Ha sido publicado recientemente el estudio: Energy Technology Perspectives[1] por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). En dicho documento se abordan temas muy valiosos, muchos de los cuales orientan respecto al uso de la energía en las diversas naciones y atañen directamente a América Latina.
El Capítulo 5 de tal documento está dedicado al transporte marítimo internacional y señala que, tal y como ocurre con la mayoría de los productos de alto valor, las tecnologías de energía limpia suelen transportarse en contenedores, ya que es la forma más rápida y económica de conducirlos largas distancias y permite su modularidad. Sin embargo, las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos son excepciones. Los componentes de las turbinas eólicas pueden ser muy grandes y, por lo tanto, requieren operaciones especiales para el transporte marítimo. Las palas y las torres suelen almacenarse en la cubierta de los buques de carga a granel o en general, mientras que las góndolas, que son más compactas, pueden almacenarse en la bodega de carga de los buques de carga a granel o de carga fraccionada. Los vehículos eléctricos suelen transportarse en buques especializados diseñados para el transporte de vehículos, conocidos como buques de carga rodada (Ro-Ro). Los buques Ro-Ro más grandes de la actualidad pueden transportar hasta 9,000 vehículos.
La capacidad teórica de los buques para transportar distintas fuentes de energía y tecnologías de energía limpia varía enormemente (ver abajo, Figura 1). De todos los combustibles fósiles, el petróleo es el que se puede transportar con mayor facilidad: un solo buque grande puede transportar aproximadamente 1,700 GWh de energía, lo que equivale al consumo anual de petróleo de unos 175,000 automóviles con motor de combustión interna (MCI).
Entre las tecnologías de energía limpia, un solo buque portacontenedores podría contener aproximadamente 2 GW de módulos solares fotovoltaicos, lo que equivale aproximadamente a la capacidad de energía solar fotovoltaica que Bélgica añadió en 2023. Pero los módulos solares fotovoltaicos son bienes de capital, mientras que los combustibles fósiles son consumibles. Esa cantidad de módulos podría proveer la electricidad equivalente a las necesidades de medio millón de hogares europeos durante la vida útil de los módulos, aproximadamente un cuarto de siglo. Por lo contrario, un buque de gas metano (GNL) que transportara la misma cantidad de energía satisfaría esa demanda de electricidad durante menos de seis meses. Es decir, un solo viaje de un gran buque portacontenedores de módulos fotovoltaicos puede proporcionar los medios para convertir tanta electricidad como el carbón en más de 100 grandes buques o el gas metano en más de 80 grandes buques o el petróleo en más de 70 grandes buques.
Y lo más importante de esta información es evitar el daño a la salud que causan las emisiones de los combustibles fósiles. En el caso de México, dicha contaminación por partículas suspendidas de tan sólo 2.5 micras (PM2.5) reduce en un año la vida de los mexicanos[2], sólo es ligeramente superada por las autolesiones y la violencia interpersonal. Ya estamos enfrentando amenazas sin precedentes derivadas de una acción retrasada y esto debe cambiar.
Los países de América Latina con la mayor tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 en 2020 fueron Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Paraguay. Del total de muertes prematuras atribuibles a PM2.5 en 2020, el 19.1 % se debió al transporte, el 12.3 % a los hogares, el 11.6 % a la industria y el 11 % a la agricultura.
La transición energética en América Latina aún está en sus inicios y, como resultado, millones de personas están expuestas actualmente a niveles peligrosos de contaminación del aire y pobreza energética (es decir, falta de acceso a fuentes o servicios energéticos esenciales). Los niveles de contaminación del aire, tanto en exteriores como en interiores, son un problema importante en toda la región, con marcadas disparidades entre las zonas urbanas y rurales. En 2022, Perú, Chile, México, Guatemala, Colombia, El Salvador, Brasil, Uruguay, Honduras, Panamá y Nicaragua se encontraban entre los 100 países más contaminados del mundo. La transición a fuentes de energía más limpias, la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la promoción de una mejor eficiencia energética en los sectores industrial y de la vivienda no son sólo medidas de mitigación del clima, sino también enormes oportunidades sanitarias y económicas para sociedades más prósperas y saludables.
En 2023, se produjeron una serie de eventos climatológicos y políticos que contribuyeron a impulsar la agenda mundial sobre clima y salud, al tiempo que aumentaron la vulnerabilidad de la población a ellos. La transición de La Niña a El Niño y la intensificación continua del cambio climático inducido por el hombre potencialmente resultaron en un aumento de los eventos climáticos severos vinculados con El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). América Latina experimentó eventos sin precedentes, incluidas inundaciones repentinas en Brasil y Chile, intensas olas de calor invernales en América del Sur, sequías severas en Brasil, América Central y Uruguay, y poderosos vientos y huracanes en México.Estos fenómenos climáticos combinados afectaron los ecosistemas, las poblaciones, la infraestructura y otros sistemas humanos de América Latina, lo que provocó pérdidas económicas y planteó riesgos sustanciales para el progreso social de la región logrado en las últimas décadas.
La precariedad de las condiciones de vivienda, el acceso limitado a energía confiable y limpia para cocinar, calentar e iluminar, y los sistemas de transporte basados en combustibles fósiles en América Latina están exacerbando la pobreza y la mala salud y el bienestar, lo que potencialmente aumenta y perpetúa las trampas de pobreza. Esas iniciativas abordan el cambio climático, alivian la pobreza y mitigan los riesgos para la salud, con lo que reducen las disparidades sociales y liberan recursos para invertir en otros ámbitos cruciales. Las políticas intersectoriales desempeñan un papel fundamental para facilitar esa transición.
En América Latina, la mortalidad estimada relacionada con el calor ha seguido en general una tendencia ascendente entre 2000 y 2022. En el periodo 2013-2022, todos los países latinoamericanos han mostrado, en promedio, un aumento del 140 % en las muertes relacionadas con el calor en comparación con el periodo 2000-2009. Los países con el mayor cambio relativo son Ecuador (339 %), El Salvador (230 %), Honduras (204 %) y Guatemala (202 %), mientras que los países con el menor aumento son México (67 %), Argentina (59 %) y Uruguay (27 %). Si bien hay fluctuaciones interanuales, se observó una clara y sostenida tendencia ascendente en Argentina, Bolivia, México, Paraguay y Uruguay.
También aumento el número total de casos de dengue en los últimos años, especialmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú. La asociación entre el aumento estimado de la idoneidad climática para los vectores y el aumento observado de los casos de dengue respaldan un vínculo entre las condiciones climáticas y el dengue en la población.
El Fondo Verde para el Clima (FVC), que es uno de los mayores mecanismos de financiación multilateral en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aprobó en 2022 aproximadamente 486 millones de dólares para proyectos de adaptación al cambio climático en América Latina. Esta cantidad representa una disminución del 16 % en comparación con los 583 millones de dólares aprobados para la misma región en 2021. Es importante destacar que ninguno de los fondos aprobados en 2022 se destinó a proyectos de cambio climático y salud. Los fondos de 2022 se asignaron a seis proyectos, que beneficiaron a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Tres de los seis proyectos declararon haber destinado una fracción a mejorar potencialmente la adaptación en materia de salud, por un total de US$56 millones, y que representa un aumento del 56 % en comparación con los US$36 millones de 2021. Sin embargo, cabe destacar que, incluso con este aumento, esta fracción se mantiene en el 11.6 % del total de los fondos aprobados.
En términos generales, la proporción de generación de electricidad a partir del carbón ha aumentado, en promedio, 2.6 puntos porcentuales entre 1991-2000 (2.6 %) y 2011-2020 (5.2 %) en América Latina. Sólo Argentina y Colombia han reducido ligeramente el uso de carbón para la generación de electricidad, mientras que Honduras, México, Brasil, Perú, Panamá, Chile y Guatemala han aumentado o mantenido su uso. El carbón tiene la mayor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica de todos los combustibles fósiles. Por ello, las comunidades de salud y cambio climático han hecho fuertes llamados para su eliminación gradual.
Además, México es el único país de América Latina donde el acceso a combustibles limpios en áreas urbanas ha disminuido en la última década, pasando del 99 % de la población urbana con acceso a combustibles limpios en 1990 al 91 % en 2021.
La contaminación del aire es una importante amenaza para la salud mundial, ya que causa siete millones de muertes prematuras al año y da lugar a una serie de enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer. En América Latina, ningún centro urbano cumple las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire peligrosos y que amenazan la salud.
Este indicador se basa en datos del informe global Lancet Countdown 2023 y estima la mortalidad atribuible a PM2.5 ambiental por sector económico y fuente. Utiliza el modelo de interacciones y sinergias de la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero (GAINS), que combina cálculos de emisiones de abajo hacia arriba con la química atmosférica y los coeficientes de dispersión. Se presentan datos para cada país de América del Sur, México y América Central.
En 2020, 123.5 muertes prematuras por millón de personas fueron atribuibles a PM2.5 ambiental en América Latina, lo que representa un aumento del 3.9 % con respecto a 2005 (118.9 muertes prematuras por millón de personas). Sin embargo, existen diferencias importantes entre países. La mortalidad prematura atribuible a PM2.5 ha disminuido en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, y ha aumentado notablemente en América Central, Chile y Colombia desde 2005 (Figura 3). Los países latinoamericanos con la tasa más alta de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 (más de 100 muertes por millón de personas) en 2020 fueron Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Paraguay. Del total de muertes prematuras atribuibles a PM2.5 en 2020, el 19.1 % se debió al transporte, el 12.3 % al hogar, el 11.6 % a la industria y el 11 % a la agricultura. Estos sectores también son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina, y las medidas de mitigación del cambio climático centradas en la salud tienen el potencial de reducir su contribución a la mortalidad relacionada con la contaminación del aire. Por lo tanto, tener en cuenta la posible obtención de estos beneficios secundarios para la salud mediante la acción climática es crucial para planificar una respuesta al cambio climático que ofrezca un futuro próspero a las poblaciones locales.
Entre 2001 y 2022, América Latina experimentó una preocupante disminución de la cobertura arbórea. Los principales culpables de esta disminución son la deforestación impulsada por las materias primas y el cambio de la cobertura arbórea al uso de la tierra para fines agrícolas, que en conjunto representan alrededor del 80 % de la pérdida total (Figura 3). Los países con mayor pérdida de superficie terrestre fueron Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Colombia. Se observó una mayor pérdida de cobertura arbórea durante esos años, incluso en los cinco principales países: Brasil, Colombia, Perú, México y Honduras. Además, si bien los incendios forestales han provocado una pérdida temporal de la cobertura arbórea, la distinción entre incendios naturales y antropogénicos sigue siendo difícil, al igual que el alcance de sus impactos en la pérdida permanente de la cobertura arbórea. La agricultura migratoria, que representa tanto la pérdida temporal como la deforestación permanente debido a la agricultura de pequeña y mediana escala, complica aún más el panorama de la reducción de la cobertura arbórea.
En 2020, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay tuvieron mayores emisiones de CO2e per cápita basadas en la producción de carne de vaca y búfalo, en comparación con las emisiones basadas en el consumo, lo que refleja el impacto ambiental local de los productos que se consumen en otros países. Mientras tanto, en Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela estas emisiones fueron mayores para el consumo, lo que refleja la importación neta de productos alimenticios intensivos en carbono (Figura 4).
