reglas establecidas.
Legalidad y legitimidad
Bajo esta visión es que el gobierno en el municipio de Querétaro determinó evitar que decenas de indígenas y artesanos se colocaran en las calles del centro histórico de la ciudad para vender sus producto a los transeúntes.
La autoridad actuó con apego a la ley pues en ella se establece la prohibición del “comercio ambulante” y como el gobierno tiene la obligación de garantizar la sana y legal convivencia, determinó —con el legítimo uso de la fuerza pública— evitar que instalaran en las calles.
Por supuesto que para realizar esta acción era indispensable que el operativo policiaco implementado el viernes pasado no violentara los derechos humanos de quienes serían (y fueron) impedidos de instalarse en la vía pública.
El gobierno actuó en defensa de la ley. De eso nada podemos criticar, a menos que el uso de la fuerza pública haya rayado en el exceso y en la violencia injustificable.
Quienes han cuestionado esta acción al grado tal de demandar la destitución del presidente municipal de Querétaro, arguyen que se violaron los derechos humanos de los citados artesanos y que hubo fuerza excesiva.
Dilucidar y esclarecer con pruebas, si hubo o no abusos en el operativo es tarea de la Defensoría de los Derechos Humanos, que supongo ya trabaja en la indagatoria correspondiente.
Sin embargo, es de criticarse los desequilibrios y disparidades en la actuación del gobierno municipal en esta delicada temática del ambulantaje.
De una parte, se esfuerza en garantizar que en el centro histórico no haya comercio ambulante al grado de adecuar una vieja casona en el centro de la ciudad como tianguis artesanal, una medida alternativa a estas centenas de artesanos.
En contraparte, sin embargo, ha permitido e incluso solapado la proliferación de cientos de puestos ambulantes en diversidad de puntos geográficos de la capital estatal. En las banquetas, en estacionamientos, en cualquier esquina y hasta en camellones viales encontramos carpas y lonas dando cobijo a negocios improvisados.
Es también de criticarse las posturas político – partidistas de un grupo de personas contrapuestas al actual gobierno (estatal y municipal) que tienen como punto de referencia el demandar que se permita el ambulantaje de estos artesanos y de desatar una oleada de comentarios arguyendo que se violaron los derechos humanos sin siquiera tenerse a la mano una indagatoria cierta del suceso.
La ley es clara
El Estado actuó con apego a la ley. También es claro que quienes hacen las leyes forman parte del Estado: los representantes populares o diputados.
Gracias a la pluralidad que hasta la elección pasada ha vivido México y nuestra entidad, el Poder Legislativo local está formado por representantes del partido político del que han emanado los actuales gobernantes, así como de aquel que se le opone.
Es de esperarse congruencia y trabajo legislativo de esto 25 diputadas y diputados. Tienen la responsabilidad de analizar las leyes y determinar si hay vacíos, si hay incongruencias o si son adecuadas.
¿Creen que se actuó mal en este hecho? Trabajen para modificar la ley. Para eso están.
Espero de ellas y ellos congruencia, apego al derecho y, sobre todo, ser garantes de una sociedad sana, respetuosa y de leyes.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola