Tanto la denominada “Guerra contra el narco”, de Felipe Calderón Hinojosa en su periodo gubernamental (2006 – 2012), como la estrategia de “Abrazos y no balazos” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018 -2024) han sido soberanos fracasos para combatir el crimen organizado.
Guerra y abrazos
La estrategia calderonista fue una especie de “patear el avispero” y en lugar de que el Estado controlara a los delincuentes, estos se alistaron para enfrentar la guerra declarada por el gobierno.
Formaron brazos armados, se diversificaron hasta sumar centenas de cárteles y asociaciones delictivas y respondieron con violencia y balas, amén de involucrarse en otros delitos además de la producción y trasiego de droga, como la extorsión, la trata de personas, el secuestro o el robo de combustible.
La violencia subió de tono; los enfrentamientos armados se incrementaron y los “daños colaterales” aumentaron exponencialmente.
Con López Obrador se canceló la guerra y la participación de las fuerzas armadas para tratar de frenar a los delincuentes y el Estado fue permisivo con los grupos delincuenciales, al grado tal de permitir que se multiplicaran, que incursionaran en otros delitos hasta llegar a lo que siempre temimos: colocarse en las esferas del poder público.
Ambas políticas estatales avivaron la presencia delincuencial en el país hasta llegar a condiciones tan graves como la recién aplicada acción “enjambre” que se encaminó a detener a funcionarios públicos del Estado de México involucrados con el crimen organizado.
Una situación semejante sucede en otras entidades como Michoacán, Morelos, Tabasco o Veracruz, que constatan que los delincuentes han llegado al poder sin que nada ni nadie se los impida aún.
Hoy en México es claro que existen territorios de ingobernabilidad controlados por los criminales y que estos se mueven por el país (hasta ahora) sin cortapisa alguna.
El peligro acecha
Esta condición muy probablemente avance un escaño más. Cierto es que la actual administración federal presidida por Claudia Sheinbaum Pardo, ha enviado señales que debemos tomar en cuenta, como la nunca mención, desde que asumió el cargo presidencial, de la política de “abrazos y no balazos” como tampoco ha hecho referencia a emprender una guerra o algo parecido en contra de estas organizaciones.
También se han realizado algunas acciones que han terminado en la detención de delincuentes notorios, en la incautación de droga o en el abatimiento de integrantes de las organizaciones violentas.
Sin embargo, hay dos elementos que preocupan profundamente.
Uno es la elección de jueces y magistrados, que en su primera parte sucederá a mediados de este año, gracias a que a Morena se le ocurrió que acabar con la corrupción en el Poder Judicial se podía hacer a través de la elección de sus integrantes.
Por eso, junto con sus aliados, reformó la Constitución y ahora la justicia será impartida por jueces que serán electos a través de una tómbola.
¿Quién nos dice que la delincuencia organizada no tendrá sus candidatos a estos puestos, que los financiará y que una vez que ganen el cargo, respondan a sus intereses?
La justicia está en peligro con esta reforma.
El otro problema es que los casos de corrupción y de presuntos vínculos de funcionarios del gobierno federal no se han investigado y mucho menos, se han sancionado.
Fraudes como el de Segalmex se han “dejado pasar” o los presumibles vínculos del gobernador de Tamaulipas y del exgobernador de Morelos con el narcotráfico se han escondido.
Señales
México está en riesgo por estas condiciones, pero sobre todo porque no se demuestra que en serio se quiere acabar con la violencia y la corrupción.
Las señales nos hacen temer que el deterioro de la paz, la seguridad y la justicia en el país se profundizará en lugar de avanzar hacia una solución pues en el horizonte aún no se percibe una clara política de Estado enfocada a acabar con este gran mal que tanto daño ha hecho a los mexicanos en los últimos 50 años.
Juan José Arreola de Dios
Periodista / Comunicación Política
Twitter (X): @juanjosearreola