De estas muertes, el 19.7 % se atribuyó al alto consumo de cereales refinados, el 18 % al alto consumo de carnes rojas y procesadas y productos lácteos, el 14.4 % al bajo consumo de verduras y el 13.8 % al bajo consumo de cereales integrales. En Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, El Salvador y Venezuela, una mayor proporción de muertes se atribuyó al bajo consumo de productos alimenticios de origen vegetal, mientras que en Argentina, Chile, México y Paraguay una mayor proporción de muertes se atribuyó al alto consumo de productos alimenticios de origen animal y procesados. En general, la mayoría de las muertes atribuibles están relacionadas con el bajo consumo de cereales integrales y verduras, especialmente en Venezuela, Nicaragua, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, y el alto consumo de azúcar.
La Agencia Internacional de Energía estimó que el factor de capacidad hidroeléctrica promedio de América Latina de 2020 a 2059 probablemente disminuirá alrededor de un 8 % en promedio, en comparación con el periodo 1970-2000. Esta disminución sería de alrededor del 7.5 % en el escenario por debajo de 2 °C (basado en la Trayectoria de Concentración Representativa –RCP– 2.6) y del 9.6 % en el escenario por encima de 4 °C (basado en la RCP8.5). Curiosamente, México, Costa Rica, Panamá y Guatemala en América Central, y Argentina y Chile en América del Sur, verían una disminución en esta capacidad debido a una disminución en la precipitación y la escorrentía medias. Por el contrario, la región andina, Colombia, Ecuador y Perú verían un aumento muy leve en esta capacidad con el aumento del volumen de precipitación y escorrentía.
En 2020, los costos monetizados totales de la mortalidad prematura por contaminación del aire en México y Sudamérica fueron equivalentes al ingreso promedio de 6.6 millones de personas en la región. Chile, Perú y México registraron las mayores pérdidas, equivalentes al 1.63 %, 0.91 % y 0.83 % de su PIB (o el ingreso promedio equivalente de 1,600, 900 y 800 mil personas, respectivamente). Sin embargo, además de estos efectos directos, la contaminación del aire también tiene efectos económicos indirectos que deben considerarse, incluidos los relacionados con los costos de atención médica por una mayor morbilidad y una reducción de la capacidad laboral por enfermedades. En este sentido, estas estimaciones pueden subestimar el impacto de la contaminación del aire en la salud de las personas.
En 2022, Costa Rica, Chile, Bolivia, México y Argentina fueron los 5 principales países con más puestos por cada 100,000 habitantes. Los países con la tasa más baja de puestos por cada 100,000 habitantes fueron Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En cuanto a las interacciones, Costa Rica, Chile, Brasil, México y Bolivia se encuentran ahora entre los cinco primeros, mientras que Honduras, Panamá y Venezuela tienen las tasas más bajas de interacción por cada 100,000 habitantes.
En general, los gobiernos latinoamericanos reconocen cada vez más los temas de salud, cambio climático y su intersección. Sin embargo, aunque 16 de los 17 países latinoamericanos mencionaron la salud en el UNGD, solo cuatro mencionaron la intersección entre salud y cambio climático en 2022: Costa Rica, Guatemala, México y Venezuela. Esto representa una marcada disminución en comparación con 2021, donde 10 de los 17 países mencionaron esta intersección.
*Antonio Sarmiento es investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, campus Chamilpa, y Luis Tamayo es profesor del posgrado en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Bibliografía
IEA (Agencia Internacional de Energía) (2024), Energy Technology Perspectives 2024: https://iea.blob.core.windows.net/assets/e1ac7be8-e6be-49aa-a7ac-ec3d10e84000/EnergyTechnologyPerspectives2024.pdf
[1] https://iea.blob.core.windows.net/assets/e1ac7be8-e6be-49aa-a7ac-ec3d10e84000/EnergyTechnologyPerspectives2024.pdf
[2] Cfr. El Annual Update de la Air Quality Life Index de la Universidad de Chicago (Agosto de 2024): https://aqli.epic.uchicago.edu/reports/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=research&mc_cid=d1d2733d9b&mc_eid=12e4d93f93
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “ECOSOFÍA”, LA COLUMNA DE LUIS TAMAYO PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/luis-tamayo-perez-ecosofia
